Entrevista

“Lo que pasa en México no tiene nada que ver con lo que sucede en SantaFe”

Gabriel Rossini

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Carlos Cruz es mexicano y tiene 44 años. Cuando era más joven lideró una de las bandas más violentas de la ciudad de México hasta que un día, cansado de ver asesinados a sus amigos, abandonó esa vida llena de crueldad y en el año 2000 fundó Cauce Ciudadano, una organización social que se ha dado a la tarea de rescatar a chicos de las pandillas.

Desde hace tiempo, viene trabajando con el gobierno provincial para transferir las distintas metodologías que ayuden a rescatar a personas involucradas en hechos de violencia y a disminuir los actos violentos y los delitos que generan el mayor daño en las comunidades.

“Estamos compartiendo con la provincia estas metodologías para hacer un proceso de transferencia de saberes y ayudar a que la resolución de los conflictos en Santa Fe no sólo tenga que ver con la acción policial sino con la reconstrucción del tejido social, con ayudar a que los adolescentes puedan hacer realidad sus sueños, pero también ayudar a resolver ese viejo problema que hay entre los que se equivocaron y la negativa discriminadora que muchas veces tienen los pueblos en América Latina para con ellos”, expresó.

—De no darles una segunda oportunidad

—De no darles una segunda oportunidad, de pensar que todo está perdido. Y yo estoy aquí porque soy un botón de muestra de que se puede transformar, de que el desarrollo de habilidades para la vida es una herramienta, de que la interrupción de la violencia se puede dar y de que la mediación de los conflictos es una de las mejores maneras que tenemos para construir barrios pacíficos.

—¿Qué cosas observas entre la violencia juvenil de México y la Argentina, particularmente en Santa Fe?

—Podría ver una similitud con México en términos de temporalidad. Los jóvenes de Santa Fe tienen características similares a los de México de los años 1994 o 1995. No hay un consumo de sustancias ilegales en grandes cantidades, sino de pastillas que no son producidas sintéticamente sino que compran muchas veces de manera ilegal en las farmacias. Me preocupa muchísimo el consumo de alcohol, porque muchas veces resulta ser más violento que otras drogas ilegales. Veo una permisividad para obtener armas de manera bastante rápida, pero también a un sector juvenil con muchas posibilidades de rehacerse porque lo que encuentro aquí a diferencia de México es que aquí hay Estado. También hay que decir que lo que hoy le pasa a México en términos de violencia no tiene nada que ver con lo que está pasando en Santa Fe.

—Es impresionante, para hablar del último caso, al ver la facilidad con que matan de un tiro en la nuca a un juez caminando por la calle en Ciudad de México.

—Eso tiene que ver con que nosotros tenemos desde hace tiempo muchas personas que se dedican al sicariato. El verbo sicarear en muchas de nuestras comunidades se volvió común. Eso no lo veo aquí. Creo que la gente tiene que entender que no le podemos dar medicina radiactiva a una persona que tiene catarro. Hay que cuidar el catarro y cuidar el fenómeno de violencia que está sucediendo para que no se transforme en una metástasis cancerígena en todo el Estado, pero sí hay que decir que si empiezan a tirarle torpedos a una enfermedad que es un resfrío lo que pueden provocar es un incendio innecesario.

—Hay una cuestión que no sólo es local y tiene que ver con el progreso social. ¿Cómo hace un chico que no ha nacido social y económicamente favorecido para progresar viendo que otro lo hace rápidamente con actividades vinculadas al delito?

—Habría que hablarle directamente a los chicos de que la vida es mucho más larga que vivir 5 ó 6 años. Yo soy un veterano a los 44 años porque llegar a esta edad en las condiciones de vida que tuve, es difícil. Muchos de mis compañeros no llegaron porque fueron asesinados en el camino. Y ésa no es una ruta de escape, más bien no hay ningún escape en ese mecanismo. También habría que empezar a introducir un equilibrio en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los chicos. Cuando hablamos de pensamiento crítico hablamos incluso de cómo reciben el mensaje del narcotráfico, cómo reciben el mensaje de las zapatillas. En los últimos días visitamos centros penitenciarios en Santa Fe y nos encontramos con personas que dicen “yo puedo vivir con unas zapatillas que cuestan 700 pesos y no 3 ó 4 mil”. Y un dato interesante. En el diagnóstico que hemos levantado, el 84 por ciento de los chicos que están detenidos no han naturalizado el delito como la solución. Al contrario, lo que solicitan es cómo les certifican las capacidades que ya tienen como trabajadores de la construcción, cómo pueden aprender otro oficio adentro y cómo, cuando salen, la sociedad en la cual vivimos no los rechace y les proporcione empleo. Están pidiendo otra oportunidad. Tenemos que generar una gran discusión para un cambio cultural porque si no trabajamos esa parte, vamos a seguir siendo la región más violenta del mundo, donde se cometen alrededor del 40 por ciento de los homicidios a nivel mundial.

—La discriminación, la marginación trae consecuencia en todas las sociedades. En el caso de México el narcotráfico y la violencia, en el caso de otros países como Francia, el terrorismo. Es un problema por resolver para todos la integración a la ciudad de todos sus habitantes.

—Estoy convencido de que el primero de los problemas de la violencia es la discriminación. Pero después vienen los procesos de exclusión social derivados de los diversos modelos de económicos que tenemos en el mundo.

Y por último los procesos de autoexclusión. Una de las cosas que para nosotros es esencial, es transformar la mirada de los jóvenes en América Latina. Y cuando estamos en Rosario una de las cosas que más nos preocupan es que los jóvenes carecientes se puedan atrever a decir “yo soy parte de esta población” porque han sido tantos años de exclusión social, donde fueron marginados sus abuelos, su madre, su padre, sus hermanos. Ellos se dicen a sí mismos que ya no tiene derecho de entrar a ese núcleo, que van a ser excluidos toda la vida. La exclusión social fundamentalmente se da por las brechas económicas. Tenemos que frenarla. En México tenemos un 2 por ciento de la población que acapara casi la mitad del PBI y eso no es posible.

—Atrás de toda esta problemática que es de todos los países por más que se lo quieran endosar sólo a América Latina, está el fenómeno de la corrupción.

—En el caso de México, 17 por ciento del PBI se va en corrupción y 13 por ciento en temas de seguridad. Eso no puede continuar. Pero no es la corrupción del joven que no hace caso a la voz de alto de un policía. Estamos hablando de la corrupción política y empresarial. Vemos a cientos de académicos diciendo “América Latina es corrupta e impune”, pero el dinero se lava en Estados Unidos. En Miami el formato de empresas que denunciaron los Panamá Papers es legal. El Estado de Delaware permite actuar por completo. La región tiene que volver a organizarse de manera tal que pueda demandarle a Europa y a EE.UU. que cierre el flujo de capitales en términos de lavado dinero. No puede ser que nosotros nos quedemos con los muertos y ellos con los dólares.

—En el fenómeno de la violencia juvenil ¿Sos optimista respecto a que dentro de 10 años esto cambie como consecuencia de medidas que permitan que al menos no crezcan este tipo de fenómenos?

—Una de las cosas que estamos discutiendo un grupo de organizaciones en América Latina es cómo presionamos a los Estados para que se comprometan -así como lo hicieron con las metas del milenio- a disminuir los homicidios, en particular de tres tipos: los juvenicidios, los feminicidios y los transfeminicidios. Estoy convencido de que esta campaña que estamos iniciando en los próximos meses va a poder reducir al menos el 50 por ciento de los homicidios en la región y creo que en 10 años no solamente podemos estar hablando de lo bien que hicieron los países de América Latina en la reducción de los homicidios sino también lo bien que hicieron en la reducción de la trata, el narcotráfico, el lavado de dinero o la extorsión.

—No soy tan optimista porque el negocio de la violencia se ha convertido en una gran fuente de ingresos de las elites en los distintos países y porque además de los Estados tienen que cumplir una tarea muy importante las familias y la educación.

—Las poblaciones de adolescentes de entre 12 y 17 años hoy están pensando distinto al mundo, mucho más abreviada en términos de cómo procesan la información. Creo que tenemos una gran oportunidad de transformar la región. Tenemos que volver a ser esa región en que las cartas de navegación decían que éramos personas de bien. A eso tenemos que volver a aspirar.

Una reforma constitucional que busca integrar

—La discriminación en las ciudades está íntimamente vinculada a la desigualdad, la pobreza, la falta de educación familiar.

—Falla el sistema, no podemos hablar solamente del gobierno, que tiene que hacer cosas a través del sistema educativo y de salud. Pero el sistema tiene otros mecanismos que tienen que ver con las familias. Salí a caminar por Rosario el fin de semana y me impresionó mucho la manera en que uno es observado, con mucha discriminación. Ésas son cosas que se tienen que ir cambiando. Yo tengo una serie de habilidades para resistir esa discriminación porque parte de mi trabajo es investigación, observar. ¿Pero qué sucede con los chicos que vienen de los barrios más carecientes? Lo primero que habría que hacer es eliminar la discriminación. La segunda seguir preparando las personas de acuerdo con sus capacidades. La tercera es fortalecer al Estado y aquí tiene que ver con cómo ampliamos la base de derechos pero también de la participación ciudadana. Pondría un ejemplo de cómo hicimos en la Constitución para la Ciudad de México que tiene que ver con cómo concebimos la mediación de conflictos, la interrupción de la violencia con herramientas de participación ciudadana. Y ahí empezamos a pensar la Justicia de una manera distinta: todo joven que le genera daño a una víctima tiene que buscar un mecanismo de reparación del daño porque eso vuelve a reconstruir el tejido social y no las víctimas por un lado, los victimarios por otro y el Estado en un desgaste sin poder transformar el conflicto y por lo tanto generando más gastos.

—Está claro que cualquier ciudad grande de Latinoamérica tiene barreras invisibles.

—En el año 2015, México pasó por una serie de reformas, entre otras la reforma del Estado, lo que implicó que los que habitamos la Ciudad de México ya no somos ciudadanos de segunda. Y lo digo porque no teníamos contemplados todos nuestros derechos. Nosotros no podíamos exigir un buen gobierno o una estructura eficiente de combate a la corrupción de manera local, o no podíamos exigir que los adolescentes votaran a los 16 años. De esa discusión salió un documento que se centra en la ciudad como un derecho para vivirlas, que sean pedagógicas, creativas, fomenten la vida, pero también para incentivar otra manera de ver las megalópolis, como concentrar el poder en la participación ciudadana, como poder reclamarle al alcalde de la ciudad que no cumplió y se tiene que ir con la revocación de mandatos.