Defraudación agravada
Condenaron a un ingeniero y su abogado por saltar “el corralito”
El Tribunal Oral Federal impuso pena única de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso para Miguel Ángel Dubarry y Carlos Mario Clerc, por haber cobrado -bajo ardid- bonos públicos en default. La causa salpica al juez federal Reinaldo Rodríguez.
En la foto, de izquierda a derecha, el defensor Juan Carlos Palacios, con su pupilo Carlos Clerc; el abogado Néstor Oroño y su cliente Dubarry, en la apertura de debate.
Foto: Flavio Raina
Redacción de El Litoral
Un ingeniero y un abogado de Buenos Aires fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, acusados de haber cometido fraude contra las arcas del Estado nacional, al haber logrado el pago de bonos públicos en default, gracias a un amparo en el que luego se constató la introducción de datos falsos.
El juicio que comenzó este martes con los alegatos de apertura del fiscal general Martín Suárez Faisal, terminó ayer con la sentencia impuesta por el tribunal que presidió el juez Luciano H. Lauría, junto con sus pares María Ivón Vella y José María Escobar Cello.
Si bien el fiscal había solicitado 4 y 5 años de prisión y el inmediato encarcelamiento para Miguel Ángel Dubarry (71) y Carlos Mario Clerc (68), el tribunal definió la pena en 2 años y 10 meses en suspenso para ambos. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró a Dubarry y Clerc como autor y partícipe necesario respectivamente de “defraudación agravada en perjuicio de la administración pública”, por haber logrado el cobro de bonos adquiridos al Estado nacional -Bocones Previsionales- a mediados de 2003 por un valor U$S 167.000, salteando leyes, resoluciones y decretos dispuestos como consecuencia de la crisis de 2001.
Para la Justicia, tanto el amparista, como su abogado cometieron delito tras haber introducido un recurso de amparo ante el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, al cual dio curso el juez Reinaldo Rodríguez el 22 de octubre de 2004.
Datos falsos
En el amparo, el ingeniero Dubarry, asesorado por el Dr. Clerc, introdujo en el reclamo de pago por “necesidad y urgencia”, como cotitular de la cuenta, a su suegro de entonces 91 años de edad -luego fallecido. Además, se constató que el domicilio legal fijado en la ciudad de Rafaela -para ser comprendidos por la jurisdicción-, era un terreno baldío.
Como resultado del planteo legal, el 25 de marzo de 2005 el Ministerio de Economía de la Nación realizó el depósito de $ 649.023 -con la cotización del dólar de la época- en favor de Dubarry y su suegro; dinero que fue retirado ese mismo día por el titular de la cuenta.
No obstante, el 21 de octubre de ese mismo año la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía y Producción de la Nación radicó la denuncia ante la Fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe que impulsó la acción.
El Estado le reclamó a Dubarry y a su abogado haber promovido un planteo de inconstitucionalidad de los decretos 471/2002, 316/2002, Ley 25.725, Ley 24.624 y las resoluciones del Ministerio de Economía 73/02 y 156/2003, tendientes a prohibir el pago de bonos públicos en default a su valor nominal en el marco del proceso de pesificación.
La denuncia penal quedó radicada en el juzgado del Dr. Rodríguez, que por haber intervenido en el amparo se apartó y la investigación la instruyó el juez federal Nº 2, Francisco Miño, quien procesó a Dubarry y Clerc por defraudación agravada en perjuicio del Estado. En tanto, fuentes del caso señalaron que se formó un expediente administrativo por el accionar del juez Rodríguez, y que en 2007 recibió un apercibimiento por parte del Consejo de la Magistratura.
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