La audiencia duró más de 15 horas

Megaestafa: dictaron la prisión preventiva para ocho imputados

De la redacción de El Litoral

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Corresponsalía Rosario

La audiencia duró más de 15 horas en los tribunales y, al filo de la medianoche, los abogados y fiscales -rendidos por dar vueltas una y otra vez sobre sus argumentaciones- escucharon a la jueza Mónica Lamperti definir que ocho de los detenidos seguirán en prisión, mientras que Pablo Abdala y el escribano Luis Kurtzemann (hijo) cuyo abogado defensor es el ex ministro Juan Lewis quedaron en libertad tras pagar una fianza de 800.000 pesos.

La magistrada fijó la prisión preventiva hasta el 12 de diciembre de seis acusados: Juan Roberto Aymo, Maximiliano González de Gaetano, Leandro Pérez, Eduardo Martín Torres, Marcelo Basilio Jaef. Jonathan Zárate y Jorge Oneto, agente de bolsa que defiende el ex ministro de Justicia Héctor Superti, estarán detenidos durante 30 días.

La sala de audiencias Nº 2, donde estaba el “público”, muchos abogados de peso que colaboraban con sus colegas que estaban en la sala donde se desarrollaba el debate, estaba abarrotada. No alcanzaban las sillas y al momento de la declaración de los imputados no volaba ni una mosca. La pantalla gigante que colgaba del techo mostraba imágenes casi congeladas. Pero lo que importaba no era lo que se veía sino lo que decían los acusados que estaban frente a la jueza Lamperti.

El turno de Pablo Abdala fue uno de los que generó mayor atención. Retornó de Panamá el viernes pasado y quedó detenido hasta anoche, cuando la jueza avaló su pedido de quedar en libertad a cambio de pagar una fianza de 800.000 pesos. En su declaración, Abdala aseguró que es inocente y que siempre colaboró con la Justicia.

El fiscal Sebastián Narvaja lo definió dentro de la estructura de asociación ilícita como fronting, un término que ya desató algunas críticas por parte de otros defensores, como Superti.

El fiscal dijo que Abdala pertenecía a la red delictiva en la que actuó como comprador de un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia que luego introdujo en el mercado inmobiliario. Narvaja mencionó también que el directivo tenía un trato frecuente con otros imputados, como el contador Marcelo Jaef, el vendedor de autos Leandro Pérez y el sindicalista Maximiliano González de Gaetano.

Escuchas

El funcionario del Ministerio Público citó una serie de escuchas en las que aparece Abdala. En una puntualmente dice que en este caso es “testaferro”. La transacción inmobiliaria fraudulenta que realizan con ese campo que pertenecía a la familia Luppi es uno de los casos más importantes entre los siete reseñados por el fiscal. Ese terreno de 124 hectáreas que compraron en un principio a 3 millones de pesos terminó convertido en un polígono industrial por un valor de más de 20 millones de dólares, según el fiscal.

Abdala sostuvo que “hace unos años le presté un dinero a Jaef, una persona de bien, honesta. Pasó un tiempo y yo le pedí la devolución y ahí me invitó a participar del negocio de un campo. Yo tenía un porcentaje, por mi plata del préstamo. Envié gente para vea la factibilidad del campo. Mandé un dron también. Me dijeron que no estaba cercado, que tenía hectáreas inundables y no se podía hacer un loteo. Ahí dije que no sirve y que mejor venderlo. No participé de ninguna negociación ni de compra ni de venta. Es descabellado, yo no estoy en una asociación ilícita soy honesto e inocente”, dijo. “Hace cinco días que no duermo. Esto está destruyendo mi vida. Cuando supe de los allanamientos me puse a disposición, llamé a mi casa y a la oficina para decir dónde estaban las llaves de los armarios y la caja fuerte, les di la combinación”.

Fuentes de la fiscalía quedaron conformes con el resultado de las audiencias. Al fiscal le costó argumentar sobre una nueva figura que trajo al debate como es el concepto de redes en una asociación ilícita, en la que los integrantes pueden no conocerse. Incluso, le valió algunas chanzas cuando usó como ejemplo la organización terrorista Isis.

Recién empieza

Narvaja remarcó que la investigación recién comienza. Es atípico que en una audiencia imputativa se presente una investigación que lleva más de dos años. Para evitar que la pesquisa se filtrara la Fiscalía no pudo bucear en otras causas federales en la que están involucrados algunos de los imputados. Ni tampoco se pudo analizar aún todo el material probatorio secuestrado en los allanamientos de la semana pasada. En las últimas horas, se presentaron dos denuncias nuevas, una de ellas no tiene que ver con esta causa, pero sí aparece una mecánica parecida.

Un punto de la imputación que quedó en el aire fue el de lavado de dinero. Hasta ahora, hay pocos elementos en este aspecto, y es posible que lo relativo a posibles fondos del narcotráfico sean analizados en la Justicia federal.

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• El Dr. Héctor Superti, quien hoy defiende a uno de los imputados en la causa por lavado de activos en Rosario, además de haber sido ministro de Justicia durante la gestión de Hermes Binner, abogado de Antonio Bonfatti en la causa por los balazos contra su domicilio y asesor de la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia hasta la semana pasada, también es quien patrocinó a Miguel Lifschitz y Binner como autoridades partidarias del Socialismo en la causa iniciada por presuntos manejos irregulares de fondos en la campaña de 2007. En el marco de esa investigación, el año pasado se había solicitado el desafuero de ambos -de Binner como diputado nacional y de Lifschitz como senador provincial-. Los escritos para desestimar tal pedido llevan la firma de Héctor Superti.