Operativo “Ciudades hermanas”

Investigan proceder de funcionarios correntinos

DE LA REDACCIÓN DE EL LITORAL

[email protected]

Un juez, dos fiscales, tres comisarios y hasta el propio gobernador de la provincia de Corrientes, Ricardo Colombi, en persona, forman parte de una lista de funcionarios que el 21 de diciembre de 2016 habrían tratado de frustrar los allanamientos que la Policía de Santa Fe realizaba en la ciudad de Goya por tráfico de estupefacientes.

El 30 diciembre pasado, previo a la feria judicial de enero, el juez federal de Reconquista Aldo Mario Alurralde, ordenó la apertura de un nuevo expediente, a raíz de la detención del jefe de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la provincial de Santa Fe, José Moyano, y del velado intento de las autoridades de la vecina provincia para entorpecer el procedimiento.

Entre las principales medidas, el magistrado solicitó extraer copias de las 16 actas de allanamientos realizados en Reconquista -Santa Fe- y Goya -Corrientes-, para que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública.

A raíz de ese pedido, la fiscal federal de Reconquista, Viviana Bruno Campagna, inicia un expediente, que comenzó a tramitarse durante la feria bajo las órdenes del fiscal subrogante, Bruno Ojeda.

Informe escrito

El 3 de enero, el jefe de Drogas de Santa Fe, José Moyano, realizó un informe-descargo por escrito, que presentó ante sendas autoridades judiciales y que se acumula a la investigación iniciada apenas cuatro días antes.

En el escrito de 5 páginas que lleva la rúbrica del jefe policial, Moyano hace un resumen de lo vivido durante la jornada del 21 de diciembre, especialmente en el lapso de seis horas en que estuvo detenido por orden del gobernador Colombi. Según consta en el documento, el responsable del operativo de drogas estuvo privado de su libertad porque “había ofendido al señor gobernador de Corrientes”, le dijo un jefe policial de apellido Montiel.

“Yo pensé que era otro juez, porque ya había venido un juez de Instrucción a consultarme por el operativo”, recordó hoy Moyano sobre el cruce que mantuvo con la máxima autoridad provincial de Corrientes, frente a una vivienda de calle Chile al 1100.

“Se bajó de un auto junto con Valenzuela -el subjefe de Policía de Goya- y me preguntó ¿dónde están los gurices?”, en relación a los testigos de actuación, cuyo paradero desconocido fue el pretexto para tratar de intervenir en la operación.

“¿Usted quién es...?

“Perdone señor, ¿usted quién es...?”, le dijo Moyano a Colombi que a secas le espetó: “Yo soy el gobernador”. Dada la investidura del personaje, Moyano le explicó el motivo de su presencia en Goya, y como ya lo habían hecho con el juez de Instrucción Balestra, y con el comisario Valenzuela, exhibió una vez más la orden de allanamiento extendida por el juzgado federal de Reconquista, sin mayores resultados.

Igualmente, Colombi “arremetió contra el personal policial con palabras insultantes y en un intento por poner fin al operativo trató de ingresar a una de las viviendas donde se estaba llevando a cabo el procedimiento y retirar por la fuerza a dos testigos de actuación, razón por la cual le fue cerrado el paso por personal policial de seguridad externa, lo que provocó la ira desmedida y agresiva”, relató Moyano, que respetando “la investidura que ostenta y al notorio estado de malestar” que mostraba, le cedió su teléfono para ponerlo en contacto con el Ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Pero tampoco Pullaro pudo hacerlo entrar en razón y se fue del lugar ordenando a sus policías “que detenga a todos los policías involucrados en la medida judicial” y que trasladen a los 16 testigos a un hotel para darles de comer y llevarlos de vuelta a Corrientes.

Orden del gobernador

Entonces el comisario Valenzuela, quien momentos antes había “cuestionado con palabras agresivas e injuriosas” a los policías santafesinos le dice a Moyano que “tenía orden del gobernador de meterme preso a mí y al resto del personal que se encontraba allanando”. Con diplomacia, aunque algo molesto, el jefe del operativo se ofreció, en su calidad de director operativo, a comparecer hasta tanto finalicen las actas y así evitar frustrar definitivamente el allanamiento.

Moyano fue trasladado en un patrullero hasta la sede de la Unidad Regional II de Goya y ubicado en una oficina donde fue revisado por médico policial y mantuvo varias entrevistas con diversos colegas y funcionarios.

En distintos momentos, habló con el juez Balestra, quien le indicó que estaba a disposición de una jueza correntina por la supuesta privación de la libertad de testigos de actuación; y después dos fiscales -Guillermo Barry y Patricio Paliza- lo entrevistaron por el mismo motivo.

Según se cree, el fiscal Ojeda podría citar a declarar a los testigos una vez finalizada la feria judicial, entre otras medidas tendientes a dilucidar si efectivamente hubo un intento por frustrar un operativo antidrogas, o sólo fue un malentendido entre fuerzas de una y otra provincia.

Caravana.

Una caravana de 20 vehículos y más de 90 hombres fue el despliegue realizado por efectivos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe en Corrientes, bajo las órdenes del juez federal Aldo Alurralde. Los uniformados, debidamente identificados, tenían por fin allanar el 21 de diciembre 7 viviendas de Goya y una de Santa Lucía. Producto de esa labor hubo cinco personas detenidas, que ya fueron indagadas y cuya situación procesal será resuelta una vez finalizada la feria judicial.

Droga en lancha

La Justicia Federal venía investigando desde fines de diciembre una organización delictiva con conexión Goya-Reconquista dedicada al tráfico de drogas por vía fluvial. El 20 de diciembre del año pasado, mediante el sistema de escuchas directas, los investigadores lograron dar con un cargamento que iba a ser desembarcado en el puerto de Reconquista y por el cual fueron detenidas cuatro personas, dos de ellas menores de edad. Con la premura del caso y para evitar el desmoronamiento de la causa, el juez ordenó el secreto del sumario y esa misma noche ordenó los allanamientos en Goya, donde supuestamente estaba la conexión local.

En cuanto a los detenidos, los cinco de Corrientes fueron imputados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la cantidad de partícipes”; mientras que los dos mayores que iban en la lancha se los acusó por “transporte de estupefacientes agravado”. Los seis hombres permanecen alojados en la Cárcel de Coronda, mientras que la mujer se encuentra en la Estación Tránsito de Mujeres de la capital provincial.