Por el uso de Justicia Militar sobre civiles

Venezuela preocupa a la Cidh

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó su “profunda preocupación” por el procesamiento y detención de civiles en la jurisdicción penal militar y el uso de operaciones militares para el control de manifestaciones públicas en Venezuela.

La Cidh está dando seguimiento muy cercano a la situación de protestas masivas en Venezuela desde que iniciaron hace unas ocho semanas. La Comisión ya ha manifestado su extrema preocupación por los hechos de violencia y su alarma sobre la militarización y el llamado del gobierno a armar a milicias civiles. “Lamentablemente, la situación continúa agravándose, y el número de personas muertas, heridas y detenidas está permanentemente en aumento”, sostienen.

Según la información presentada públicamente por la fiscal General de la República, desde el 6 de abril al 24 de mayo el Ministerio Público de Venezuela tiene registradas 55 personas fallecidas por hechos de violencia, 52 de ellas civiles y 3 funcionarios. Asimismo, el Ministerio Público informó tener registro de más de mil personas lesionadas, incluyendo 771 civiles y 229 funcionarios. Indicó que 346 bienes se han visto afectados durante los hechos de violencia. La fiscal General informó que hay 1.465 investigaciones en curso, que se ha imputado a 2.674 personas por diferentes delitos, y que 284 de estas personas han sido privadas de libertad.

Organizaciones de la sociedad civil y voceros del gobierno, por su parte, indican que las muertes producto de la violencia en el contexto de las manifestaciones alcanzarían las 60 víctimas, incluyendo seis adolescentes, y que del 1º de abril al 24 de mayo de 2017, habría 2.815 manifestantes arrestados, de los cuales 1.240 permanecen detenidos.

En respuesta a la situación de violencia, el gobierno anunció la activación de la segunda fase de la operación cívico-militar conocida como Plan Zamora. A través de esta operación, en la cual participan funcionarios policiales y militares y también grupos de civiles armados, se ha procedido a realizar detenciones masivas y a aplicar la jurisdicción penal militar a los civiles detenidos en las manifestaciones.

La Cidh expresa su profunda preocupación por el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación social y política en forma más amplia.