Germán de los Santos

Hace 35 años, el entonces obispo de Rafaela Jorge Casaretto percibió que en Frontera, ese pueblo con límites difusos ubicado entre dos provincias, como Córdoba y Santa Fe, que siempre fue considerado el patio trasero de San Francisco, la pobreza arrasaba.

Por eso, en septiembre de 1982 llevó allí a la Madre Teresa de Calcuta, para que pusiera el ojo en esa tierra rica habitada por gente pobre. Tres años después, las Madres de Calcuta abrieron un centro comunitario, uno de los primeros en Argentina.

Más de tres décadas después, la marginalidad y la pobreza siguen intactas, quizá más agrietadas en esa localidad de 10.700 habitantes -según el último censo-, pero con un agravante: el narcotráfico. Esa zona está dominada por un clan familiar, como los Gallardo, que tiñó esa geografía del centro del país, con tierras fértiles y prósperas, de sangre y miedo, con una red de complicidades aceitadas que le garantizó a esta organización distribuir estupefacientes a otras provincias, como Córdoba, Santa Fe, Misiones y Buenos Aires.

Héctor Argentino Gallardo, alias Patrón, está preso desde el 18 de diciembre de 2013, cuando la Gendarmería lo detuvo en Orán, Salta. Le había ordenado a Juan Ignacio Figueroa, sicario de la banda, que matara a otro miembro de la organización en Posadas, Misiones. Estaba bajo sospecha por mejicanear droga a los Gallardo.

La Gendarmería apresó a Figueroa; iba a asesinar a Raúl Reynoso en un descampado en la capital misionera, donde este clan adquiría la droga y tenía fuertes inversiones en la industria maderera y en la compra y venta de autos de alta gama. En esa ciudad, Gallardo estaba en pareja con una mujer colombiana, que le aportó a su concubino una red de especialistas de ese país para hacer cocaína líquida. Estaban asentados en Misiones y en las afueras de Frontera, Santa Fe.

La caída de El Patrón encendió aún más la violencia en la pequeña ciudad santafesina, donde las jurisdicciones están separadas por una calle, que del lado cordobés se llama Juan Bautista Bustos y, del otro, Estanislao López. Allí conviven las Policías de Córdoba y de Santa Fe, y tienen jurisdicción dos juzgados federales, el de San Francisco, que fue creado hace cinco años, y el de Rafaela, que se inauguró en marzo de 2014. Esa división forzada por los límites, con una espesa madeja burocrática, deja espacios vacíos, zonas grises. Y los que burlan la ley sacan rédito de eso.

La Procuraduría de Narcotráfico (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y el fiscal de Rafaela Federico Grim, decidieron ahora “conectar” cuatro causas los expedientes 27.963/2015, 4.196/16, 32.303/16 y 18.100/17 para apuntar a desmantelar este clan, que no sólo vendía drogas, sino que irradiaba una violencia cruda en esa zona, donde hay fuertes sospechas de que esta organización actuaba con la complicidad policial. Antes, la Policía de Investigaciones (PDI) había atrapado a algunos alfiles de la banda.

Efectivos de Gendarmería detuvieron hace 15 días a Franco Figueroa, otro sicario de la banda, acusado de matar el 19 de enero de 2015 a Germán Losada y a Martín Chamorro, dos santotomesinos que pretendían ocupar el lugar de los Gallardo, tras la caída de El Patrón, para que esa zona con gente pobre siga siendo fértil para el narcotráfico.