Dialécticas de la megacausa
Juan Lewis y Héctor Superti.
Foto: Archivo El Litoral
Ivana Fux
Realidad que supera la ficción. El socialismo provincial difícilmente imaginó que a sólo horas de presentar el éxito de una investigación judicial contra delincuentes de cuello blanco se vería obligado a dar explicaciones y a surfear uno de sus momentos políticos más complejos.
En la sustanciación de la megacausa de Rosario con múltiples allanamientos y once detenidos -entre ellos, empresarios, sindicalistas y profesionales- colaboraron reparticiones públicas dependientes de los Ministerios de Economía y de Seguridad, que aportaron información clave durante los últimos dos años. El trabajo mereció, incluso, el agradecimiento del fiscal Sebastián Narvaja. Pero en paralelo, otros organismos del Estado aparecen en la mira por la presunta difusión de datos vitales para el fraude inmobiliario: el Registro de la Propiedad y el Servicio Provincial de Catastro. “Se han colonizado sectores completos de ambos organismos”, dijo esta semana el diputado Carlos del Frade, alertando que la matriz de la maniobra delictiva en Rosario es una réplica de la que se investiga desde hace años en esta capital.
En idéntico juego dialéctico, funcionarios que habían sido parte del mismo grupo político y de la misma gestión terminaron apareciendo en los extremos. Así, mientras el actual diputado Antonio Bonfatti celebraba la creación de los organismos públicos de investigación, su ex ministro de Justicia y asesor del bloque socialista en la Cámara Baja, Juan Lewis, aparecía en el equipo de abogados defensores de los imputados. Lo propio pasó con Héctor Superti, ex ministro de Justicia de Hermes Binner. Ninguno de los dos “avisó” a su empleador reciente sobre la decisión que habían tomado. Lewis no se reportó a Rubén Galassi, ni Superti a Bonfatti, de quien era colaborador. Una vez que los hechos habían trascendido, Galassi desvinculó a Lewis, y Bonfatti a Superti.
El episodio sigue desencajando los rostros de los principales referentes socialistas, y generando grietas internas para deslindar responsabilidades. “Fueron funcionarios de la gestión anterior”, dijo el gobernador Lifschitz.
Superti fue ministro de Justicia durante la primera gestión del socialismo y es el abogado de Bonfatti en la causa por el ataque a balazos contra su vivienda; también de Lifschitz y Binner, en la investigación por el presunto desvío de fondos de la campaña electoral de 2007. Y era, hasta que el escándalo cobró dimensiones públicas, asesor de la presidencia de Diputados. “Yo soy abogado antes que funcionario”, dijo Superti para justificar su decisión. “El Estado es más grande y más importante”, le retrucó el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien ya había cuestionado el hecho por la falta de ética política. Quizá, con el convencimiento de que no existen éticas diferenciales según se ejerza el rol de funcionario o de abogado, es que el también ex ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, decidió renunciar dos horas antes de la audiencia imputativa, a la defensa de otro de los imputados. Como también lo había hecho años atrás, cuando le ofrecieron la defensa de la empresa Litoral Gas, en la causa en la que se investiga la explosión del edificio Salta 2141 en la ciudad de Rosario.
