Agenda parlamentaria
Dos temas excluyentes en Diputados
Sobre educación sexual hay dos dictámenes previos. Tercer intento de regular los servicios que prestan particulares en materia de seguridad.
Mario Cáffaro
La Cámara de Diputados tiene en agenda dos temas de alto impacto: la regulación de los servicios de seguridad privada y el derecho de los estudiantes de la provincia a recibir educación sexual integrada en todos los establecimientos de la provincia, ya sean de gestión pública como privada.
La oficialista Alicia Gutiérrez (SI) presentó, por quinta vez, el proyecto de ley que apunta a regular la prestación privada de servicios de vigilancia, investigación, custodia y seguridad de personas y/o bienes por parte de personas físicas y jurídicas de la provincia. La legisladora recordó que hubo media sanción en dos ocasiones y el tema quedó frenado otras tantas ocasiones en el Senado. “Hoy el sistema funciona en el marco de un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo y las empresas agrupadas en cámaras están de acuerdo con el proyecto” destacó a El Litoral el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Rubén Galassi.
“EI efectivo control del funcionamiento de las agencias prestadoras de los servicios de seguridad privadas requiere una precisa normativa que determine las condiciones y alcances con que las mismas deben ser habilitadas, registradas, fiscalizadas y eventualmente sancionadas. El establecimiento de disposiciones reglamentarias orientadas a cumplimentar con dichos objetivos redundará además en beneficio del interés público y de la seguridad de los usuarios” señaló Gutiérrez al explicar las razones por las que insiste con la temática.
El Ministerio de Seguridad informó a la Cámara que se encuentran hoy habilitadas 181 empresas para prestar el servicio de seguridad privada con 8.697 agentes en funciones. De esas empresas, 113 funcionan en Rosario con 5.605 agentes; 38 en La Capital con 1.381 efectivos y en San Lorenzo, 6, con 532 empleados.
“La falta de una regulación efectiva de los poderes públicos sobre los servicios de seguridad privados conlleva una renuncia tácita inaceptable por parte del Estado a su potestad primaria como detentador del monopolio de la fuerza legítima, garantizador de la paz social y espacio de realización de los derechos fundamentales”, agregó Gutiérrez.
Posturas encontradas
En materia de educación sexual se cruzan dos posturas. La oficialista que tiene como vocero al socialista Francisco Garibaldi, mientras que desde Cambiemos Sergio Más Varela impulsa -en minoría- un dictamen propio. La Comisión de Educación llevó adelante, el año pasado, una ronda de consultas sobre la materia donde se escucharon posturas muy críticas de sectores ligados a la Iglesia Católica y a cultos evangélicos en contra del proyecto. “No nos oponemos a la educación sexual, nos oponemos al proyecto tal cual lo presentó el socialismo” señaló Más Varela. “Consideramos que debe estar en la ley la participación de la familia y la adaptación según la realidad sociocultural de cada establecimiento tal como lo prevé expresamente la ley nacional sobre la materia, la 26.150”, acotó.
Garibaldi afirmó que “el proyecto nace desde el bloque de diputados socialistas con la clara intención de avanzar en este derecho que, entendemos, es una responsabilidad indelegable del Estado. Sostenemos la necesidad de contar con una legislación propia que brinde un marco normativo a las importantísimas acciones que se vienen desarrollando desde la gestión provincial y que permita a su vez continuarlas y profundizarlas. Trabajamos en una propuesta que tomó como base, pero que a la vez es ampliamente superadora de lo establecido por la Ley Nacional Nº 26150”. El socialista remarcó que “queremos educación sexual integral en cada una de las escuelas santafesinas y en todos sus niveles, porque todos tenemos derecho a ejercer plenamente nuestros derechos sexuales y reproductivos; porque creemos que el Estado es el garante de ese derecho; porque queremos que cada persona tenga igualdad de oportunidades, independientemente de su orientación sexual o identidad de género; porque queremos desnaturalizar los estereotipos de género y porque sin educación no podremos acabar con la violencia machista”.
ATN
En una semana envuelta por cruces de declaraciones por la distribución de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), el jefe de la bancada socialista, Rubén Galassi, presentará un proyecto de declaración solicitando se respete la decisión emanada en 2002 de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), pidiendo sean las provincias las que distribuyan esos importes de acuerdo a las necesidades.
Redacción de El Litoral
De los 75 pedidos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la circunscripción Santa Fe para entrevistas en cámara Gesell, se realizaron hasta este último viernes unas 25 medidas en un plazo de un mes, es decir, desde que comenzó a actuar la Unidad Interdisciplinaria de Atención en Medidas de Prueba en Niños, Niñas y Adolescentes (Uiamp) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Hasta ese momento, los atrasos para tomar declaraciones testimoniales con esta modalidad oscilaban entre los 30 días y 13 meses.
Los datos fueron revelados por la flamante Uiamp, encargada de efectuar acompañamientos en las declaraciones testimoniales que se toman en el marco de investigaciones penales que lleva adelante la Fiscalía.
Interdisciplinario
La unidad, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penales, está conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales especializados en la materia, que prioriza un modelo de protección de la infancia.
La cámara Gesell es una de las tantas medidas que se pueden adoptar cuando se necesita recabar el testimonio de un niño, niña o adolescente en un proceso penal. La primera entrevista en la que la Uiamp intervino, tuvo lugar el 5 de abril pasado en la capital provincial, a pedido del fiscal Jorge Nessier (prestó declaración testimonial un menor de edad que fue testigo de un hecho). Desde entonces, se celebraron 25 entrevistas con este sistema de las 75 que están solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación hasta el 12 de julio de 2017, siempre en la circunscripción judicial Santa Fe.
La Uiamp está integrada por un equipo interdisciplinario de psicólogos, a los cuales se les han asignado funciones de entrevista a niños, niñas y adolescentes; también se ha trabajado en casos de violencia de género, todas éstas hasta el momento con cámara Gesell; y abogados, que cumplen la función de enlace entre la Unidad y los demás actores intervinientes, a los efectos de articular y supervisar las entrevistas e informes a elevarse a fiscales, defensores o jueces.
El Litoral es miembro de:
En Asociación con:
