editorial

• Ninguna de las Fiscalías Federales que funcionan en Santa Fe, Rafaela y Reconquista, cuenta con un fiscal titular.

Falencias en la Justicia Federal

La lucha contra el narcotráfico en Santa Fe sólo podrá alcanzar el éxito si la Justicia Federal cuenta con los recursos imprescindibles para investigar causas complejas. Sin embargo, la situación actual refleja una serie de carencias inocultables.

Las dos fiscalías federales que funcionan en la ciudad capital, están a cargo de un solo fiscal: Claudio Kishimoto. En estos momentos, tiene en sus manos un total de 1.800 causas -entre ambas fiscalías-, del cual el 80% está relacionado con el narcotráfico.

Kishimoto reemplaza en la Fiscalía 2 a Walter Rodríguez, quien en estos momentos se desempeña en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Nación. Y en la Fiscalía 1, ocupa el puesto que dejó vacante Griselda Tessio en enero de 2007. Dicho en otros términos, esa fiscalía no cuenta con un fiscal titular desde hace casi una década.

La situación no es mejor en Rafaela o Reconquista. Cuando Kishimoto llegó a Santa Fe, dejó vacante el cargo que ocupaba en la Fiscalía federal rafaelina. En su reemplazo, asumió como subrogante quien era su secretario, Federico Grimm. Esto significa que Rafaela tampoco cuenta con un fiscal federal titular.

En Reconquista, Roberto Salum dejó la Fiscalía federal para integrar la Unidad Fiscal Amia en febrero de 2015, luego de la muerte de Alberto Nisman. Lo reemplazó su subsecretaria, Viviana Bruno Campaña. Una vez más, no existe fiscal titular.

Gendarmes, prefectos y policías federales llegaron al fin a la provincia de Santa Fe para participar de manera activa en la lucha contra los delitos complejos. Especialmente, para hacer frente a bandas de narcotraficantes que no sólo asuelan los barrios de las grandes ciudades provocando derramamiento de sangre, sino que han montado intrincadas estructuras de corrupción y lavado de dinero sucio.

Alcanzar este acuerdo de colaboración entre el gobierno nacional y las autoridades de la provincia de Santa Fe no fue tarea sencilla. En el camino, existieron demasiadas chicanas y acusaciones cruzadas. Por todo esto -y porque la gravedad de la situación lo amerita-, el hecho de que al fin hayan alcanzado coincidencias básicas resulta alentador. Es, al menos, un punto de partida para una tarea que deberá prolongarse en el tiempo.

Hace apenas algunas semanas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró al gobernador Miguel Lifschitz que desde el Ministerio de Justicia de la Nación se trabaja en la creación de seis nuevos juzgados federales para la provincia de Santa Fe.

Atribuir todas las responsabilidades al actual gobierno sería injusto. Se trata de un reclamo de vieja data porque el problema se agrava con el paso del tiempo.

Sólo a modo de ejemplos, el Juzgado Federal de Rafaela, que fue creado por ley en agosto de 2006, recién fue inaugurado ocho años después. A mediados de 2010, se promulgó a través del decreto Nº 1.128 la conformación de un Juzgado Federal en Venado Tuerto, una Fiscalía de primera instancia y una Defensoría Pública. Hasta el momento, no existe siquiera el edificio en el que funcionará el organismo judicial. El último Juzgado Federal en Rosario se creó en 1979 y, desde esa época, nada cambió en las entrañas del Poder Judicial.

El anuncio de nuevos juzgados y fiscalías federales también es alentador. De todos modos, si de mejorar la situación se trata, la Nación debería avanzar, al menos, en los procesos de nombramientos para ocupar los lugares que hoy están vacantes.

Se trata de un enemigo demasiado poderoso como para subestimarlo. Las consecuencias de no haber actuado hasta ahora con la seriedad, firmeza y responsabilidad necesarias, están a la vista.

Las consecuencias de no haber actuado hasta ahora con la seriedad, firmeza y responsabilidad necesarias, están a la vista.