La cámara pide el juicio oral y público
Rechazan la prescripción de una causa contra el banco de los hermanos Rohm
DyN
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un nuevo planteo de un imputado en la causa en la que se investigan estafas cometidas a fines de los ‘90 por el Banco General de Negocios (BGN), de los hermanos Rohm, y urgió a que se realice rápidamente el juicio oral y público.
La Sala Primera del máximo tribunal penal del país, con las firmas de los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, desestimó un planteo formulado por el contador Jorge Carlos Aguzzi, ex empleado y auditor del BGN.
En la causa se investiga una presunta defraudación del orden de los 250 millones de dólares, a través de una compleja maniobra cuyo origen se remonta a los años 80 y que se perfeccionó a fines de los 90, en perjuicio de cientos de ahorristas.
Los hermanos José y Carlos Rohm fueron los fundadores del BGN, pero el primero de ellos no llegará a juicio, pues falleció en 2014.
Ambos fueron investigados por presunto lavado de divisas y fuga de capitales, en una intrincada causa que llevó adelante la jueza federal María Servini y que aún no está concluida.
La causa está radicada ante el Tribunal Oral en lo Federal número tres, pero desde su elevación a juicio, en 2008, siempre aparecieron obstáculos que impidieron la realización del debate.
El último fue el pedido de prescripción formulado por Aguzzi, que fue rechazado mediante una resolución de 21 páginas, a la que tuvo acceso DyN.
Pese a la larga tramitación del expediente, la Casación repasó que “Aguzzi fue llamado a prestar declaración indagatoria el 15 de mayo de 2003, luego el representante del Ministerio Público Fiscal formuló requerimiento de elevación a juicio el cinco de setiembre de 2008, y finalmente se citó a las partes a juicio con fecha siete de agosto de 2014”.
Esos pasos procesales interrumpen la prescripción de una causa, y entre el último de ellos, (la citación a juicio) y la actualidad “no han transcurrido los seis años”, plazo máximo de la eventual condena contemplada para el delito que se les imputa a todos los procesados.
La parte resolutiva del fallo dispuso “encomendar al Tribunal Oral se imprima la celeridad correspondiente, evitando todo tipo de actuación dilatoria, a fin de llevar a cabo el respectivo juicio oral y público en relación a los hechos que aquí se investigan”.
La investigación rozó, incluso, al difunto ex ministro de Economía de la última dictadura José Alfredo Martínez de Hoz.
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