editorial

• Nación y Provincia buscan un acuerdo sobre cómo operarían las fuerzas federales en caso de desembarcar en territorio santafesino.

Decisiones clave en materia de inseguridad

Mientras el año pasado se registraron en la Argentina 6,6 asesinatos cada 100.000 habitantes, en la provincia de Santa Fe la tasa llegó a 12,2 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, seguida por Formosa (9,5/100.000), Mendoza (7,5/100.000) y Río Negro y provincia de Buenos Aires (7,4/100.000).

Lejos de haber mejorado, en lo que va de 2016 el problema muestra signos de empeoramiento -especialmente en las dos principales ciudades-, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno para torcer esta situación. Frente a este escenario irrefutable, una vez más se planteó el debate sobre la necesidad de incrementar la presencia de fuerzas federales en el territorio provincial.

De todos modos, en esta oportunidad surgió un nuevo factor en las negociaciones: el gobierno nacional está convencido de que la Policía de Santa Fe es parte del problema y, por ese motivo, plantea la necesidad de que las fuerzas federales respondan a sus propios mandos en el terreno.

Esta situación pone al gobernador Miguel Lifschitz en una situación incómoda y lo obliga a hacer un delicado equilibrio entre distintos frentes.

Mientras la sociedad reclama vivir en paz, la Policía de la provincia pide confianza de parte del gobierno. La mayor injerencia de las fuerzas federales, seguramente repercutirá en el vínculo entre la Policía provincial y el poder político.

Pero eso no es todo. Además, es probable que la oposición se vea tentada a utilizar este escenario para criticar al gobierno santafesino, aduciendo que no fue capaz de enfrentar el problema sin el auxilio nacional. Y Miguel Lifschitz lo sabe.

Los márgenes para la toma de decisiones son estrechos. Mientras los contactos en los máximos niveles políticos se suceden, el número de homicidios en Santa Fe y Rosario no deja de crecer. Frente a estas circunstancias apremiantes, se requiere del mayor compromiso de parte de los principales actores.

El gobierno nacional deberá asumir que es responsabilidad federal enfrentar al narcotráfico y el delito organizado. Cualquier intento de Cambiemos u otro sector político de obtener algún rédito político-electoral de la situación, sólo representaría un síntoma de bajeza moral.

Asimismo, el gobierno de Santa Fe tendrá que aceptar que todos los esfuerzos realizados de su parte para reducir los índices de inseguridad han fracasado.

Lo más probable es que en las próximas horas se anuncie un acuerdo entre Santa Fe y la Nación. Seguramente, ambas partes cuidarán las formas e intentarán disimular sus diferencias. Está bien que así sea.

Si bien puede representar un costo político para el gobierno provincial, quizá lo mejor sea que las fuerzas federales y el Ministerio de Seguridad de la Nación tengan mayor injerencia en la lucha contra la delincuencia en el territorio santafesino. No sólo porque el narcotráfico es un delito federal sino, además, porque necesariamente implicará un mayor compromiso para acabar con este flagelo.

Si así ocurriera, ya nadie podrá hacerse el distraído y buscar culpas ajenas.

Lo importante, en todo caso, es que la situación mejore y, para que este objetivo sea factible, será imprescindible que las partes aborden el tema con total honestidad y responsabilidad, y lleguen a un acuerdo de efectiva colaboración. Al ciudadano común no le interesa el color de los uniformes, ni los signos políticos. Lo que quiere, simplemente, es vivir en paz.

Al ciudadano común no le interesa el color de los uniformes, ni los signos políticos. Lo que quiere, simplemente, es vivir en paz.