editorial

Reparos hacia la “paridad de género”

• No sólo hombres, sino también mujeres idóneas, podrían verse impedidos de integrar listas de candidatos, por el mero hecho de cumplir con una ecuación matemática.

Hay verdades incómodas, pero no por eso dejan de ser verdades. El mero hecho de plantear cualquier tipo de reparos a los proyectos de ley de “paridad de género” como el aprobado por la Legislatura bonaerense, o los que obtuvieron media sanción en el Congreso Nacional y en la Legislatura de Santa Fe implica exponerse en estos momentos a todo tipo de descalificaciones de quienes impulsan estas iniciativas y a la mirada esquiva de los que prefieren no opinar, porque no quieren meterse en problemas.

Es cierto que la sociedad tiene profundas raíces machistas. También es verdad que para las mujeres es más difícil acceder a cargos políticos a pesar de leyes como la del cupo femenino, sancionada en 1991 y que les garantiza un tercio de las candidaturas a cuerpos colegiados.

Sin embargo, no parece ser ésta la solución. En primer lugar, vale recordar que según el artículo 16 de la Constitución Nacional “la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

El proyecto aprobado en Santa Fe establece la presencia del 50% de varones y 50% de mujeres en las listas de candidatos para cuerpos colegiados. De esta manera, coloca la cuestión de género por encima de las capacidades que pudieran reflejar los postulantes. Dicho en otras palabras, no sólo hombres sino también mujeres idóneas, podrán quedar fuera de las listas, porque prevalecerá la obligación de cumplir con una determinada ecuación matemática.

La realidad de la Argentina demuestra con claridad que las mujeres capaces de ocupar un cargo no necesitan de ningún cupo o cláusula de paridad para acceder a los puestos de mayor responsabilidad institucional. Cristina Fernández fue elegida presidente de la Nación con el 54 % de los votos en 2011. Y María Eugenia Vidal logró derrotar al peronismo bonaerense para convertirse en gobernadora de la mano del voto popular.

Las normativas aprobadas en la Nación, en Santa Fe y en Buenos Aires no parecen tener en cuenta el derecho de los electores a reclamar que las listas sean integradas por los mejores candidatos. Se impone, en todo caso, el interés de quienes buscan acceder a los cargos electivos.

Es verdad que la sociedad está conformada prácticamente en partes iguales por hombres y mujeres, mientras que los cuerpos legislativos que dicen representarla no reflejan esta paridad.

Sin embargo, si de representación se trata, existen otros factores que tampoco se ven reflejados actualmente. Sólo a modo de ejemplo, la integración de los cuerpos colegiados no responde a cuestiones geográficas -el Concejo Municipal de Santa Fe no tiene un representante por cada barrio-, etarias -los más jóvenes o los ancianos difícilmente tienen representación-, etnias o religiones.

Cuesta entender que los mismos que reclaman igualdad de género sean, en algunos casos, quienes impulsan esta mirada sexista sobre la política.

Lo peor que podría suceder es que, como en tantas otras ocasiones, terminen por prevalecer las posturas superficiales y demagógicas. El tema merece ser discutido a fondo. Sin temores, sin presiones y de manera responsable.