Pronunciamiento

La ONU, “profundamente preocupada” por la situación que vive Venezuela

De la Redacción de El Litoral

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La ONU calificó hoy de “profundamente preocupante” el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, la prohibición que se le impuso para salir del país y el congelamiento de sus activos, al igual que la anulación de la designación del vicefiscal Rafael González.

“La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela del 28 de junio de comenzar los procedimientos para la remoción de la fiscal general, congelar sus activos y prohibirle salir del país es profundamente preocupante, al igual que lo es la continuada violencia” en la nación sudamericana, consideró el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville.

“También nos inquieta la decisión del 27 de junio por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de declarar nulo el nombramiento de ella, del vicefiscal general y de designar en su lugar a un ‘numero dos’ temporal, en violación de los procedimientos bajo la legislación venezolana”, agregó.

La ONU también denunció la decisión de la Sala de asignar algunas de las funciones exclusivas de la fiscal general al defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab.

“Desde marzo, la fiscal general ha tomado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentar las muertes durante la ola de protestas, insistir en la necesidad del debido proceso y la importancia de la separación de poderes, y ha apelado a la liberación inmediata de las personas que han sido arbitrariamente detenidas”, recalcó Colville.

La ONU señaló que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia “parecen vaciar” la oficina de Ortega del mandato y de las responsabilidades que debe ejercer conforme a lo estipulado en la Constitución venezolana y “socavar la independencia” de la fiscal, citó la agencia de noticias EFE.

“El cese de funcionarios judiciales debería estar sujeto a criterios estrictos que no socavan la independencia y la actividad imparcial de sus funciones”, subrayó el portavoz.

Además, sostuvo que hay cada vez más informaciones que apuntan a que fuerzas de seguridad registran edificios residenciales, llevan a cabo búsquedas sin órdenes judiciales y detienen a personas, “supuestamente con la intención de impedir a la gente participar en las protestas y buscar afines a la oposición”.

“Urgimos también a todas las personas en Venezuela a emplear solamente medios pacíficos para hacer escuchar sus voces, e instamos a todas las partes a renunciar a la violencia y al acoso de oponentes”, concluyó.

Pedido presidencial

En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a los ciudadanos de su país ayudar en la localización y captura del policía Óscar Pérez, que atacó el martes desde un helicóptero la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Interior.

“Es un criminal, es un asesino, y le pido la colaboración a todo el pueblo de Venezuela, si aún se encuentra en territorio nacional, que el pueblo de Venezuela, al identificarlo, lo capture donde esté, a ese terrorista y criminal”, sentenció durante un acto político que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión.

En ese sentido, el presidente pidió a las organizaciones sociales y políticas afines a su gobierno colaborar con los cuerpos de seguridad del Estado con cualquier información de interés sobre Pérez, por quien la cartera de Interior emitió orden de captura internacional.

En paralelo, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, anunció que Venezuela libró orden de captura contra el policía y su difusión roja internacional a través de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), mientras “fuerzas especiales” continúan tras su pista dentro de la geografía nacional.

Entretanto, el vicepresidente Tareck El Aissami informó que la aeronave usada para los ataques fue localizada por las autoridades en una localidad del estado de Vargas, cercano a Caracas, sin que hasta el momento haya ningún detenido. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo han abierto investigaciones e instado a hacer averiguaciones, respectivamente, sobre un asunto que el ombudsman Tarek William Saab ha ponderado como un “llamado a golpe militar” y un intento de “desestabilización de las instituciones democráticas”.