En Rosario

Megacausa: abren una investigación interna en el Registro de la Propiedad

Germán de los Santos

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Un día después de que el gobernador Miguel Lifschitz anunciara que la provincia se va a presentar como querellante en la megaestafa inmobiliaria y lavado de dinero que se investiga en Rosario, el gobierno decidió abrir un sumario preventivo en el Registro de la Propiedad de Rosario para determinar si hay funcionarios o empleados involucrados en las maniobras con documentos apócrifos que generaron 50 operaciones de compra-venta de inmuebles por un valor estimado en más de 80 millones de pesos.

A la par de las decisiones políticas que tomó el gobierno de Lifschitz, durante la mañana se reanudaron las audiencias contra los 11 detenidos en la causa, entre los que se encuentran escribanos, abogados, contadores, agentes de bolsa y personajes relacionados al narcotráfico. Es probable, según indicaron las fuentes judiciales, que hoy no se terminen las audiencias y que durante la tarde la jueza Mónica Lamperti determine un nuevo cuarto intermedio. Este capítulo de la causa es clave porque se determinará si los acusados seguirán detenidos, entre ellos Pablo Abdala.

En las primeras audiencias que se realizaron el viernes pasado se presentaron una serie de escuchas telefónicas en la que figura que los acusados Juan Roberto Aymo y el escribano Eduardo Martín Torres tienen un contacto en la mesa de entradas del Registro de la Propiedad de Rosario que les facilita los trámites.

“Esta chica (empleada del Registro de la Propiedad) me dijo que la escritura podría estar para el lunes. Ella no pide contribución ni nada, está solicitando un préstamo a devolver”, le dice el escribano Torres a Aymo, quien éste último era uno de los que adulteraba poderes para insertarlos en las escrituras del Registro de la Propiedad y así poder hacer las transacciones inmobiliarias a espaldas de los verdaderos dueños. “Ella está hablando con los amigos, con los contactos de adentro”, agrega Torres en la escucha que figura en el CD 42 de la causa.

Fuentes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) señalaron a El Litoral que en la investigación se van a profundizar los posibles lazos de complicidad dentro de este organismo público que garantizaba el blanqueo del dinero en algunos casos, con sospechas de provenir del narcotráfico a través de recurrentes compras y ventas de inmuebles.

Luego de que el gobierno tomara conocimiento de las escuchas que figuran en la causa, el gobernador pidió al subsecretario de Asuntos Registrales del gobierno provincial, Matías Figueroa, que abra un sumario interno para determinar posibles complicidades de funcionarios o empleados de este organismo público.

Damnificados

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, aseguró a El Litoral que el objetivo de que la provincia se constituya como querellante es porque “el Estado santafesino podría ser uno de los damnificados de esta maniobra supuestamente fraudulenta”. “Puede haber adulteraciones en los registros y en materia tributaria por operaciones en negro o subvaluadas”, apuntó el funcionario, quien agregó que si la provincia es aceptada como querellante “se va a poder acceder a información de manera directa”.

La magistrada al frente de la causa aún no definió si avalará el pedido de la provincia. Este trámite se debe cumplir en una audiencia que hasta el mediodía no estaba fijada aún. “Nos interesa que quede clara la voluntad de la provincia de llegar hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga”, aseguró Farías.

Funcionarios a salvo

Esta mañana, tras compartir con el gobernador Miguel Lifschitz la entrega de 34 camionetas 0 km para la Policía de la Unidad Regional I, Pablo Farías dijo que no hay sospechas sobre los funcionarios políticos que se desempeñaron o desempeñan al frente del Registro.

“Evidentemente, los Registros son lugares delicados porque se maneja información delicada y está a la vista que esa información trabajada ilícitamente o en el plano delictivo puede significar ganancias ilegales; por eso es un lugar sobre el que permanentemente hay que estar posando la mirada y el resultado de estas investigaciones ayuda a mejorar el servicio de estas reparticiones. Yo -dijo Farías- no tengo ninguna duda sobre los funcionarios que han actuado y han estado a cargo de los Registros. Estoy convencido de que de ellos no ha surgido ninguno de estos hechos; por eso habrá que ver sobre empleados u otras personas que trabajan allí en esas reparticiones. Pero sobre funcionarios, la verdad no he tenido ningún elemento que nos haga sospechar. Eso lo quiero dejar en claro”, sentenció.

El dato

Diciembre

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, reveló esta mañana que “ya en diciembre”, a pocos días de haber asumido la gestión del gobernador Miguel Lifschitz, el fiscal Sebastián Narvaja lo puso al tanto de la investigación. “En la primera reunión que tuve con el fiscal Narvaja hablamos de este tema y fue en diciembre, cuando el fiscal Narvaja me vino a hablar por dos temas puntuales que los hemos resuelto: uno era el violador serial de Rosario que ya está preso, y el otro tema fue el de estos delitos de cuello blanco. Nosotros por orden del gobernador pusimos a disposición todos los recursos técnicos necesarios para poder llevar adelante esta investigación. Y la verdad, creo que vamos a tener buenos resultados”, concluyó.