Ante posibles casos de violencia institucional

Diputados pone foco en actuaciones policiales

El cuerpo solicitó informes sobre la muerte de una bibliotecaria en una comisaría de Rosario. Notas de Derechos y Garantías a autoridades del sistema penal por hechos ocurridos en Vera.

Carlos del Frade, Claudia Giaccone y Sergio Más Varela presentaron proyectos.

Foto: Archivo El Litoral

Mario Cáffaro

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En la última semana, la Cámara de Diputados fusionó en un texto tres pedidos de informes presentados debido a la muerte de una bibliotecaria en la comisaría décima de Rosario, e integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías elevaron notas a los titulares del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de la Defensa Pública por las denuncias recibidas en Vera de familiares de jóvenes víctimas de violencia policial.

El caso de la muerte de María de los Ángeles París en la comisaría décima de Rosario motivó la presentación de tres proyectos: Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Claudia Giaccone (Juntos por Santa Fe) y Sergio Más Varela (Cambiemos), solicitándole al Ministerio de Seguridad determinados informes sobre lo ocurrido en relación a ese hecho. En el recinto, fue Más Varela el encargado de fundamentar el proyecto admitiendo que la víctima era hermana de su mejor amigo de la adolescencia y de quien conocía “su sensibilidad incapaz de ser violenta”. En el pedido apunta a conocer si el personal policial se encuentra capacitado para la contención de víctimas de inseguridad y preparados para brindar asistencia en reanimación cardiopulmonar.

La mujer se acercó a la seccional policial el miércoles 3 de mayo a la noche, a denunciar un arrebato sufrido en la vía pública, y salió sin vida del lugar, en circunstancias aún no aclaradas.

La minuta pide conocer si las comisarías cuentan con lugares especialmente acondicionados para alojar a personas puestas en custodia y no privadas de su libertad, y en caso afirmativo cuáles son las características ambientales y equipamiento. Además pretende conocer si existe un protocolo de actuación en comisarías para quienes no están detenidos y si los efectivos policiales realizan cursos en relaciones públicas. “Es importante que el personal se encuentre capacitado para la contención de las víctimas que concurren a las comisarías para solicitar asistencia frente al hecho de inseguridad, como también deberían estar preparados para brindar asistencia en reanimación cardiopulmonar”, sostuvo Más Varela.

París se desempeñaba como bibliotecaria en el complejo Francisco de Gurruchaga y en la Escuela Técnica 464.

“Lo poco que se conoce refiere a lo informado por las autoridades policiales, y es que el fallecimiento se dio en el marco de su concurrencia a una dependencia policial para denunciar un intento de robo, del cual había sido objeto horas antes, y que aparentemente la fallecida había sido esposada y puesta en custodia en un lugar apartado de la dependencia policial, desconociéndose los motivos de tal proceder”, acotó el legislador. “Hasta el momento nos encontramos sin que se hayan podido dilucidar las reales circunstancias en las que se produjo tan lamentable suceso”, remató Más Varela.

Visita al norte

De la visita a Vera de tres integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías (Alicia Gutiérrez, Silvia Augsburger y Leandro Busatto) se dispararon una serie de notas a autoridades del sistema penal para advertir de la gravedad de los testimonios recabados sobre violencia policial en esa ciudad.

Entre las principales denuncias recibidas detallaron graves sucesos de violencia física y verbal, además de malos tratos, abuso, hostigamiento y detenciones arbitrarias. Además, las personas presentes mostraron los obstáculos a los que se enfrentan cuando deciden denunciar este tipo de vejaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad.

Los diputados entienden que “hubo cuanto menos una mirada cómplice de funcionarios de la Justicia”, para que la Policía pueda actuar de esa forma. Es por eso que gestionaron una reunión con el fiscal general, Jorge Baclini para analizar la situación y enviaron nota a la titular de la Defensa Pública, Jaquelina Balangione, para que designe en forma urgente a un defensor público en esa localidad ante el traslado de Martín Cáceres el titular anterior. Pero también elevarán nota a la auditora de Gestión del MPA, María Cecilia Vranicich, para que investigue la conducta de los fiscales de esa ciudad del norte.