Edición del Jueves 22 de setiembre de 2016

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El Senado apura reformas al Código de Procedimiento Penal

Más prisión preventiva, menos excarcelaciones

Más poder a fiscales y jueces. El Senado tiene parte de las reformas planteadas por el gobernador Miguel Lifschitz y también sus propios proyectos.

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Esta mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales estudiaba proyectos propios, del Ejecutivo e ideas del ministerio Público de la Acusación para acordar su unificación. Foto: Mauricio Garín

 

Luis Rodrigo

politica@ellitoral.com

Desde hace más de cuatro años, el Senado santafesino procura que los jueces y sobre todo los fiscales -para acusar y juzgar a los delincuentes- tengan menos restricciones y bastante más poder.

Al cierre de esta edición, un paquete de reformas al Código de Procedimiento Penal tenía acuerdo para ser tratado esta tarde (“en un 90%”, según una estimación oficiosa).

A lo largo de estos últimos años, no han prosperado esas reformas en la Cámara de Diputados santafesina. La diferencia es que ahora, además del empuje que al tema le vuelven a dar los senadores, hay nuevos proyectos de ley de la Casa Gris.

El gobierno plantea lo mismo: más prisión preventiva y menos excarcelaciones para los acusados de delitos, aún aquellos sin condena. Más facilidades para acelerar los juicios por flagrancia y menos posibilidades de otorgar la libertad condicional mientras duran los procesos judiciales.

Los proyectos del gobernador Miguel Lifschitz fueron enviados a las dos Cámaras, luego de su anuncio a principios de abril (a cargo del ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, y su par de Gobierno, Pablo Farías).

Aquel paquete de ocho mensajes llegó un par de semanas después a la Legislatura y fueron parte del discurso del gobernador del 1º de mayo.

Desde entonces, hubo avances respecto de qué hacer sobre todo en el Senado, y las recientes movilizaciones por la inseguridad en Rosario precipitaron su tratamiento.

De Olazábal

Al Senado le toca “amalgamar proyectos propios, de actores del sistema penal y del Ejecutivo”, dijo a El Litoral alguien que sabe tomarle el pulso a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado donde se cocinan estas leyes.

Esta mañana -como desde hace varias semanas- se tomaron, para la unificación de los proyectos de ley, las reformas planteadas por los senadores Lisandro Enrico (UCR-General López), Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) y Eduardo Rosconi (PJ-Caseros), así como los mensajes de la Casa Gris.

Los tres más Emilio Jatón (PS-La Capital), Rodrigo Borla (UCR-San Justo), Orfilio Marcón (UCR-General Obligado), Alcides Calvo (PJ- Castellanos), Cristina Berra (PJ-San Martín) y el jefe del bloque del Justicialismo, Armando Traferrri (PJ-San Lorenzo), trabajaron esta mañana en algo más que un borrador. Al mediodía, el fiscal general Julio de Olazábal se sumó a la reunión.

Además de discusiones entre los legisladores de la Cámara Alta por inscribir sus nombres en las normas, su preocupación central es que Diputados las acepte. Ya hubo contactos de los senadores del peronismo -mayoría en esa Cámara- con el oficialismo en Diputados con los números necesarios para que la cuestión prospere.

No son cambios fáciles de digerir para varios diputados porque se trata -según su óptica- de avanzar con normas que pueden llegar a dañar derechos, pero la presión social en la calle respecto de la inseguridad (y la presión nacional por distintas vías) pueden convencer a los más desconfiados.

Decomiso se aprueba

De todas formas, Diputados dio la semana pasada media sanción a la llamada Ley de Decomiso, que permite disponer con más facilidades de los bienes incautados a los narcotraficantes, aún bajo proceso. Fue una muestra en favor de los cambios que este año planteó el gobernador Lifschitz (y que apoyó cuando era senador por Rosario). Al cierre de esta edición, el Senado iba a votar ese mensaje (que retiró de los artículos de la reforma en ciernes).

Cambios de fondo

“No son leyes que puedan dar una solución al problema del delito. Pero van a ser herramientas útiles para tener chances de enfrentarlo”, dijo Enrico. Se trata de que haya “mayor resguardo de la acción punitiva”, resumió Gramajo.

Las modificaciones propuestas al Código Procesal Penal buscan darles más facultades a los fiscales y establecer criterios más amplios para la prisión preventiva y los allanamientos. También se proponen cambios en el sistema de juicio abreviado, se determinan mayores plazos para las detenciones y las audiencias imputativas y un mayor resguardo para las víctimas al momento de hacer el reconocimiento del acusado.



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