San Isidro

Por encubrir al narcotráfico fue procesado el fiscal Julio Novo

Télam

“Gran triunfo sobre la justicia corrupta de la provincia de Buenos Aires”, afirmó ayer en su cuenta de Twitter la diputada nacional Elisa Carrió, quien declaró como testigo en ese expediente a cargo de la jueza federal sanisidrense Sandra Arroyo Salgado.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la magistrada dictó el procesamiento por “encubrimiento agravado” de Novo, sus fiscales adjuntos, también suspendidos, Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani; y sus secretarias Mariana Busse y Melisa Rey.

Los cuatro procesados están imputados también de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional”, en concurso ideal y todos como “coautores”.

El procesamiento había sido solicitado por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, quien el año pasado los citó a indagatoria, mientras que se conformó un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios y la Suprema Corte de Justicia bonaerense los suspendió por 120 días.

Y en reemplazo de Novo, Caro y Vaiani la Procuración General de la Corte provincial nombró a Beatriz Molinelli como fiscal general y John Broyard como su adjunto.

Por su parte, Carrió y otros legisladores nacionales y provinciales de la Coalición Cívica ya habían pedido en 2010 el Jury para el fiscal Novo pero ese requerimiento fue rechazado en su momento.

Luego, en 2013, Carrió declaró como testigo en la causa por encubrimiento y aportó “todos los hechos que conocía sobre el rol de Novo, los hermanos (Eduardo y Gustavo) Juliá (condenados por narcotráfico en España) y (el ex jefe de gabinete kirchnerista) Aníbal Fernández”, explicó a Télam una fuente de la investigación.

Encubrimiento

Es que la acusación a Novo y sus colaboradores apunta a un presunto encubrimiento del doble crimen de los ciudadanos colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner (35) y Héctor Edilson Duque Ceballos (35), acribillados a balazos en 2008 en el Unicenter Shopping, el cual se cree fue ideado por Gustavo Juliá.

Para el fiscal federal Domínguez, los imputados “instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo” de la investigación por el doble crimen, a cargo de los instructores judiciales Luis Angelini y Diego Grau.

Según el acusador, los ahora procesados tuvieron “el fin de brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó los homicidios de Unicenter”.

Y entre las maniobras utilizadas por los imputados precisó “la desafectación de funcionarios encargados de las pesquisas, la quita o no asignación de personal y recursos, las exhortaciones informales destinadas a archivar las actuaciones, situaciones de amedrentamiento y violencia psicológica laboral y filtración de información reservada que privó de éxito diversas medidas probatorias”.

A estas medidas, el fiscal federal le sumó “el impedimento” de que Angelini y Grau “viajasen a Colombia a producir prueba” y “la instauración de un sistema de persecución” hacia el primero de ellos a través de “una ingente cantidad de sumarios administrativos en su contra”.

En su requerimiento, Domínguez consideró que “Novo, Vaiani, Caro y Rey” primero “desplazaron paulatinamente” al primer fiscal de la causa Unicenter, Grau; para colocar en su lugar a Angelini “con en el entendimiento de que podrían manejarlo conforme sus intereses” hasta que la detención de Juliá en 2011 en España “impuso un nuevo escenario (?) puesto que su vinculación con el narcotráfico pasaba a ser incuestionable”.

“Fue en ese momento donde Busse abandona el estudio de su actual esposo, (el abogado) Carlos Broitman, para regresar al Ministerio Público provincial como secretaria de gestión de la fiscalía de Angelini”, indicó el fiscal federal, que recordó que dicha imputada es “ex defensora sustituta de Juliá”.

Por su parte, Broitman fue el defensor particular de Juliá en el juicio que se llevó a cabo en 2013 en Barcelona y en el que los dos hermanos, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea Argentina, recibieron penas de 13 años de prisión por el envío de casi una tonelada de cocaína a esa ciudad española a bordo de un jet privado.

Actualmente, Broitman el abogado defensor de Ibar Pérez Corradi (38), imputado en el triple crimen de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), y quien está próximo a ser juzgado por tráfico de 14 toneladas de efedrina.

El suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y cuatro de sus colaboradores fueron procesados hoy en la causa en la que se los investiga por el encubrimiento de crímenes vinculados al narcotráfico, informaron fuentes judiciales.