Por la compra de un edificio
Piden indagatoria a Gils Carbó
Según el fiscal Taiano, se modificó la licitación para favorecer a una empresa y hubo coimas.
Redacción de El Litoral
El fiscal Eduardo Taiano pidió hoy la indagatoria de su jefa, Alejandra Gils Carbó, la procuradora general de la Nación, por las sospechas que surgieron de la investigación realizada sobre el proceso de compraventa del edificio de la calle Perón 667 donde están las principales oficinas del Ministerio Público Fiscal.
La Procuración General de la Nación pagó en julio de 2013 la suma de $ 43.850.000 por el coqueto edificio de la calle Perón al 600, donde Gils Carbó instaló su despacho y otras dependencias.
La procuradora general de la Nación había puesto al frente de la primera y más importante licitación desde que había comenzado su gestión en 2012, al licenciado en Economía y autotitulado experto en transparencia, Guillermo Bellingi. Según su designación, el especialista dependía de manera “directa” de Gils Carbó.
Como subdirector general de la Procuración, Bellingi intervino en la licitación y modificó una condición -en la segunda foja del proceso- que favoreció a la firma que finalmente resultó adjudicataria.
La empresa Arfinsa -del Grupo Bemberg- vendió el edificio. Y le pagó una comisión de $7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento. Bárbara Jaureguiberry, dueña de la inmobiliaria que lleva su apellido, a su vez le abonó por asesoramiento para la licitación la suma de $3.000.000 a Juan Carlos Thill, un productor de seguros de La Plata sin relación con el rubro inmobiliario.
Thill resultó ser medio hermano de Bellingi.
Taiano pidió la indagatoria de varios de los imputados porque considera que se cometieron los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Para el funcionario judicial se direccionó la licitación para que Arfinsa fuera el ganador y se recibieron coimas.
¿por decreto?
El diputado nacional de Cambiemos y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli afirmó hoy que no descarta “para nada” la posibilidad de que Gils Carbó sea destituida por decreto del Poder Ejecutivo, al entender que “hay jurisprudencia muy añeja” de la Corte Suprema de Justicia que así lo establece.
Dijo que “el mecanismo de juicio político para remover al procurador está previsto en la ley orgánica de la Procuración General de la Nación y ya hay jurisprudencia muy añeja de la Corte Suprema” que establece que el procedimiento “sólo lo puede establecer la Constitución y el hecho de que lo haga el Congreso es por lo tanto inconstitucional”.
“Así como está previsto que los jueces sean removidos, en el caso del procurador no está previsto y puede hacerse por otra vía”, apuntó.
Gabinete
El actual ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, reemplazará a Julio Martínez en Defensa, el secretario general de la Gobernación de Corrientes, Carlos Vignolo, ocupará el puesto de José Cano en el Plan Belgrano, y el ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, sucederá a Esteban Bullrich en la cartera nacional. Los cambios se producirán desde el próximo viernes, en razón de que los funcionarios salientes serán precandidatos a cargos legislativos en los comicios de octubre próximo. Además, el Ministerio de Comunicaciones será absorbido por el de Modernización, que conduce Andrés Ibarra.
De Vido apelará
El ex ministro kirchnerista y diputado Julio de Vido apelará el nuevo procesamiento en su contra por presuntas irregularidades en el pago de subsidios al transporte y aseguró que esa resolución responde a “las presiones del Ejecutivo”. De Vido sufrió además un embargo de 1.000 millones de pesos.
La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio, quien también procesó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos (actual diputado nacional kirchnerista por Santa Fe), Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro. Sobre ellos, el magistrado mandó a trabar distintos embargos, de hasta 900 millones de pesos.
En la maniobra, según la resolución, se “ocasionó perjuicio a las arcas del Estado nacional de aproximadamente seiscientos nueve millones trescientos veintiséis mil ciento ochenta y seis pesos, con veinticinco centavos ($609.326.186,25)”. .
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