Reunión con jueces y fiscales

Bullrich prometió seis juzgados

La ministra de Seguridad y el gobernador Lifschitz mantuvieron un encuentro con los funcionarios federales de toda la provincia. Bullrich advirtió a los magistrados que se duplicará a mediano plazo una infraestructura judicial.

Germán de los Santos

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Corresponsalía Rosario

Poco después de las 9 de la mañana, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, acompañada de parte de su gabinete y junto al gobernador Miguel Lifschitz, entró al despacho del juez federal Carlos Vera Barros, donde esperaban los funcionarios de primera instancia del fuero federal de toda la provincia.

La reunión se extendió por más de una hora y el tema central de la charla fue cómo el Poder Judicial va a absorber y agilizar las causas que ya existen y que ingresen en materia de narcotráfico, con el desembarco de las fuerzas federales que se espera para fin de mes.

La ministra de Seguridad transmitió la propuesta que elabora su par de Justicia, Germán Garavano de crear seis nuevos juzgados federales en la provincia. Es una medida esperada en la provincia de Santa Fe, donde desde hace años se reclama por mayor presencia de la Justicia Federal. Pero esa nueva estructura llevará mucho tiempo. Se deben llamar a concursos y los pliegos, pasar también por el Congreso. El problema es la coyuntura, el corto plazo, esgrimieron los funcionarios judiciales.

Un ejemplo claro es lo que ocurrió con el juzgado federal de Rafaela, que fue creado por ley en agosto de 2006, pero recién fue inaugurado ocho años después. A mediados de 2010, se promulgó a través del decreto Nº 1.128 la conformación de un juzgado federal en Venado Tuerto, una fiscalía de primera instancia y una defensoría pública. No existe aún ni siquiera el edificio en el que funcionará el organismo judicial.

Carencias

Los jueces federales conversaron durante los días previos sobre los planteos que hoy le hicieron a la ministra. Enfocaron la reunión en la falta de infraestructura y personal del fuero federal, en el que en toda la provincia sólo hay unos 60 empleados.

Otro de los puntos que pusieron sobre la mesa los funcionarios judiciales fue la falta de tecnología que hay en los juzgados, con un software con el que no se resuelven problemas básicos y también computadoras que están colapsadas, y que, en el caso de Rosario, se resetean los fines de semana. También en lo relativo a las pericias. Gran parte de los estudios que se deben realizar en las causas tiene que ir a Buenos Aires, proceso que lleva mucho tiempo. En Rosario, desde hace más de una década hay un cromatógrafo, con el que se realizan peritajes, pero está averiado desde 2015. Hay promesas del Ministerio de Justicia de adquirir otro pero aún no hay novedades concretas.

Y un tema acuciante para los jueces en Rosario es que no hay un lugar apropiado para los detenidos. Cuando se apresa a una persona, y hasta que salga el procesamiento, queda en una especie de limbo, como no hay ninguna cárcel federal en la provincia.

Bullrich anunció la semana pasada, después de la primera reunión que mantuvo con Lifschitz en Rosario, que estaba previsto que se cree una delegación de la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar) en Rosario. Ese tema no lo maneja la ministra de Seguridad, sino la procuradora General de la Nación, Alejandra Gis Carbó. En el Ministerio Público, no son partidarios de crear un delegación de Procunar sino de dotar con un equipo de investigadores especializados a los fiscales federales, cuyas oficinas están colapsadas de causas. En 2015, se iniciaron más de 1.800 expedientes por estupefacientes en la provincia.

Cuello de botella

Uno de los cuellos de botella es el de las fiscalías, donde más allá del trabajo actual en nuevas investigaciones, no se han elevado a juicio las causas más importantes sobre narcotráfico que surgieron en los últimos cuatro años, por lo que las prisiones preventivas se tienen que prorrogar tras las quejas de las defensas.

Uno de los puntos del acuerdo de seguridad firmado entre el gobierno nacional y provincial prevé el traspaso de más de 300 causas sobre narcotráfico que la policía provincial viene investigando pasen a manos de las fuerzas federales.

Lifschitz reclama que se duplique la cantidad de juzgados federales para enfrentar la lucha contra el narcotráfico desde que asumió. Actualmente, hay cuatro juzgados nacionales actuando en todo el territorio provincial y, por el diagnóstico que realizan en la gestión del Frente Progresista, se requieren por lo menos unos 16 para darle celeridad a los expedientes. El argumento que plantean desde la provincia es que se remitieron durante este año a la Justicia Federal unas 800 causas por narcotráfico, pero no pueden avanzar con rapidez.

Puertos controlados

Durante el mediodía, Bullrich se trasladó hacia la ribera del Paraná, donde tenía previsto firmar un convenio con los puertos privados de Santa Fe para aceitar la coordinación y los controles sobre las cargas. La ministra de Seguridad había anunciado la rúbrica de este acuerdo el viernes pasado en la delegación local de la Gobernación, tras reunirse con Lifschitz.

Un día antes que se firme este acuerdo, desde Procunar, pidieron la detención e indagatoria del abogado Carlos Salvatore y el ex representante de futbolistas, Patricio Gorosito, acusados de ser los jefes de una de las mayores organizaciones de contrabando de cocaína conocida como Carbón Blanco. En esta investigación que estuvo dormida durante cinco años, se detectó el envío de 762 kg de cocaína camuflada en carbón vegetal, que salió del puerto Rosario en agosto de 2010 rumbo a Bilbao.

Esa operación se hizo desde la planta de la empresa Carbón Vegetal del Litoral SRL en Quitilipi, Chaco, y fue dos años después de que Salvatore y Gorosito enviaran a Bilbao 762 kilos de cocaína a través de la firma Agroforestal del Litoral SRL, ubicada en Stephenson 1714, en Villa Gobernador Gálvez, localidad vecina a Rosario.

El contenedor MAXU 6217946 fue cargado en un galpón precario ubicado frente a un descampado lindero a las vías del ferrocarril Nuevo Central Argentino. Fue embarcado en el puerto de Rosario en el barco MSC Sukaiyna, de bandera panameña, con destino a Las Palmas de Gran Canaria. Allí, se hizo un transbordo a un buque chipriota y finalmente arribó al puerto de Vizcaya el 22 de julio de 2010, donde la droga fue descubierta por el departamento de Narcotráfico del Servicio de Vigilancia Aduanero de España.