editorial

• Un detenido escapó de la comisaría 26ª y cinco policías fueron pasados a retiro.

Fuga en una comisaría

En abril de este año, un grupo de detenidos de la seccional 20ª de la ciudad de Rosario protagonizó un motín que derivó en un principio de incendio por la quema de colchones. Los vecinos estaban aterrados. No sólo porque se escucharon disparos, sino porque esta comisaría se encuentra junto a una escuela y la revuelta se produjo cuando los chicos salían de clases. Al día siguiente, se dispuso el traslado de los amotinados a otras dependencias.

Mientras tanto, en las últimas horas el gobierno ordenó el pase a disponibilidad de cinco policías de la comisaría 26ª, ubicada en barrio Pompeya de la ciudad de Santa Fe, sospechados de haber facilitado la fuga de un detenido que se encontraba allí por una tentativa de robo calificado.

El hombre que logró escapar no se encontraba alojado en un calabozo. Simplemente, porque esta seccional carece de la infraestructura necesaria para garantizar niveles mínimos de seguridad. Fuera del sitio destinado a la guardia, las comisarías no suelen contar con mucho más que un baño, una cocina y una oficina. Resulta evidente que allí no pueden -y no deben- permanecer los detenidos.

Ambas situaciones demuestran que las detenciones en comisarías se tornan insostenibles. Frente a un estado general de inseguridad que tiende a agravarse con el paso de los años, las cárceles están superpobladas y esto obliga al Estado a alojar presos en dependencias policiales.

Las autoridades son conscientes de la gravedad de la situación. Por ese motivo, en estos momentos la provincia de Santa Fe invierte alrededor de 1.000 millones de pesos en alrededor de 30 edificios destinados al sistema de seguridad. El plan de obras incluye tanto la construcción de nuevos inmuebles como la refacción, recuperación y ampliación de otros establecimientos.

Entre los nuevos edificios aparecen unidades carcelarias que dependerán del Sistema Penitenciario y los denominados Módulos Transitorios de Detención, donde se alojarán los detenidos que no deberían estar más de 72 horas privados de su libertad.

Desde el Ministerio de Seguridad, aseguran que los Módulos Transitorios de Detención previstos para el departamento La Capital están prácticamente terminados, pero se aguarda la habilitación correspondiente para que puedan ser utilizados.

Es cierto que la burocracia estatal tiene sus tiempos. Sin embargo, se hace imprescindible que la nueva infraestructura comience a funcionar cuanto antes. Mientras esto no suceda, habrá más fugas y motines, menos policías en las calles y mayor desasosiego.

Pero éste no es el único problema que dejó al descubierto la situación de la comisaría 26ª: los policías suspendidos pasaron a engrosar una lista que, hasta el fin de semana, integraban 21 efectivos apartados de sus funciones en el departamento La Capital, por distintas causas.

Lo que sucede en la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia no es un caso excepcional. En toda la provincia, el gobierno contabiliza más de 600 policías pasados a disponibilidad, mientras se aguarda la decisión judicial para saber cuál será el destino de cada uno de ellos.

La cuestión es que, en algunos casos, hay policías que llevan más de una década aguardando certezas sobre su situación judicial. Se trata de casos investigados por el viejo sistema, caracterizado por demoras insostenibles que terminaban generando un verdadero estado de denegación de Justicia.