Una estafa regional y millonaria

La causa Bolsafe quedó a un paso del juicio oral

La Cámara Federal de Rosario rechazó el último pedido de la defensa del contador Mario Rossini, impugnando los requerimientos de elevación a juicio de las querellas.

El rechazo de un planteo de nulidad, interpuesto ante la Cámara Federal de Apelación de Rosario por la defensa del contador Mario José Enrique Rossini, principal implicado en la megaestafa de Bolsafe Valores, dejó el caso a las puertas del juicio oral.

El jueves 10 de agosto, la Sala B de la Cámara Federal, integrada por los jueces José Guillermo Toledo, Edgardo Adrián Bello y Élida Isabel Vidal, convalidó la resolución del 26 de abril último, mediante la cual el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, no hizo lugar al planteo de nulidad de los requerimientos de elevación a juicio formulados por las querellas.

El pedido realizado por el abogado particular de Rossini, el penalista Néstor Oroño, pretendía echar por tierra la labor de los abogados querellantes Leandro Corti y Enrique Müller, que se reparten las más de 400 víctimas en dos grandes grupos.

En su análisis, el juez Toledo realizó un repaso de lo actuado por la Justicia Federal a partir del 27 de enero de 2014 cuando se acumuló a la investigación en marcha en dicho fuero, lo actuado por la Justicia provincial, puntualmente el primer procesamiento del 28 de diciembre de 2012 por el delito de “administración fraudulenta reiterada en 62 oportunidades”.

No hay perjuicio

El 20 de octubre de 2014 el juez federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, procesó a Rossini -con prisión preventiva- y gran parte de su equipo de trabajo por el delito de “defraudación por administración fraudulenta”, como delito continuado en concurso ideal con “captación de ahorro público e intermediación bursátil no autorizada en el Mercado de Valores”. En tal sentido recordó que dicho procesamiento fue confirmado parcialmente por la Cámara rosarina el 19 de marzo de 2015.

Luego hubo dos requerimientos de elevación a juicio por las querellas y uno por el Ministerio Público Fiscal, de los cuales los dos primeros fueron cuestionados por el Dr. Oroño.

En tal sentido, el camarista sostuvo que “Rossini conoció los hechos atribuidos, supo de la prueba en su contra y sobre ésta, ejerció debidamente su derecho de defensa por lo que no se percibe en qué consiste el perjuicio” al que alude la defensa en su reclamo.

En el mismo sentido, los camaristas Bello y Vidal votaron el rechazo del planteo de nulidad, dando por válido lo resuelto en la baja instancia.

Fraude millonario

Al igual que las partes querellantes, el Ministerio Público Fiscal, a la cabeza del Dr. Walter Rodríguez, también formuló el requerimiento de elevación a juicio.

El escrito presentado ante el juez Miño el 23 de febrero pasado daba cuenta de que producto de las maniobras delictivas desplegadas por Rossini y su entorno, se causó un fraude por $ 251.000.000. La cifra surge de un informe realizado por la propia fiscalía y la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), en el que se relevó la situación patrimonial de 408 víctimas que están presentadas en el expediente.

“Sospechamos que hay más” damnificados “porque la documentación que hemos detectado así lo indica”, dijo Rodríguez en su planteo.

La causa Bolsafe es considerada una estafa regional de grandes proporciones que tiene como principal imputado al contador Mario Rossini y su grupo de colaboradores, entre los que cuentan: su hermano Omar Rossini, María Mercedes Leiva, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Miriam Analía Sabella.

Tres partes

Meses atrás, en oportunidad de referirse al tema, la fiscalía del Dr. Rodríguez explicó que “la elevación a juicio comprende la situación procesal de nueve imputados” que abarca a un primer grupo que irá a juicio, ya que “la causa está dividida en tres”.

Las categorías empleadas refieren, en primer lugar, a “la gente que rodeaba y desarrollaba las actividades de las empresas Bolsafe Valores y BV Emprendimientos; el segundo grupo es el que nuclea a las entidades bancarias, Banco Galicia y Valfinsa; y el tercer sector eran quienes debieron ejercer el control desde el Mercado de Valores del Litoral”.

De los tres grupos sólo el primero es el alcanzado por los documentos de la fiscalía y las querellas.