editorial

• A dos años de aquel deceso, sólo imperan las dudas. Mientras tanto, existe la firme posibilidad de que un grupo de criminales continúe con sus vidas sin rendir cuentas de sus actos.

Las miserias que desnuda la muerte de Alberto Nisman

Alberto Nisman no sólo era el hombre encargado de dar con los responsables del mayor atentado terrorista de la historia en América Latina. Era, además, el fiscal que se aprestaba a develar los indicios de un posible plan del gobierno argentino tendiente a dejar impune aquel ataque, traicionando a la Nación y aniquilando toda posibilidad de Justicia para las víctimas y para sus deudos.

Faltaban pocas horas para que su voz fuera escuchada en el Congreso Nacional, cuando una bala acabó con su vida. Así quedó trunca la posibilidad de conocer en profundidad los argumentos con los que el fiscal sostenía aquella grave denuncia que involucraba nada menos que a la entonces presidente, Cristina Fernández; al ex canciller Héctor Timerman, Luis D'Elía, Andrés “Cuervo” Larroque y Fernando Esteche, entre otros.

Esta semana se cumplieron dos años de aquel momento trágico y, a pesar del tiempo transcurrido, no sólo se desconoce si se trató de un asesinato o de un suicidio. El desconcierto es de tal magnitud, que ni siquiera existe certeza sobre el día de su muerte.

La actitud del kirchnerismo luego del fallecimiento de Nisman fue deplorable. Mientras la entonces presidente se encargaba de dictar sentencias contradictorias a través de su cuenta de Facebook; el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, comandaba la despreciable estrategia tendiente a horadar la imagen del fiscal fallecido.

El Poder Judicial también dejó al descubierto -en el mejor de los casos- su inoperancia a la hora de buscar la verdad. Mientras la fiscal Viviana Fein protagonizaba una cadena de desaciertos en la que se mostró empeñada en instalar la hipótesis del suicidio, el tiempo transcurrió en discusiones tan elementales como, por ejemplo, determinar si los hechos debían ser investigados por la Justicia ordinaria o por la Justicia federal.

Sorprendentemente, el único que actuó con inusitada premura fue el juez federal Daniel Rafecas. Lo hizo para desestimar la denuncia que Nisman impulsaba contra Cristina Fernández por supuesto encubrimiento a Irán en la causa Amia. En tiempo récord, el magistrado argumentó su decisión en la “inexistencia de delito”. En diciembre, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la reapertura de esas investigaciones.

Dos años después de aquel deceso, sólo imperan las dudas. La muerte de mayor impacto institucional desde el regreso de la democracia a la Argentina sigue sin ser aclarada. Y mientras esto no cambie, el sistema que debería representar el andamiaje que sostiene el funcionamiento de la república continuará vaciado de credibilidad.

Más allá de los discursos de ocasión que se producen ante cada fecha relevante, lo cierto es que la sociedad en general y la dirigencia política en particular no siempre otorgan a este caso la importancia que merece. De hecho, durante la última campaña electoral la muerte de Nisman estuvo prácticamente ausente en los discursos. No sólo del candidato oficialista, sino también entre quienes aspiraban a la Presidencia de la Nación.

Dilucidar qué ocurrió durante aquel fatídico fin de semana de enero de 2015 debe convertirse en prioridad absoluta por motivos relevantes. Entre otros, porque es imprescindible conocer la verdad, por Nisman y sus seres cercanos, por las instituciones de la república, por el futuro del país y porque existe la firme posibilidad de que un grupo de criminales continúe con sus vidas sin rendir cuentas de sus actos.