editorial

• El proyecto presentado en Diputados para reformular el organismo debería ser disparador de un debate para mejorar el árbitro de todo proceso electoral en Santa Fe.

Tribunal Electoral: un debate necesario

El último proyecto presentado en 2016 por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados está firmado por un legislador oficialista y tiende a otorgar autonomía funcional al Tribunal Electoral de la provincia.

En este caso, Fabián Palo Oliver apunta a constituir una cabeza permanente con cinco vocales y un secretario electoral cuya elección sea validada por una mayoría especial de la Legislatura y con mandato limitado a dos períodos. También propone que ese cuerpo tenga personalidad jurídica e independencia funcional, administrativa, presupuestaria y financiera. La responsabilidad del Tribunal no sería únicamente para arbitrar el proceso electoral sino también la organización, que hoy está en manos del propio Poder Ejecutivo.

La ley actual dispone que al Tribunal Electoral lo conformen tres integrantes del Poder Judicial siendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia quien también reviste su titularidad. Se le suman dos camaristas, sorteados anualmente entre los integrantes de las cámaras penales y civiles y comerciales de Santa Fe y Rosario, en tanto estipula que el secretario sea designado por el Poder Ejecutivo.

El proyecto de Palo Oliver no es el primero que se presenta sobre esta temática, e incluso, en los últimos veinte años, la Corte Suprema de Justicia ha hecho llegar proyectos propios de modificación del organismo. Uno de los aspectos cuestionados es que la propia Corte sea la encargada de revisar las decisiones del Tribunal Electoral cuando la cabeza de ambos cuerpos está en la misma persona.

Integrar el Tribunal con jueces especializados en la materia electoral, no es tema menor cuando está en juego la voluntad popular expresada mediante el voto. Santa Fe tiene elecciones provinciales cada cuatro años pero municipales y comunales cada dos, y no son pocos los casos, desde 1983 en adelante, que los resultados fueron judicializados.

No interesa aquí entrar en mayores disquisiciones sobre la letra chica del proyecto. La materia es amplia y debe ser motivo de minuciosos análisis por parte de los diferentes partidos políticos, camino necesario para buscar un consenso que permita avanzar luego con el dictado de una ley. Es más, el proyecto presentado ni siquiera tiene el aval del Frente Progresista, oficialismo que no ha podido en los últimos años acordar una temática de reforma electoral.

La Constitución Santafesina ordena crear un Tribunal Electoral, pero deja en manos de las autoridades el diseño que debería adaptarse a los nuevos tiempos. En los más de 50 años de vigencia de la actual Carta Magna, fueron muy pocos los cambios en el órgano electoral. Como contraste, se ha disparado la demanda en los fueros penal y civil y comercial donde algunos camaristas, año tras año, suman a su tarea específica la electoral.

El Poder Ejecutivo está decidido a impulsar el debate para abrir la reforma de la Constitución, pero también debería buscar algún grado de consenso entre las fuerzas políticas para diseñar un Tribunal Electoral más profesionalizado y con jueces especializados. Las reñidas interpretaciones producidas desde 1983 a la fecha -con consecuencias que repercutieron en resultados- ameritan un debate abierto y la elaboración de una nueva figura jurídica.

Integrar el Tribunal con jueces especializados en la materia electoral, no es tema menor cuando está en juego la voluntad popular expresada mediante el voto.