En Villa María Selva

Conflicto entre la Municipalidad y vecinos por la ocupación de terrenos ferroviarios

• A partir de la construcción y el cerramiento de fondos de viviendas sobre espacios públicos, el municipio los intimó para que desalojen el sector. Hay una acción de amparo planteada en la Justicia. El representante legal de los vecinos afirma que muchos tienen permiso para el uso o compraron los lotes.

De la Redacción de El Litoral

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Desde la avenida General Paz hacia el oeste, entre Pedro de Vega y Gorostiaga, las construcciones se extienden -cómodamente- sobre el terreno ferroviario, hasta muy cerca de la traza de la ciclovía. Se ven jardines, tapiales recién hechos y otros que llevan varios años, tejidos que contienen perros bravos y permiten el estiramiento de los fondos, de numerosas casas de clase media. También hay habitaciones, varios garajes, un taller mecánico y un quincho, con pileta.

Pero a partir de la intimación de la Municipalidad, todas y cada una de las edificaciones irregulares deberán desaparecer y dejar el espacio que existe entre la bicisenda y la línea de edificación, para el uso público. A menos que la Justicia diga lo contrario.

La ocupación de terrenos ferroviarios es una constante en varios barrios de la ciudad, y la consecuente política de desalojo que viene aplicando el municipio genera hasta reclamos en la Justicia. Tal es el caso de lo que está ocurriendo actualmente con 42 vecinos de Villa María Selva, representados por el abogado Aldo Regali.

“Nosotros nos hicimos cargo de esos espacios porque eran un basural, había ratas del tamaño de un conejo, era tierra de nadie. La Municipalidad ahora viene a reclamar, pero cuando les pedíamos que limpien nos decían que eran lugares del ferrocarril”, disparó una de las vecinas que cerró el fondo de su casa con tejido.

Otra de las vecinas señaló que en ese tramo, la mayoría de los avances sobre los terrenos se dieron durante la inundación de 2007. “Acá vino un hombre a preguntar adónde podían ubicar a familias de barrio San Lorenzo, aseguró que lo habían mandado de la Municipalidad. Entonces, para evitar que los intrusen, nosotros cerramos”, afirmó la mujer.

La reiteración de hechos de inseguridad es otra de las razones por la que algunos vecinos cerraron los fondos que dan a la ciclovía. “Hay un matrimonio mayor, a quienes les dijeron que si no sacaban el tejido, la Municipalidad les iba a cobrar 50 mil pesos de multa. Los sacaron, la casa quedó a la intemperie y a los dos días lo desvalijaron”, comentó otra vecina.

A la espera de un acuerdo

El abogado de los 42 vecinos en conflicto con el municipio, Aldo Regali, señaló que la causa se encuentra en un cuarto intermedio, a la espera de una propuesta de arreglo por parte de la Municipalidad. Se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 11.

“Se planteó una acción de amparo y hace 15 días tuvimos una audiencia de mediación. Aguardamos una nueva convocatoria, mientras tanto, las partes no pueden tocar nada”, explicó el abogado.

Respecto de sus defendidos, Regali reiteró que “las situaciones son diferentes, pero la mayoría tiene derechos sobre esos terrenos”.

“Queremos recuperarlos para el uso público”

Para el secretario general de la Municipalidad, Carlos Pereira, no hay lugar a discusión, ni planteo judicial que prospere en la materia. En diálogo con El Litoral afirmó que los terrenos están siendo ocupados de manera ilegal y que por lo tanto, tal como ocurrió en otros sectores, deben ser desalojados.

“Queremos recuperarlos para el uso público y por eso avanzamos con obras”, indicó el funcionario haciendo referencia a la ciclovía y la iluminación del tramo, hasta barrio Escalante.

Otros de los sectores en donde se plantearon conflictos similares -algunos subsisten hasta hoy- es la traza por donde circula el tren urbano, desde Pedro Vittori hacia el norte. Claro que, como el servicio no se presta de forma constante, los plazos son otros.

“En algunos casos construyeron comercios, como en Facundo Zuviría y E. Zeballos, pero fueron demolidos. Hay gente que vive sobre esos terrenos, expandió su casa, hay habitaciones y jardines”, comentó Pereira y agregó que es más común “en zonas de clase media donde estiraron patios o hicieron garajes”.

Pero Pereira también hizo hincapié en la voluntad de la Municipalidad de llegar a un acuerdo, antes de proceder por otros medios. “Tenemos intimados el 100 % de las usurpaciones sobre vías y vamos actuando conforme a la realidad, tratando de ponernos de acuerdo con los vecinos”, afirmó y desestimó los posibles resultados de aquellos que recurren a la Justicia: “En todos los casos la Justicia nos dio la razón. No tienen un solo papel que permita la ocupación de los terrenos ferroviarios. Y Nación siempre nos dio autorización, a través de lo que era el Onabe o Adif, para actuar en defensa de los bienes que son de dominio público”, dijo Pereira. Finalmente el secretario general aclaró que la Municipalidad tiene potestad para intervenir en los casos, ya que son edificaciones que no fueron declaradas debidamente.