Extenso documento de Edgar Hugo López
Mirada crítica sobre el informe Nogueras
El ex funcionario y diputado justicialista aclaró que el trabajo de la comisión fue “un despropósito jurídico”. Acusa a Obeid de haber desviado la atención mientras vendía el banco a los hermanos Rohm. Un informe que no era secreto.
La comisión encabezada por Alfredo Nogueras, en plena tarea. Foto: Archivo El Litoral
Redacción de El Litoral
En un extenso documento, Edgar Hugo López califica de “relato” al informe de la Comisión Nogueras reflotado por el actual gobierno en las últimas semanas y aclaró que ese trabajo no era secreto sino “un documento público y publicado que obra tanto en sede administrativa como judicial”.
La nota entregada a El Litoral se titula “El informe de la Comisión Nogueras: el relato continúa” y fue elaborada a partir de textos publicados por este diario a partir del 15 de marzo último, cuando el propio gobernador Miguel Lifschitz encabezó un acto presentando dos decretos: uno dispone que la provincia, a través de la Fiscalía de Estado, se constituya en querellante en el proceso que se tramita en sede de la Justicia Federal y el otro que establece la “desclasificación” de un informe producido por la Comisión Nogueras en el año 1997 sobre la operatoria del ex Banco Provincial de Santa Fe. Para López, el primer decreto no merece objeción y sobre el segundo, disiente con Lifschitz “en que no estamos en presencia de documentación secreta y, salvo la influencia de ver mucha televisión o admirar a Julian Assange, Lifschitz no puede emplear ese término, porque el informe es un documento público y publicado, que obra tanto en sede administrativa como judicial. No quisiera imaginar siquiera que estamos en presencia de otra mise en scene sobre una cuestión tan sensible y con motivo del proceso electoral que el mismo gobernador puso en marcha simultáneamente, mediante convocatoria de esos mismos días”.
López es un dirigente justicialista que fue subsecretario de Seguridad Social, ministro de Salud y Acción Social, Fiscal de Estado y diputado provincial (1991-1995). Aclara que “nunca fui funcionario del Banco. En ningún caso, tuve que ver con las deudas, con los créditos otorgados, ni con los convenios celebrados por el banco en las distintas operatorias de recupero de cartera. Mucho menos con la contratación de bienes y servicios por parte del Banco. Sólo tuve intervención en los juicios en que el Banco era parte ejerciendo el patrocinio letrado”.
En capítulos
En una docena de carillas, analiza diversas cuestiones para concluir que “alguien tiene que decir que la Comisión Nogueras fue un despropósito jurídico, atravesada por la finalidad subalterna de la oposición de utilizarla como tribuna política, y constituyó una perversa mise en scene del gobernador Jorge Obeid que buscó culpables, mediante un gran batifondo, direccionando las sospechas hacia los gobiernos justicialistas que lo precedieron. Creo que su intención era distraer la atención mientras le vendía el banco a los hermanos Rohm. Que quede claro que el banco no se vendió por un crédito mal dado a los hermanos Matera, catorce años antes del fideicomiso”.
Son siete los apartados en los que divide su exposición: el primero de los cuales analiza el mérito de oportunidad y conveniencia de la representación del informe. “Si el gobierno socialista pretende aprovechar electoralmente este asunto generando un demérito del justicialismo, creo sinceramente que está equivocado porque no puede acusar quien en los últimos diez años de gobierno recibió una provincia sin deuda, con un presupuesto de 7.900.000 de pesos (dólar costaba 3 ó 4 pesos), saldo disponible de 1.600.000.000; 6 ministerios y 250/280 funcionarios. Hoy el presupuesto es de 157.000.000.000 ó 10.000.000.000 de dólares); se recauda más de lo presupuestado; tiene 14 ministerios, más de 1.000 funcionarios y una deuda desconocida. Más del 90% del presupuesto lo destina a gastos corrientes y de lo poco que destina a obras públicas, las partidas están subejecutadas”. También le dice a la gestión socialista que “tampoco pueden exhibir una gestión bancaria eficiente porque al Banco Municipal de Rosario lo capitalizaron dos veces y hoy subsiste por haberse apropiado indebidamente de los depósitos judiciales de la 2ª Circunscripción”.
López luego se detiene en el proceso económico argentino a partir de los cambios introducidos en el sistema económico por José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura. Después fundamenta lo que considera “ribetes escandalosos” que tuvo el proceso de privatización y venta del Banco de Santa Fe.
El punto cuarto se refiere al encuadre jurídico de la Comisión Nogueras. Parte de señalar que los funcionarios públicos pueden ser sometidos a determinados tipos de juicios pero las comisiones investigadoras “únicamente pueden crearse por voluntad legislativa (por ley) y sus facultades no pueden exceder las de un juez de la Constitución”.
La historia de la comisión
Para López, el origen de la comisión se da cuando el ex gobernador Obeid encomienda a la Fiscal de Estado, Irmgard Lepenies, que emita una opinión “sobre aspectos legales de una eventual acción de gobierno en relación con la situación de cierta cartera de deudores del Banco de Santa Fe Sapem y de las actuaciones sumariales, judiciales y penales desarrolladas a su consecuencia”. El gobernador le envió a la funcionaria la carpeta de los 58 mayores deudores del banco con calificación de dificultoso a incobrable para que le diga qué estaba pasando y qué tenía que hacer”. La respuesta está en memorándum 1/97 donde “llegó a conclusiones que pueden resumirse en la existencia de irregularidades, en el hecho de que puede haber más situaciones similares que no fueron puestos en conocimiento de ella, que pudo haber actos cometidos fuera de las atribuciones de los funcionarios, que se pueden haber generado responsabilidades civiles, penales, etc.”. La recomendación fue revisar la situación los créditos y “desarrollar actividad interna tendiente a hacer efectiva la responsabilidad civil de empleados o funcionarios responsables de perjuicios”.
Según López, el 3 de febrero de 1997, “el gobernador Obeid comienza a apartarse de la legalidad cuando dicta el decreto 0234/97 y va más allá de lo recomendado por la fiscal, porque ordena a los directores del banco que constituyan una Comisión Investigadora con atribuciones suficientes”. Tres días después, el directorio dicta la Resolución Nº 982 “por la cual crea, en los hechos, un tribunal popular. Y no exagero ya que lo que tenía que ser una comisión interna del banco, con la colaboración de otros funcionarios públicos en caso de ser necesario, se transformó en una convención de la oposición política y de las entidades intermedias invitadas, lo cual no encuadraba en ninguna de las formas posibles previstas en nuestro ordenamiento legal y constitucional”.
Luego llegó otro decreto, 341/97, “por el cual no sólo reconoció la existencia y validez de la comisión sino que le otorgó más facultades, extendiéndolas a toda anomalía o irregularidad. Es decir que el gobernador dispone que la comisión investigue todo lo que se le ocurra y no sólo los créditos a que hacía referencia la fiscal de Estado”.
El funcionamiento
López considera que la Comisión Nogueras no investigó absolutamente nada. Describe que sus miembros se reunían dos o tres veces por mes, tomaban la declaración de algún funcionario que habían previamente citado y luego, violentando su reglamento interno, hacían un desarrollo mediático con declaraciones de sus miembros, las más diversas y para todos los gustos. Cuando llegó el tiempo de las conclusiones, tomaron el dictamen de la fiscal y los antecedentes que ya obraban en la Justicia, y elaboraron un “relato” en forma de dictamen que no agregaba ningún aspecto significativo a lo ya conocido.
- Estoy muy lejos de encubrir conductas reprochables; pero soy militante de la democracia y del Estado de Derecho y he sufrido los procesos en los cuales, desde un sector o del otro, se han violado la ley y la Constitución”.
Edgar López
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