Se estudian reformas a 40 artículos del Código Procesal Penal

Luis Rodrigo

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“Vamos a enviar a la Legislatura un proyecto de ley para encargarnos precisamente de eso. Creo que tenemos que echarlos de una buena patada a esos fiscales que los fines de semana se van de los lugares donde tienen sus despachos”, dijo ayer el ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, a los senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El anuncio contó con el visto bueno del fiscal general, Julio De Olazábal, quien antes había explicado que había dado instrucciones para que ese tipo de situaciones no se repitan, pero confesó que sus indicaciones -en algunos casos- no surtieron el debido efecto.

Silberstein expuso el problema de un modo más crudo. “Los que ahora son fiscales, cuando eran candidatos y ustedes (los legisladores) tenían en sus manos la aprobación de sus pliegos, seguramente les preguntaron: ‘Ud. va a ser fiscal en Rafaela, ¿va a ir a vivir allí?’ y sin dudas les respondieron que sí, se lo juraron, les dijeron que se iban a mudar con toda la familia... pero la realidad es que sus hogares siguen en Santa Fe, y van y vienen con el auto. Y los viernes, bien temprano, desaparecen”.

Los senadores quedaron sin palabras. El ministro de Justicia les había dicho más que lo que iban a reprocharle al jefe de los fiscales: “tenemos que echarlos a patadas”, dijo Silberstein cuando se repasó este tipo de situaciones con los fiscales, cuya actuación para el avance del proceso penal es clave.

Todos al sistema oral

La reunión en Constitucionales dejó mucha tela para cortar. Se extendió por unas dos horas y -si bien estaba programada con anterioridad- reflejó el difícil estado de ánimo frente a la inseguridad, que por estos días mostró la masiva protesta de Rosario.

Del encuentro se desprende que -además del proyecto para evitar a los fiscales sin arraigo- se preparan más iniciativas. Una va a significar un cambio rotundo: se trata de la liquidación final del viejo sistema escrito, que aún cuenta con unos 40 fiscales en toda la provincia.

Los senadores, el ministro y el fiscal general opinan que en su mayoría tienen una agenda de trabajo bastante menos exigente que sus pares del sistema oral. Y la idea de Silberstein es que pasen, con todas sus causas a cuestas, al nuevo sistema.

La iniciativa requiere estudio y en el Senado ya se habla de buscar un procedimiento por etapas, o que contemple las situaciones irresolubles para los distintos casos que quedaron en el viejo sistema escrito e inquisitivo.

Desde abril

Cumple cinco meses en la Legislatura -distribuido en ambas Cámaras- un paquete de reformas del gobernador Miguel Lifschitz al Código de Procedimiento Penal, que en pocas palabras constituyen el grueso de las demandas en favor de dotar a jueces, fiscales y policías de una legislación para una política criminal más dura.

En pocas palabras: más facilidades para dictar la prisión preventiva; menos chances de permitir la excarcelación; duras exigencias para otorgar las salidas transitorias a los presos bajo condena; más plazos para la detención de los sospechosos; menos requisitos formales para viabilizar los allanamientos, a fin de facilitar la investigación, entre otras.

El paquete de normas puede hacer que Santa Fe sea pionera si los jueces -además de penar con cárcel- puedan hacerlo con el decomiso como acción punitiva. Se podrá dictar la confiscación de bienes producto del delito y también aquello que es adquirido como fruto del delito, aún sin condena si el delincuente se ha profugado.

Del mismo modo, se destaca la idea de ser más cuidadosos con los juicios abreviados (de escasas penas, como en el caso de Los Monos, en Rosario).

Cuando traten de delitos con penas de ocho o más años, los fiscales necesitarán “la conformidad” de sus superiores, el fiscal regional, y hasta el fiscal general.

En agenda

Al presentar ese paquete de leyes, la Casa Gris sostuvo que se trata de normas de un “autor colectivo”. El titular del Poder Ejecutivo dijo entonces que “ninguno de los proyectos son el producto de una idea propia. Hay en ellos meses de trabajo, de conversaciones, de reuniones de un diálogo interpoderes y más allá con todos los actores del sistema judicial santafesino”, dijo el gobernador Lifschitz.

Ahora, más que el diálogo interpoderes, es la protesta por la inseguridad la que apura las agendas de ambas Cámaras para avanzar con las reformas que implican cambiar nada menos que 40 artículos del Código.

Cabe recordar que -dos años atrás- el Senado votó reformas de este tipo (en rigor, menos prolijas respecto de los derechos de los ciudadanos) que luego no prosperaron en Diputados. Ahora es el oficialismo el que impulsa la reforma para tener resultados frente a la inseguridad.

Media sanción para crear 61 cargos en Acusación

• El Senado santafesino aprobó ayer un proyecto que crea las llamadas Unidades Fiscales Especiales, diez en total, luego de la visita del fiscal general, Julio de Olazábal y del ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein.

La iniciativa pasó a Diputados (donde el oficialismo tiene su propio proyecto en estudio) y dispone la creación de 61 cargos en total: 10 de fiscales, igual número de fiscales adjuntos, 3 de secretario de gestión administrativa y procesal (categoría contador Ministerio Público de Menores), 15 de escribientes mayores y 23 cargos de auxiliares.

Tal como había anunciado El Litoral de la víspera, el proyecto que nació en el bloque mayoritario del PJ fue respaldado por el oficialismo. Antes, el propio ministro del área había felicitado a los senadores opositores por intervenir de manera directa en la política criminal.

También para el titular del Ministerio Público de Acusación es positivo mejorar la pobre proporción de fiscales por cada cien mil habitantes, que hoy es de apenas algo más de 3, cuando en España y algunos países de Latinoamérica llegan a 8 y hasta 11.

En el recinto, con la Cámara constituida en comisión para evitar un nuevo paso por la de Presupuesto y Hacienda, se aprobó el despacho de Asuntos Constitucionales (que le había dado el visto bueno el jueves pasado). También durante la sesión, se dejó constancia para la versión taquigráfica que al texto propuesto por el senador Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) se agregaron como cofirmantes a sus pares Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) y Ricardo Kaufmann (PJ- Garay). Sus proyectos fueron comprendidos por el aprobado ayer: en el primer caso, Pirola procuraba crear fiscales dedicados a la violencia en el deporte; en el segundo para que cada departamento cuente con al menos un fiscal, tal como hoy le ocurre al territorio que representa el senador Kaufmann.