Preparativos para las elecciones

Adscripciones con restricciones y horas extras por 8,8 millones

  • Con el argumento de reforzar la estructura de personal de la Secretaría Electoral durante los próximos comicios y en pos de lograr la “perfección” de los mismos, el Poder Ejecutivo autorizó la adscripción de empleados de otras áreas. Pero dejó expresamente establecido que serán excluidos quienes hayan trabajado en elecciones anteriores. “Queremos garantizar transparencia”, argumentó Pablo Farías.
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foto: archivo el litoral

 

Ivana Fux

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Mediante el decreto Nro. 1.247 del pasado 12 de mayo, el Poder Ejecutivo autorizó la “adscripción temporaria” de personal de diferentes reparticiones públicas al Tribunal Electoral provincial. La medida se adopta para reforzar las tareas durante todo el proceso electoral y el escrutinio tanto de las primarias de agosto como de las generales de octubre. Esta vez, el decreto plantea en su segundo artículo una restricción expresa respecto de quienes “no” podrán solicitar la adscripción. Dicho postulado establece que “no podrán adscribirse aquellos agentes que hallan prestado servicios en procesos electorales anteriores, con excepción de los que expresamente sean requeridos por la Secretaría Electoral, previa aprobación del secretario de Coordinación Técnica”.

En los considerandos del decreto, se fundamenta la necesidad de contar con personal “idóneo”, pero nada se dice respecto de qué argumentos fundamentan la restricción. Éste es el primer proceso electoral que se planifica durante la gestión de Miguel Lifschitz, y fue precisamente la elección que lo consagró gobernador la que terminó plagada de controversias. En ese marco, el propio mandatario llegó a responsabilizar a “algún imbécil” de la manera en la que se había dispuesto la carga de datos durante el escrutinio provisorio, que derivó en una gran confusión. En ese momento, los responsables del operativo informático eran Javier Echaniz y Martín Degratti. Degratti, como informara oportunamente El Litoral, presentó su renuncia días pasados al cargo de secretario de Tecnologías para la Gestión.

“Renovar”

Según estimó el actual secretario Electoral, Patricio Pascual, para los próximos comicios podrían adscribirse “alrededor de 50 agentes”, aunque en diálogo con El Litoral, aseguró desconocer las razones por las que se excluyen a quienes hayan trabajado en otras elecciones.

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, dijo estar al tanto de la decisión y conocer sus fundamentos. Farías fue el único funcionario que firmó el decreto junto al gobernador. Consultado por El Litoral respecto de si la decisión apuntaba a evitar controversias como las hubo en los últimos procesos, Farías admitió que con la “renovación” se pretende garantizar mayor transparencia.

“Lo que se busca para funciones menores o para el refuerzo de funciones del Tribunal y de la Secretaría Electoral, es que el personal que allí se adscribe especialmente para el acto comicial o para todo el proceso electoral vaya rotando; primero, porque es una oportunidad importante para los distintos empleados públicos, pero también porque esto garantiza una mayor transparencia”, afirmó.

Perfección

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo fundamenta la adscripción de personal al Tribunal Electoral en la necesidad de contar con “personal idóneo, capacitado en tareas administrativas y de servicio, asegurando cuantitativamente los recursos humanos necesarios para la realización del acto eleccionario”. Plantea que “la magnitud y particularidad de las tareas del proceso previo a los comicios, durante su ejecución y en su etapa posterior, imponen el desarrollo ininterrumpido y la sucesión metódica de actos laborales que, en unidad de criterio y conducción, posibiliten garantizar la perfección de los comicios y su culminación en los actos del escrutinio definitivo y de proclamación de autoridades electas”. Acota que en virtud de las leyes electorales vigentes, existen “plazos legales ineludibles para cada una de las etapas electorales” que deben ser cumplidos, y que a tales efectos “se torna necesario e impostergable proporcionar al Tribunal de personal suficiente e idóneo, para el cumplimiento de los objetivos emanados de la legislación electoral, priorizando el mejor aprovechamiento de los recursos humanos existentes dentro de la administración provincial”.

El decreto plantea que “es deber y responsabilidad del gobernante propiciar los medios conducentes a fin de garantizar un correcto y eficaz servicio con miras a la realización de todo el proceso electoral, sustento del sistema democrático”.

Afectados

El decreto también faculta al ministro de Gobierno a afectar de manera temporaria al personal permanente de otras áreas, en la medida que sea necesario. Dicha afectación podrá realizarse “dentro del horario ordinario de prestación de servicio” siempre que el responsable del área afectada exprese su consentimiento; o bien “fuera del horario ordinario de prestación de servicios”. En ese caso, se pagarán horas extras.

Por eso, el gobernador firmó un segundo decreto -el 1.308 del 19 de mayo- que autoriza la realización de horas extras al personal de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, pero también a los agentes de otras jurisdicciones que sean “afectados” a dicho organismo durante el proceso electoral. El argumento para reclutar agentes de otras áreas vuelve a ser el de reforzar la estructura de personal “considerando el incremento de las tareas”. Así, en la “Planilla Anexa A” del decreto citado se transcriben los nombres y apellidos de 725 empleados de otras áreas (API, Caja de Jubilaciones, Catastro, Viviendas, Desarrollo Social, Economía, Educación, Seguridad, Salud, entre otras) afectados a la Secretaría de Tecnologías, que podrán prestar funciones “en horarios habituales de trabajo o en contraturno”. En este último caso, también se contempla el pago de horas extras. La partida presupuestaria que el mismo decreto imputa y destina al pago de horas extras es de 8.883.000 pesos.

 

725

agentes

de otras áreas fueron “afectados” a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión para trabajar durante el proceso electoral.

50

agentes

adscriptos se requerirían para el mismo proceso.

8,8

millones

de pesos es la partida presupuestaria imputada para el pago de horas extras.