editorial

  • Frente a la dilación en las negociaciones, la provincia está dispuesta a volver a la Corte.

Falta de acuerdo por la deuda de Nación

El 24 de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que el gobierno central realizaba a las provincias para financiar a la Anses y ordenó la devolución de las sumas retraídas desde 2006 a Santa Fe, San Luis y Córdoba.

Pocas semanas después, Mauricio Macri llegó al poder y desde entonces la Nación ya no efectúa aquellos descuentos ilegales. Sin embargo, la pregunta sigue siendo qué sucederá con la deuda acumulada a lo largo de casi diez años.

El fallo se produjo cuando Antonio Bonfatti transitaba sus últimos días como gobernador; y Cristina Fernández, terminaba su mandato presidencial. La demanda se había presentado cinco años antes -en 2010-, cuando la provincia era gobernada por Hermes Binner.

A valores históricos, la deuda con Santa Fe oscila en los 23 mil millones de pesos. Sin embargo, la Corte ordenó actualizar estos valores, ya que durante los últimos diez años la economía argentina se vio sometida a un creciente proceso inflacionario.

El fallo planteaba un plazo de 120 días para que la Nación negociara los términos y las formas de pago de las sumas retenidas a las provincias. Dicho plazo expiró a fines de marzo pasado.

Si bien resulta comprensible que el cambio de gobierno haya generado ciertas demoras en las negociaciones, lo cierto es que, un año después del fallo, la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional no sólo no han podido alcanzar puntos en común sobre la forma de pago, sino que ni siquiera lograron coincidencias sobre cuál sería en estos momentos la deuda actualizada.

La discusión generó verdaderos tironeos durante todo 2016 entre ambas partes. Tanto fue así, que se resolvió la creación de una comisión mixta con funcionarios de los ministerios de Economía e Interior de la Nación, y representantes del gobierno de la provincia.

El 3 de agosto pasado se realizó la primera reunión formal, en la que Santa Fe presentó el monto que pretende cobrar y planteó los criterios que empleó para realizar dicho cálculo. El 27 de septiembre, el gobernador Miguel Lifschitz insistió con el reclamo ante el ministro de Economía de la Nación, Alfonso Prat-Gay.

Las discusiones se prolongaron hasta que, el 5 de octubre, Lifschitz se reunió personalmente con Mauricio Macri y el presidente le planteó la necesidad de que en la negociación se incluyera la posible financiación con fondos nacionales de obras que fuesen de ejecución provincial.

Pocas horas después, hubo otra reunión de los equipos técnicos. Sin embargo, la provincia asegura que desde entonces no se produjeron mayores novedades.

A decir verdad, las discusiones se producen en el peor de los escenarios, con un Estado nacional que acarrea un déficit fiscal que alcanza récords históricos y ante fortísimas presiones para que se produzca una urgente disminución en la presión impositiva.

El ministro de Economía de Santa Fe acaba de advertir que si no hay definiciones antes de fin de año, la provincia irá nuevamente a la Corte para solicitar que sea el máximo tribunal el que determine los montos actualizados de la deuda y fije una forma de pago.

Es cierto que la Nación no está en condiciones de hacer frente a esta deuda, que no sólo reclama Santa Fe, sino que también lo hacen Córdoba y San Luis. Sin embargo, la falta de acuerdos básicos resulta inadmisible a estas alturas de las circunstancias.

El gobierno central no puede seguir dilatando una definición.

El fallo planteaba un plazo de 120 días para que la Nación negociara los términos y las formas de pago.