A partir de un mensaje del Poder Ejecutivo
Diputados discute el traspaso de personal al sistema penal
- El proyecto incluye también dejar en manos de fiscales y defensores todas las causas penales. Plenario de dos comisiones para considerar el asunto.
Silberstein y Lifschitz presentaron este año el mensaje que prevé el traspaso del personal y funcionarios del viejo sistema penal al nuevo. En la presentación también estuvo el ministro Farías. Foto: El Litoral
Mario Cáffaro
La Cámara de Diputados puso en agenda para la sesión de esta semana el mensaje del Poder Ejecutivo que dispone el traspaso de personal del viejo al nuevo sistema penal así como de la competencia de todas las causas penales al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal.
La Casa Gris remitió el 31 de marzo pasado el mensaje 4560 “para contribuir a elevar los índices de eficacia del sistema de administración justicia”. El jefe de la bancada socialista, Rubén Galassi, pidió tratamiento preferencial para esta semana y la llegada al recinto dependerá de la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales prevista para mañana, a las 10.
Previamente en las comisiones escucharán a los sindicatos de empleados judiciales que tienen algunas objeciones al mensaje. Ya pasaron por comisiones entidades ligadas al quehacer judicial haciendo observaciones al texto.
El tema es uno de los destacados entre los 21 que tienen preferencia para este jueves.
El proyecto “pretende aprovechar al máximo la experiencia y formación de los funcionarios del Poder Judicial para ser volcada en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, para de esa manera contar con mayor número de fiscales que ejerzan la persecución penal, y de empleados que coadyuven a esta tarea, facilitando el montaje del organismo, el cual, a medida que se va agotando el viejo sistema de enjuiciamiento’ penal, cuenta con mayor carga de trabajo”, señala el mensaje firmado por el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein. “Dotar de la mayor cantidad de recursos formados al MPA, en tanto y en cuanto es el organismo medular de este nuevo sistema de enjuiciamiento penal, en virtud de su rol proactivo y central en el mismo, resulta de vital importancia”, acota.
Para apoyar el reclamo del traspaso se citan detalles del informe presentado a fines del año pasado ante la Legislatura por el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación donde señaló que desde febrero de 2014 hasta junio de 2016 ingresaron 473.079 legajos. Ese número de legajos distribuidos entre los existentes 117 fiscales promedian 4.043 legajos por cada fiscal en casi dos años y medio. En igual período, se realizaron 30.100 audiencias, con imprescindible concurrencia de fiscales
Se aclara que se deja en manos del Fiscal General o del Defensor General el dictado de cursos de capacitación, análisis de idoneidad y consecuente propuesta para desempeñarse como fiscales y defensores estableciendo porcentajes mínimos que afiancen su fortalecimiento operativo. También prevé el pase de secretarios y prosecretarios del sistema de conclusión de causas.
En la parte final de los fundamentos, el Ejecutivo destaca “la finalidad de unificación del sistema de enjuiciamiento penal en cabeza de las operadores del referido sistema de juicios criminales en el que se enroló la provincia, el cual a más de tres años de su plena entrada en vigencia ha sido probado, al igual que sus autoridades y funcionarios. De esta manera, todas las causas penales tendrán una adecuada resolución, un criterio unificado de persecución y defensa, evitando la dispersión y/o desconexión en la investigación de las mismas, permitiendo -como hecho de notable importancia- al fiscal general y fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación tomar decisiones de calidad, con la debida seguri d jurídica y social que ameritan las mismas”.
El proyecto
El articulado del mensaje consta de 16 artículos, el segundo de los cuales establece que dictada la ley el 60% der personal administrativo, de mantenimiento, producción y servicios generales, y los respectivos cargos que cumplen funciones en el viejo sistema penal pasarán al MPA “respetando el asiento territorial al que pertenecen”. Otro 20% irá a la Ofician de Gestión Judicial y el restante 20% en el fuero que la Corte determine, con preferencia en el laboral.
El personal de Defensorías Generales irá al Sistema de Defensa Penal.
Otro artículo dispuso el pase de los fiscales de primera instancia y de las cámaras de apelación y requerirán acuerdo legislativo para ocupar cargos de fiscales. La misma situación deberán sortear los defensores oficiales.
Médicos forenses, peritos oficiales, funcionarios y empleados del cuerpo médico forense también pasarán al MPA.
Además el proyecto dispone que un fiscal para cada una de las cinco circunscripciones para que queden a cargo de las causas del sistema residual.
Asamblea: Martínez contra Martínez
Esta tarde, la Comisión de Acuerdos ahora presidida por la diputada socialista Inés Bertero, entrevistará a los 9 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para diferentes cargos en el Poder Judicial y que deberán ser considerados mañana por la Asamblea Legislativa.
Hubo una sola impugnación ante la Comisión de Acuerdos y la presentó el actual obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez con quien fue propuesto para fiscal regional de Reconquista, Rubén Daniel Martínez. La objeción tiene que ver con la actuación del hoy fiscal en la causa donde está imputado el sacerdote Néstor Monzón por abuso sexual. El tema deberá ser resuelto hoy por la Comisión de Acuerdos.
Los restantes pliegos son los de Ana Edit Rabin y Donato Antonio Trotta, ambos funcionarios actuales del sistema penal residual y que pasarán al vigente organigrama del MPA como fiscales en Rosario. Además, para Rosario, propone el pliego como defensora Pública Adjunta del Servicio Público provincial de la defensa penal de Gabriela Analía Cabrera.
Los restantes cinco pliegos pertenecen al fuero civil y comercial y apuntan a cubrir vacantes en juzgados de primera instancia de Santa Fe y Rosario. Los nombres propuestos son los de Lucio Alfredo Palacios para el juez local de la séptima nominación. Los restantes son para vacantes en Rosario: Ezequiel María Zabale (tercera nominación); Lucrecia Mantello (quinta); María Silvia Beduino (decimoséptima), y Gabriel Abad (novena).
Quejas
El diputado Joaquín Blanco (PS) señaló que el gobierno Nacional está incumpliendo con la entrega del dinero comprometido para la capitalización del Fondo de Inversión y Desarrollo, destinado a paliar la crisis de los tamberos. “A dos meses de su implementación, la provincia ya entregó préstamos por un monto promedio de 300 mil pesos, mientras que desde Nación utilizan trabas burocráticas para no enviar los fondos”, denunció.
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