editorial

  • Los abusos sexuales contra menores se repiten en cada rincón del país. En la mayoría de los casos los victimarios son familiares cercanos.

Niños en riesgo

Los hechos denunciados sólo pueden calificarse de aberrantes: dos sacerdotes, dos empleados administrativos y un jardinero de un instituto educativo para chicos hipoacúsicos de Mendoza, permanecen detenidos y acusados de al menos veinte casos de abusos sexuales cometidos durante los últimos años. Sin embargo, no se descarta que el número de denuncias pueda crecer a medida que más alumnos y padres se atrevan a hablar del problema.

Los hechos se produjeron en el Instituto Antonio Próvolo, de Luján de Cuyo (Gran Mendoza) y no sólo generaron la inmediata indignación de los allegados a las víctimas, sino que provocaron un repudio generalizado en todo el país.

Mucho más, cuando se supo que uno de los sacerdotes detenidos (Nicolás Corradi, de 82 años), ya tenía denuncias por abusos en Italia por vejámenes ocurridos entre 1955 y 1984, en el Instituto Próvolo, de Verona.

Lo sucedido en Mendoza representa un hecho extremo. No sólo por el número de víctimas, sino por las características de los victimarios, en quienes los padres de los chicos depositaron su plena confianza. Sin embargo, existen numerosos casos que jamás salen a la luz y que se producen en los ámbitos más diversos. Especialmente, en escenarios intrafamiliares.

Según estadísticas recientemente suministradas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en tres de cada cuatro casos, el agresor es un familiar directo o una persona de confianza de los niños. En la mitad de los casos, vive en la misma casa que la víctima.

Por lo general, el abusador es varón y las principales víctimas de abusos sexuales son niñas mayores de 5 años. La Organización Mundial de la Salud indica que una de cada cinco chicas y uno de cada trece chicos ha sido víctima de alguna clase de abuso. Por ese motivo, resulta indispensable colocar este tema en la agenda de discusión pública.

Seguramente no será posible alcanzar soluciones mágicas, ni abarcadoras. Sin embargo, es el único camino para lograr algún avance. Lo que viene sucediendo con relación a la violencia contra las mujeres es un claro ejemplo: quizá el número de casos no se haya reducido ostensiblemente, pero el teléfono gratuito de atención a las víctimas recibe tres veces más llamadas que en el pasado reciente. Es evidente que algo está sucediendo y quizá los resultados comiencen a percibirse con el paso del tiempo.

El hecho de visibilizar la problemática debe ser acompañado por un trabajo coordinado y responsable de parte de todos los niveles del Estado y las organizaciones de la sociedad civil abocadas al tema. Lo que acaba de suceder en Santa Fe, donde un niño bajo la tutela del área de Minoridad murió por los golpes recibidos por parte de familiares cercanos, no representa un buen antecedente en este sentido.

El 19 de noviembre pasado fue el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra Niñas, Niños y Adolescentes. En ese contexto, Unicef y el Ministerio de Justicia de la Nación lanzaron el sitio on line www.argentina.gob.ar/abusosexualinfantil que aporta información alusiva a este flagelo. Además, recordaron que existe una línea gratuita (0800-222-1717) atendida por psicólogas y trabajadoras sociales para atender casos de abusos sexuales contra un niño o adolescente las 24 horas, los 365 días del año.

Santa Fe no está exenta de este problema. Según el Informe 2015 del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, durante 2014 el 22,1% de los chicos atendidos desde el Estado fueron víctimas de abusos sexuales, mientras que en Rosario se llegó al 18%.

El hecho de visibilizar la problemática debe ser acompañado por un trabajo coordinado de parte del Estado y las organizaciones de la sociedad civil.