editorial

• El gobierno santafesino decidió participar activamente en la megacausa por los presuntos delitos de lavado de dinero y defraudación.

Con un rol protagónico

La decisión del gobernador, Miguel Lifschitz, de que la provincia intervenga como querellante en la llamada “megacausa” por presuntas maniobras fraudulentas y lavado de dinero fue mucho más que un mensaje para la convulsionada interna del Partido Socialista y una suerte de “cortafuego” ante el escándalo de los ex ministros de Justicia que intervienen como abogados. Fue la proyección a nivel judicial del protagonismo y la acción decidida que guió al Estado santafesino a lo largo de todo un proceso, que se extendió durante dos años.

La figura del querellante, tal como la recoge el Código Procesal Penal de Santa Fe que estableció el sistema acusatorio, consagra para la víctima de un delito de acción pública un rol activo, frente a la inactividad que le cabía en el sistema anterior. Esto significa la posibilidad de aportar pruebas, pedir medidas cautelares, asistir a las declaraciones de testigos -e incluso formular preguntas- y, en general, participar del proceso dentro de ciertos límites.

En este caso en particular, al presentarse como querellante, el Poder Ejecutivo santafesino tendrá una presencia en el proceso que, de lo contrario, quedaría reservada exclusivamente a los actores del Poder Judicial. La razón para asumir ese rol fue explicada por el mandatario santafesino en que “más allá de la gravedad de los hechos, se han afectado bienes jurídicos que son protegidos, que deben ser tutelados por la provincia y que son protegidos por las leyes”. Y que, en el caso particular del gobierno santafesino, la posibilidad de involucrarse activamente le permitirá “aportar elementos que puedan ser útiles para dilucidar lo más rápido posible estas causas y, por otro lado, también poder cumplir con nuestra responsabilidad”.

En rigor, la acción del Estado en sus distintos niveles es la que permitió llevar adelante un operativo de esta magnitud, que más allá de derivaciones subalternas y de la certificación de los presuntos delitos que vaya a producirse, convulsionó al mundo político y económico, y a la sociedad santafesina en general.

No es para menos, en cuanto a que la condición de los imputados y la naturaleza de las acciones que se les adjudican, encuadran en lo que tradicionalmente se ha dado en llamar el crimen “de guante blanco”, que no es el más frecuente en los estrados ni en los titulares, y que en el imaginario de ciertos sectores de opinión suele gozar de algún grado de protección de parte de las instituciones.

Por el contrario, aquí se desplegó una acción que requirió de mucho tiempo y particular sigilo, en la que unidades especiales de las fuerzas de seguridad santafesinas, de manera conjunta con la Justicia, contaron con la colaboración de agentes y distintos organismos federales, en un ejercicio de coordinación que logró sostenerse incluso con el punto de inflexión del cambio de gobierno. Esto es en sí mismo particularmente destacable y, en la medida en que el trámite judicial sea consistente, habrá supuesto un punto de inflexión.

Por lo demás, y al margen del cuestionado rol asumido por los ex funcionarios -que en su momento llevaron adelante las reformas procesales en las que ahora se apoya la Provincia para ser querellante-, vale recordar que el principio de inocencia rige para todos los sectores sociales, del mismo modo que la indeclinable obligación estatal de garantizar el debido proceso y el correlativo funcionamiento de los mecanismos de control contra las malas prácticas procesales o cualquier vicio susceptible de habilitar la impunidad.

Aquí se desplegó una acción que requirió de mucho tiempo y particular sigilo, en un ejercicio de coordinación que logró sostenerse incluso con el cambio de gobierno.