El proyecto del Canal San Antonio

Agua que no has de beber

  • La obra, recientemente licitada, pretende readecuar los volúmenes de agua que escurren de Córdoba a Santa Fe. El Gobierno la defiende, mientras que el campo objeta las cifras sobre las cuales se sustenta todo el proyecto, y advierte sobre sus potenciales consecuencias para el arco productivo.
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Frontera caliente. El límite interprovincial sufre las recurrentes inundaciones que han paralizado la actividad rural y amenaza algunas zonas urbanas. Foto: Campolitoral

 

Federico Aguer

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El mes pasado, los gobernadores de Santa Fe y Córdoba se reunieron para rubricar un trabajo conjunto que permita mitigar el impacto del agua en ambas provincias. En la oportunidad, los mandatarios firmaron dos convenios de cooperación relacionados a la situación hídrica y al uso productivo del suelo. El aspecto más saliente del acuerdo incluía la realización de una obra de gran envergadura.

El emprendimiento en cuestión, destinado a la readecuación del canal San Antonio, se trata de una obra hidrológica e hidráulica de “reacondicionamiento” de un sistema de manejo de excedentes pluviales “para el control de los niveles freáticos” de una amplia zona de la cuenca de aporte. Según el mismo, dicha cuenca tiene aproximadamente 1 millón 100 mil hectáreas (11.000 km 2), de las cuales el 85 % se encuentra en la provincia de Córdoba. El Canal San Antonio es el principal medio de evacuación de agua a cielo abierto de una gran región de ambas provincias, y fue construido en la década de 1930. Nace en San Francisco (Córdoba) y llega hasta Tortugas (Santa Fe), con destino final en el río Carcarañá. A lo largo de su traza de 138 kilómetros recibe la descarga de cuarenta canales secundarios, siendo los más importantes el Florentino, el Martillo Grande, el Martillo Chico, el Santa Margarita, el Acequión, el América, La Perla, el Bajo El Embrujo, el Litín y el Bajo Abanzí.

“El nuevo emprendimiento, por tratarse de un reacondicionamiento de una obra existente, se considera como una ampliación. Al tratarse de una obra originada en los años 40, al actual proyecto implica una readecuación de las obras existentes a los fines de refuncionalizar el canal”, según consta en los considerandos.

La obra hidráulica responde a un sistema de canales simples, dobles y triples, cuyas secciones varían según el tramo en que se encuentran ubicadas. En general las mismas se van incrementando a medida que se avanza hacia el destino final: el cauce del río Cararañá. De hecho, el sistema propuesto “agiliza el escurrimiento de las aguas, controlando inundaciones y anegamientos, pero regulando los caudales aportados aguas abajo a valores aceptables”. El proyecto prevé un presupuesto original de $ 734 millones, a realizarse en 24 meses, beneficiando a 168.000 habitantes y saneando un área de 600.000 hectáreas en ambas provincias, generando además, unos 200 puestos directos de trabajo.

Sin embargo, el trabajo es duramente rechazado por el sector productivo. Tal vez el punto más preocupante que argumentan, se basa en el punto 4.3.2 del proyecto elaborado por la provincia de Córdoba (con el aval de Santa Fe). En la sección “Análisis de Frecuencia de Caudales”, en base a los datos del Sistema Nacional de Información Hídrica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación a través de la base de datos hidrológica, se obtuvieron los datos del caudal para el Canal San Antonio/Arroyo Tortugas en la estación Bouquet. “La serie de caudales comprende desde el año 1941 a 1950, contabilizándose un registro de prácticamente 10 años”.

Claroscuros

En diálogo con Campolitoral, el Ing. Luis Lombó fundamentó las críticas al trabajo, y apuntó que respecto de los estudios básicos para su adecuación, todo proyecto de obra hídrica debería contar con una serie de cálculos que permitan definir los parámetros de diseño, caudales máximos a evacuar en los distintos tramos para recurrencias (es decir, cada 2, 5, 10 25, 50 o 100 años), y las líneas de afectación de áreas para las citadas recurrencias. “Estos datos son centrales para una correcta evaluación de las obras a ejecutar y sus costos asociados”, sostiene. El dato que aporta el especialista es que la cuenca del canal San Antonio Arroyo Tortugas ha sido sistematizada durante años por Córdoba, sin que se tengan datos de mediciones de caudales, que permitan conocer la realidad del sistema.

Además, la multiplicidad de factores como el cambio climático, la modificación de los usos del suelo, la ampliación de la frontera agrícola, y la construcción de canales secundarios, trajo como resultado que los niveles de desbordes alcanzados sean cada vez mayores, se produzcan con más frecuencia y el tiempo de permanencia de las aguas sea más prolongado. “Como consecuencia de esto se tienen campos anegados y caminos rurales cortados, impidiendo la producción agrícola y la accesibilidad a los campos”, agrega.

¿Qué hacer?

El Ingeniero aconseja un estudio básico para obtener una conclusión acertada sobre la situación de la cuenca y las medidas estructurales y no estructurales para disminuir las consecuencias antes señaladas, que debería contener entre otras cosas, “la caracterización de las cuencas geomorfología e hidrológica, la determinación de parámetros fisiográficos, y la delimitación de las cuencas de aporte. Según el ex funcionario, el estudio presentado cumple “muy pobremente” con algunos de estos ítems, “y lo que es preocupante, para obtener los caudales de diseño, se han realizado con una serie de los años 1941-1950, lo cual pone en duda cualquier estimación, habida cuenta de las transformaciones que ha sufrido la cuenca”. Según Lombó, sólo los cuatro canales que fueron ampliados en 2016 con el acuerdo de Santa Fe (Martillo Grande, Acequión, Florentino y Litín), transportan 77 m3/seg., lo que equivale a un 55 % del caudal de 25 años de recurrencia, “si tenemos en cuenta que en el recorrido del San Antonio descargan más de 40 canales secundarios, el número realizado no puede afirmarse que se aproxime a la realidad”, agrega con contundencia.

Repensar el sistema

Para Lombó es necesario pensar en sistemas de regulación aguas arriba en Córdoba con el fin de no generar mayores caudales en las áreas aledañas al sistema en cuestión. Por otro lado, falta evaluar qué pasa aguas abajo en el Río Carcarañá, algo que el informe no tiene en cuenta.

Para el especialista (quien hasta hace muy poco se desempeñó en la Secretaría de Asuntos Hídricos provincial), hay que analizar la relación costo beneficio. “Siempre nos opusimos al proyecto. Hay que hacer una modelación hidrológica de la cuenca para determinar los caudales”. Y sostuvo que se afirma en la “necesidad de sacar una obra de apuro”. “Hay mucha presión de los productores porque se inundan y se hace una obra con resultados muy difíciles de valuar. La mayor preocupación para Santa Fe es que autorizamos a Córdoba a ampliar los canales sin tener una evaluación de lo que pasaba aguas abajo. Hay que repensar el sistema, Córdoba tiene que empezar a retener aguas arriba, ellos ampliaron la frontera agrícola, eso genera más caudales de agua, y esa agua difícilmente pueda salir”. En resumen, hacer una modelación integral de la cuenca, determinar los caudales para las distintas recurrencias, las áreas de afectación, medir el impacto de esos canales aguas abajo y evaluar alternativas de retención. “Entiendo que el Ministerio no cuenta con los equipos técnicos para esta tarea”, disparó.

Duras críticas

Aún más duros, se manifestaron los productores agropecuarios. Franco Gai, quien viene advirtiendo sobre los efectos “nefastos” de una obra sin mensurar, la criticó diciendo que “se trata de una obra destructiva, meramente restrictiva”, y agregó que la Nación “compra” un proyecto sin siquiera haberlo analizado. “Desde hace cuatro años los argentinos perdimos 25.000 millones de dólares por las recurrentes inundaciones, y estamos al borde del desabastecimiento lácteo”, agregó.

El productor mantuvo reuniones con la Comisión de Asuntos Hídricos de CARSFE, entidad que también se mostró escéptica sobre la efectividad de la obra. “El convenio suscripto adolece de fallas fundamentales que podrían traer consecuencias para nuestra provincia de una magnitud difícil de dimensionar, que por imprevisión de los responsables de defender en estas circunstancias a los santafesinos pueden repetir inundaciones y anegamientos como los ya observados por situaciones parecidas en Castellanos, General López o 9 de Julio”, opinaron.

Por eso mismo, los ruralistas sostienen que todo proyecto de obra hídrica debería contar con los estudios para definir claramente su diseño, y caudales máximos a evacuar para recurrencias de 2, 5, 10, 25, 50 y hasta 100 años. Pero hay más objeciones: “los estudios presentados cumplen muy pobremente puntos básicos de todo estudio serio. “Lo más alarmante es que se han tomado mediciones de caudal del período 1941 a 1950, con datos dudosamente comprobables. En ese período, el máximo caudal aforado es de 142 m3, y si tenemos en cuenta que en las fechas de registro no existían los canales secundarios, el uso del suelo era otro, los aportes urbanos incomparables y las napas en esos años a 8 o 12 mts. Es decir que con los datos desactualizados y parciales con que se cuenta, ya quedan comprometidos hasta un 55 % del caudal supuesto. Fácil es imaginar el comportamiento con datos ciertos y las consecuencias para Santa Fe”, opinaron.

La entidad también criticó que nada se ha dicho de la adecuación del cauce del Carcarañá, “ya al límite de su capacidad y con amparos presentados por Oliveros y Andino en la baja cuenca para que no se sumen aportes hasta que se cuente con estudios serios y obras de sistematización de las cuencas media e inferior”.

También sostienen que no se han efectuado obras de retención de ningún tipo en Córdoba que retarden la llegada de caudales aguas abajo, “por lo que una vez más estamos ante el escenario de crear reservorios artificiales en nuestro territorio en campos productivos, y poniendo en riesgo poblaciones , caminos y otras infraestructuras”.

Por eso, denuncian que el plan está “plagado de irregularidades técnicas”. Y argumentan que la defensa de los productores santafesinos amenazados una vez más por obras que carecen de los mínimos parámetros de certeza deben movilizar a la entidad para evitar un nuevo desastre hídrico como el que anunciamos con altísimo impacto en los departamentos San Martín y Belgrano, que se suman a la ya crítica situación de Castellanos”.

La Picasa por tres

Ángel Borrelo, de la Comisión de Asuntos Hídricos de la entidad, coincidió con los otros productores consultados, sobre la supuesta ineficacia de la obra propuesta. “Sólo 4 canales de Córdoba ya ocupan el 55 % de la recurrencia prevista. Con los caudales que se pretende enviarle al San Antonio a través de los canales que ya hizo Córdoba y los consecuentes trasvasamientos, el canal se convertirá en el principal río de Córdoba, y no hay ninguna obra hídrica proyectada para atender esos caudales. La obra es insostenible económica y ambientalmente”, criticó. “Se pretende mandarle demasiado a un canal. Se destaca la falencia del proyecto, con datos mal tomados, y aspectos mal considerados”. También sostuvo que lo más grave para Santa Fe es que el Carcarañá tiene que ser adaptado en todo su cauce para recibir los caudales. “El río tiene 3 puentes antiguos que ya han provocado inundaciones. Si le aportamos semejante caudal de agua, estamos procediendo mal. Se repite una constante con Córdoba: drena lagunas naturales, y manda todo el agua a Santa Fe, que -lo que es peor- lo convalida, y no hace las obras para acelerar la salida del agua al Salado o al Paraná. Santa Fe se ha manejado muy mal históricamente”, disparó. “Si vos tenés que hacer una autopista de 6 vías y la hacés de 4, vas a tener embotellamientos, pero si hacés un canal que no drene el agua, vas a tener inundaciones”, ejemplificó. “Vamos a tener 3 Lagunas como La Picasa en la provincia”, advirtió.

“El proyecto fue redactado por un grupo de alumnos de tesis de la carrera de ingeniería hídrica de Córdoba. Hoy la localidad de Tortugas no tiene defensa, y el proyecto incluye un terraplén a una altura de 6 metros. Calculemos que si el agua llega a 5 metros de altura, inunda hasta 500.000 hectáreas de la zona de Tortugas, Bouquet, Piamonte, Landeta”, advirtió.

Oportunidad política

También consultado por este medio, el actual secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Juan Carlos Bertoni, defendió el proyecto, enmarcándolo en “una cuestión de oportunidad de financiamiento desde la Nación”. Sostuvo que “es el momento oportuno, y desde ese punto de vista se preparó un proyecto licitatorio que no está estudiado, sino que están los lineamientos”, y que cuando se adjudique la obra, la licenciataria deberá realizar en conjunto con las provincias el trabajo. “De ninguna manera se tiene que entender que el proyecto licitatorio es el que se va a ejecutar”, agregó, dando a entender que para él, lo importante es ponerse a trabajar. De hecho, aseguró que “se van a realizar los estudios actualizados”.

“Semanas atrás hubo una reunión en Casa de Gobierno con ambos gobernadores, y ese día, técnicos de ambas provincias expusieron los lineamientos generales del proyecto donde se indicó esto mismo”, agregó.

El funcionario remarcó que están previstas obras aguas arriba para retardamiento del escurrimiento. “Los mismos cordobeses tienen prevista una serie de trabajos en la cuenca alta del Canal San Antonio”, explicó. “El importe final de la obra asciende a $ 771 millones, que incluyen los estudios y la realización de las mismas”.

Para Bertoni, desde su asunción la Secretaría se planteó ejes concretos de trabajo. El primero es la planificación, la que ya se está implementando en 3 de las 7 macro regiones. “Se están realizando allí los estudios de planificación avanzados (junto con otras entidades, como la UNR, la UNL, y hasta el CFI), gestionando fondos para su concreción”.

El segundo aspecto es el desarrollo de proyectos (con profesionales en las sedes de Santa Fe y Rosario). “Es un pedido del gobernador que nos reforcemos con gente y equipamiento para lograrlo”, manifestó.

El último aspecto es la ejecución de obras. “Ya hay unas 11 máquinas trabajando bajo el formato de pago del 75 a cargo del Gobierno y el 25 a cargo del Comité de Cuenca), y hemos contratado 8 frentes de trabajo (para canalización y limpieza), para poder avanzar en los departamentos Las Colonias y Castellanos”.

El funcionario admitió que esto requiere de esfuerzos, y que el fortalecimiento institucional necesitará de gente, espacio físico, maquinaria, y vehículos para desarrollar la tarea, y que “hay que ver este momento como una oportunidad”, para empezar a resolver de a poco los problemas estructurales.

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Acuerdo. Los Gobiernos de Santa Fe y Córdoba suscribieron un importante acuerdo con la Nación para la ejecución de una obra vital.

Ley de aguas

El proyecto de ley que ya cuenta con media sanción legislativa, también encontró objeciones de parte del campo santafesino. Según opinaron los ruralistas, el proyecto carece de una mirada agronómica del agua. “Parecería que parte de un enfoque según el cual los productores agropecuarios usamos mal el agua y la ley viene a tutelar ese mal uso. Conceptualmente, no compartimos la idea de que para realizar actividad agropecuaria usando aguas públicas en todo predio de la provincia será necesario un estudio hidrológico y/o hidrogeológico aprobado por la autoridad de aplicación más un estudio de impacto ambiental y un plan de gestión ambiental; que no se sabe que validez temporal tendrán, y que la Provincia otorgará permiso o concesión para realizar uso de dicha agua, pagando un canon”, sostuvieron.