Se reabre la investigación
Declaran “cosa juzgada fraudulenta” a la causa del vaciamiento del Banco Provincial
La Cámara Federal de Rosario decidió que se reabra la investigación que comenzó hace 25 años y nunca nadie fue llamado a indagatoria. “Es la apariencia vehemente de impunidad de un presunto delito de guante blanco”, señala el fallo.
La comisión que presidió Alfredo Nogueras dictaminó la serie de responsabilidades que finalmente generó esta decisión. Foto: Archivo/Guillermo Di Salvatore
Germán de los Santos
Un fallo de diez carillas de la Cámara Federal de Rosario logró que el pasado diera un salto en el aire y 25 años después cayera en picada en un presente, en el que la Justicia decidió que se “reabra” la investigación que nunca se hizo de una de las causas más emblemáticas de supuesta corrupción estatal como fue el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe que derivó en la privatización de la entidad, algo que provocó un perjuicio de entre 500 y 1.000 millones de dólares para la provincia.
El fallo es determinante al convertirse en el primer caso de cosa juzgada irrita contra la quiebra fraudulenta de un banco.
Aunque parezca increíble, en la causa que se inició en 1990 en la Justicia Federal de Santa Fe nunca nadie revisó el informe Nogueras, una comisión que investigó el caso que terminó en el Archivo General de la Provincia, a poco más de cien metros de juzgado federal, a cargo del magistrado Reinaldo Rodríguez, que en junio de 2013 declaró “extinguida la acción penal” contra los 44 imputados, que nunca a lo largo de los 25 años que transitó la causa fueron llamados a indagatoria. En junio de 1993 el entonces juez federal Víctor Brusa había dispuesto el “sobreseimiento provisional de la causa” y su archivo.
“Lo que refulge en esta causa que lleva más de 25 años de iniciada sin que ninguna persona fuera citada a prestar declaración indagatoria es la apariencia vehemente de impunidad de un presunto delito de guante blanco que habría culminado en la pérdida por parte del Estado provincial de su herramienta financiera más importante y centenaria, con un quebranto de entre 500 y 1.000 millones de dólares‘, sintetizó con dureza el camarista Fernando Lorenzo Barbará en el fallo.
Pedido de nulidad
La resucitación de este caso emblemático se inició en octubre de 2013, cuando el entonces fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, pidió la reapertura del expediente y sumó un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que elaboró el titular del organismo en ese momento, Carlos Gonella, en el que se revelaba que a lo largo de la historia de esta causa hubo un plan de acción para garantizar la impunidad de los responsables.
El fiscal Rodríguez había solicitado a la Cámara de Apelaciones la “nulidad por cosa juzgada fraudulenta” al descubrir que era una “investigación fingida que debe dar paso a una pesquisa genuina”. El tribunal de Rosario avaló su pedido. Anuló una resolución de Brusa de junio de 1993 que había dispuesto el “sobreseimiento”. Y también dispuso que “no existe” ningún “obstáculo procesal, ni de índole jurídica diversa, para continuar seriamente el proceso”.
En el fallo se agrega un adjetivo que en el lenguaje jurídico no es tan frecuente al considerar como “insólita” la actitud del juez federal Rodríguez de declarar su “incompetencia” 1º de julio pasado y tratar de enviar el expediente a la Justicia provincial.
En diálogo con El Litoral, el fiscal Rodríguez actualmente en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Nación sostuvo que “a lo largo del tiempo que transcurrió desde que se inició el caso aflora un intento permanente de distintos actores para que el caso no se investigue”. El funcionario del Ministerio Público contó que nunca pudo acceder en la investigación al informe Nogueras, que actualmente está guardado en el Archivo General de la Provincia.
Rodríguez sostuvo que “el tiempo transcurrido juega en contra de la Justicia. Pero la existencia del informe Noguera permitirá encontrar datos muy valiosos para la causa”. “Es el primer caso de cosa juzgada irrita contra la quiebra fraudulenta de un banco”, opinó Gonella, en diálogo con este diario.
Esa voluminosa investigación que se realizó en 1997, bajo el mando de Nogueras, que incluyó más de 30 horas de grabación y cinco mil fojas con datos, está bajo secreto. Ese informe fue desclasificado durante la gestión de Hermes Binner, pero parte de esa documentación recién será pública en el año 2028.
El inicio
La investigación en la Justicia Federal por el vaciamiento del banco se inició en 1990, luego de una denuncia hecha por integrantes de la Comisión Interna del banco. El caso fue caratulado ‘Vello, Alberto Raúl y otros. Un año después el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó una inspección y detectó irregularidades relacionadas con el estado de la cartera de créditos y con la política de crédito.
El diputado Carlos Del Frade sostuvo que “es una oportunidad preciosa para exigir que se investigue qué pasó durante el período (1998-2003) en que se privatizó el banco y fue a parar a las manos de los hermanos Rohm (Carlos y José) que eran los titulares del Banco General de Negocios. Ese era un banco de tercera categoría del Uruguay y que ya en 1995 el diario La República del Uruguay y la revista Noticias de la Argentina había denunciado a los Rohm porque formaban parte de los banqueros que lavaban dinero proveniente del narcotráfico, e igual se los dimos a ellos”.
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