Hecha la obra, desatada la polémica
Acueductos: debate sobre cómo y quién debe fijar el precio del agua
- El ministro de Infraestructura, José Garibay, había dicho que la provincia bajaría un valor cerrado y único para todo el territorio. Pero los municipios reclaman poder intervenir para incorporar los costos de distribución. Un proyecto en la Legislatura propone un marco regulatorio.
En diciembre pasado, las autoridades provinciales asistían a la puesta en marcha de la planta potabilizadora de Desvío Arijón, que sigue funcionando a prueba. A fin de año comenzará a distribuirse el agua potable. Foto: Mauricio Garín - Archivo El Litoral
Ivana Fux
La finalización en el corto plazo de la obra del acueducto de Desvío Arijón incorpora en la agenda una nueva discusión: quién y cómo fijará y determinará el costo del agua y las tarifas. El debate, en rigor, trasciende a la obra mencionada y se extiende a todo el sistema de acueductos de la provincia, que prevé llegar a 140 localidades.
Como anticipara a El Litoral el ministro de Infraestructura, José Garibay, la pretensión es replicar el esquema que ya se utiliza en el acueducto del Centro-Oeste, cuya toma de agua se ubica en Monje. Ello implica que Assa, que operará los acueductos construidos y a construir, “vende” como mayorista el agua potabilizada a los proveedores (comunas, municipios o cooperativas) a un único precio establecido por metro cúbico, que no puede ser modificado con adicionales por los municipios y comunas. Ése es uno de los aspectos que genera controversia: la unilateralidad con la que se determina dicho costo, y las dudas sobre el criterio de justicia con el que se aplica. Por las objeciones mencionadas -y otras-, el sistema ha encontrado en la práctica obstáculos no menores, ya que la mayoría de las comunas y municipios servidas por el acueducto Centro-Oeste no pagan a Assa los metros cúbicos de agua que compran para sus localidades (ver aparte).
Regulación
La discusión llegará esta semana a la Legislatura, a partir de un proyecto de ley que presentará el diputado Fabián Palo Oliver. El legislador propone establecer un mecanismo que regule la fijación del precio del “agua en bloque”, que es la producida por los acueductos.
En diálogo con El Litoral, consideró que no se puede pretender cobrar el mismo precio del agua en las quince ciudades servidas por Assa, que en aquellas que dependen de los acueductos.
“En el caso de los acueductos -recordó-, la provincia invierte en la obra y una vez finalizada, le transfiere a los municipios y comunas el mantenimiento de la infraestructura. Pero ese mantenimiento, que tiene un costo, no está contemplado en el precio que los prestadores le cobrarán a los usuarios”, advirtió el legislador.
Con valores
A modo de ejemplo, contó que en febrero de 2015, cuando todavía era intendente de Santo Tomé, recibió un borrador de convenio del por entonces Ministerio de Aguas, donde se establecía que el precio del metro cúbico del agua producida por el acueducto sería de 2,63 pesos. “Ese precio -alertó Palo Oliver- duplicaba el costo que en ese momento nos demandaba potabilizar el agua de perforación; ese proceso nos costaba 1,63 pesos mientras que la provincia proponía 2,63, siendo éste un precio subsidiado, porque en realidad, el costo era de 5,59 pesos”.
“La fijación de ese precio no está sujeto a ningún control -alertó en primer lugar el diputado-, pero además, no se puede cobrar el agua al precio que establece Assa porque el municipio tiene un costo por la distribución, ya que no sólo nos hacen responsables del mantenimiento de las cisternas, sino de la distribución a través de la red domiciliaria”, insistió.
En función de ello, dijo que su pretensión con el proyecto de ley es lograr que el precio del agua en bloque “sea justo”, de manera tal que los municipios puedan incluir dentro del costo final para el usuario, el costo del mantenimiento del sistema. “No compartimos lo de Garibay respecto de que los municipios no puedan variar el costo; a Garibay hay que preguntarle quién se hará cargo del costo de distribución que en Santo Tomé (por ejemplo) implica red y personal para prestar el servicio. No puede ser una tarifa cerrada bajada por la empresa o el Ministerio”, reiteró.
El diputado volvió a disentir con los dichos de Garibay publicados por El Litoral la semana pasada, y dijo que “es imposible” que el costo del agua sea el mismo en toda la provincia. “Es imposible, porque el prestador no es el mismo”, aseveró. “Lo que está claro -dijo- es que no puede Assa y el Ministerio fijar unilateralmente el precio del metro cúbico; tiene que haber un organismo de control, con dictámenes vinculantes y audiencias públicas impulsadas por los prestadores antes de fijar la tarifa final, porque tiene que atenderse el costo de la distribución”.
El proyecto
Según el proyecto, quien deberá fijar el precio del metro cúbico del agua producida a través del sistema de acueductos será el Estado provincial, a través de Assa. Ello deberá ser “sobre la base de los costos operativos verificables a los que se les adicionará una proporción destinada a enfrentar el desgaste de la infraestructura y reinversiones para mejorar y ampliar el sistema”.
Dichos valores deberán ser revisados por el Enress, quien en treinta días deberá emitir “un dictamen vinculante, fundado sobre la razonabilidad del precio determinado”. Si el dictamen es favorable, Assa lo comunicará al prestador (comuna, municipio, cooperativa); de lo contrario, la empresa deberá “recalcular los valores y proponer otro precio” que se someterá a un nuevo dictamen.
El proyecto prevé redeterminaciones cuatrimestrales de costos y fijación de precio del metro cúbico para mitigar el efecto inflacionario, que también deberán ser evaluadas por el ente de control. En la reglamentación, el Poder Ejecutivo podrá establecer la fórmula polinómica que aplicará la empresa para dicha redeterminación. Esos componentes deberán ser “verificables en el proceso de captación y distribución”.
La iniciativa establece sanciones para los prestadores que no pagan, y dispone que ante la falta de pago de dos facturas consecutivas o tres alternadas, la provincia podrá retenerles fondos de la coparticipación.
En los fundamentos, el legislador sostiene que su proyecto aspira a establecer pautas para fijar el precio del agua en bloque de manera tal que se “garantice cubrir los costos de captación y distribución, y evite a los prestadores costos excesivos, que recaerán sobre los us uarios del servicio”.
Prestadores que no pagan
- Según Fabián Palo Oliver y de acuerdo con lo afirmado por otras fuentes de Assa consultadas por El Litoral, la “mayoría” de las comunas y municipios que reciben agua del acueducto Centro-Oeste “no pagan o están pagando judicialmente” el agua que consumen.
“Todas entienden que el costo del metro cúbico que se está cobrando es excesivo -dijo el legislador. El Ministerio podrá decir que es agua de mejor calidad, y tiene razón; lo que está claro es que son costos por encima de los que actualmente tienen los prestadores por fuera de Assa y hay una parte que alguien la tiene que cubrir, que es la distribución. De lo contrario -chicaneó-, que la provincia se haga cargo de todo el sistema de red y discutiremos en qué condiciones, porque la red es de los municipios y comunas. Se les puede transferir y que ellos se hagan cargo de toda la distribución y mantenimiento. Lo que no se puede exigir es que las comunas, municipios y cooperativas sigan estando a cargo de todo lo que es el mantenimiento de red y que no puedan adicionar el costo si es necesario hacerlo”, se quejó.
Fabián Palo Oliver, diputado provincial
Foto: Archivo El Litoral
En cifras
2,63
pesos
es el precio por metro cúbico de agua en bloque que se sugería a Santo Tomé en febrero de 2015. Ése era un precio subsidiado; el real era de 5,59. La diferencia entre un valor y otro la recibía Assa de Rentas Generales. En ese momento, el costo de potabilización por perforación en esa misma ciudad era de 1,63 pesos por metro cúbico.
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