editorial
- El traslado de 150 presos en comisarías a la cárcel de Las Flores alivia el trabajo de seccionales y permite destinar más agentes a la tarea preventiva.
El rol del Servicio Penitenciario
En la última semana, el Ministerio de Seguridad dispuso el traslado de 150 personas privadas de su libertad -que estaban alojadas en distintas seccionales de Policía de la ciudad- al establecimiento penitenciario de Las Flores. La decisión se produjo días después de tres fugas en diferentes seccionales de la ciudad de Rosario.
Según el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, con esta decisión, el 90% de los detenidos en comisarías de La Capital ya está en manos del Servicio Penitenciario.
En primer lugar habrá que destacar que los calabozos de las seccionales policiales están preparados para un alojamiento temporario de personas y no para pernoctar semanas o meses como viene ocurriendo desde hace años en la provincia. Además, el nuevo sistema procesal penal implica medidas restrictivas de libertad temporales mientras se sustancia el trámite para llegar a juicio oral.
A la situación del sistema judicial santafesino habrá que añadir los detenidos a disposición de la Justicia Federal que también son alojados en dependencias de la provincia. No se puede pasar por alto que el Servicio Penitenciario Federal no dispone de ningún lugar de alojamiento de detenidos propios en la provincia. En no pocas oportunidades se anunció la licitación de un Instituto Federal en Coronda. Pero la Nación no sólo no ha construido el penal; además, históricamente adeuda a la provincia el mantenimiento de esos detenidos.
La decisión de trasladar a los detenidos al sistema penitenciario, tendrá efectos positivos desde el momento que permitirá liberar a efectivos policiales de la tarea de custodia para destinarlos a trabajos preventivos de calle. Además, la decisión iguala a detenidos debido a que generalmente aquellos que disponen de mayores ingresos tratan de permanecer en comisarías para gozar de beneficios.
El otro dato que merece destacarse, es que el traslado a Las Flores fue factible por la inversión que viene realizando el gobierno provincial para la ampliación de los diferentes institutos penales. Tal vez no sea la mejor imagen de un gobierno cortar cintas de apertura de penales, pero es una tarea necesaria en tiempos donde la seguridad es la principal preocupación ciudadana.
En los últimos meses, la provincia habilitó 130 nuevas plazas en la Unidad Penitenciaria de Rosario; 326 en la de Pérez y 120 en Las Flores. Entre tanto, en Piñero ya está en su etapa final la habilitación de 336 nuevas plazas. Y también avanzan los trabajos de la nueva alcaidía de Rosario con 240 plazas, y 150 lugares en la cárcel de mujeres de esa ciudad del sur.
Mientras se lleva adelante la política de construcciones, también el Poder Ejecutivo avanzó y remitió a la Legislatura un proyecto de nueva ley para el personal del servicio penitenciario. Se trata de compatibilizar la necesidad de modernizar y adaptar el texto vigente con el respeto por los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, pero sin dejar de lado la estructura vertical y el orden que debe mantener una fuerza de seguridad.
El Servicio Penitenciario es la fuerza de seguridad que tiene por misión la custodia de personas legalmente privadas de la libertad, y su tarea no es menor en lo que hace al control del sistema.
La provincia ha venido llevando adelante una política de ampliación de construcciones carcelarias que es destacable.
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