Por los aumentos previstos

Disconformidad entre empresarios rafaelinos por las tarifas y audiencias

El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) expresó su preocupación ante los incrementos propuestos por las empresas de servicios públicos que “no tienen en cuenta el contexto económico actual”. Manifestaron su preocupación porque las audiencias públicas no se replican en todos los nodos territoriales y condicionan la participación.

Juan Carlos Scalzo

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En una nota enviada recientemente al gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, a funcionarios y legisladores provinciales y autoridades de las empresas de servicios públicos (Assa, EPE y Litoral Gas), la gremial empresaria señaló su desacuerdo “ante el hecho de que las audiencias públicas convocadas por las respectivas autoridades de aplicación en cada uno de los prestatarias (Ente Regulador de Servicios Sanitarios -Enress-, Secretaría de Estado de Energía de Santa Fe y el Ente Nacional Regulador del Gas -Enargas-) no se realicen en cada uno de los nodos, ha limitado nuestra posibilidad de participación y hemos decidido, en consenso con nuestros asociados, manifestarnos por esta vía”.

“En este sentido -se sostiene desde el CCIRR-, se observa con profunda preocupación cómo las empresas encargadas de proveer servicios públicos esenciales, como la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), Aguas Santafesinas SA (Assa) y Litoral Gas SA, elaboran propuestas de incremento en el valor de dichos servicios que no han contemplado la situación actual que están atravesando los usuarios de nuestra provincia”. Y a partir de análisis comparativos con la Región Centro, remarca que “la adecuación tarifaria que solicita EPE supera las pretensiones de las distribuidoras que operan en las provincias de Córdoba y Entre Ríos para el próximo período anual”.

Con referencia al servicio de gas natural, la entidad indica que “es importante mencionar que a partir de 7 de octubre entraron en vigencia los nuevos cuadros tarifarios del fluido, dónde las categorías que incluyen a usuarios comerciales e industriales de menores consumos, sufrirán aumentos de entre 277% y 369%”.

A su vez, recalca que los exagerados incrementos tarifarios que se intentan establecer se dan en el marco de actividad económica que en general “se encuentra fuertemente resentida”, tal como “lo reflejan los diferentes indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que muestran una importante contracción en las diferentes mediciones comparativas con el año anterior”. Fuertes caídas que también “reflejan los datos informados por las entidades gremiales de orden nacional, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión Industrial Argentina”.

Ventas en descenso

El CCIRR revela que “la preocupación aumenta cuando se advierte que la actividad empresaria debe afrontar esta caída de ventas en un contexto de altas tasas de interés que dificultan el acceso a financiamiento competitivo, elevados niveles de litigiosidad laboral e incremento de las importaciones de bienes de consumo. Además, nuestra región se vio fuertemente afectada por las contingencias climáticas de principio de año que motivaron la declaración provincial de la emergencia para el sector de comercio y servicios”.

“Se podría interpretar entonces, que las distintas propuestas han justificado su pretensión de incremento en el precio de sus servicios, poniéndose en el centro de la escena, con su poder monopólico, valorando sólo sus necesidades de caja sin considerar el complejo contexto económico y productivo que afecta a las economías domésticas y de la producción”, lamenta la institución.

Finalmente, el documento alerta que “si a la elevada presión fiscal que padece el sector, se le agregan incrementos tarifarios muy por encima de las previsiones inflacionarias contempladas en el presupuesto nacional y en el de la provincia de Santa Fe, se afectará la dinamización del mercado interno, notablemente contraído, según lo mencionado anteriormente” y es por ello que en la nota enviada a las autoridades gubernamentales se reclama que se arbitren “los medios necesarios para generar un esquema de actualización tarifaria acorde a la realidad expuesta”.