De los diputados

Fin del plus médico en la provincia

El pasado 28 de septiembre, la cámara de Diputados de la Provincia le dio media sanción a un proyecto autoría de Luis Rubeo por el cual se prohíbe en la provincia de Santa Fe el cobro del plus médico y de cualquier otro adicional o complemento monetario.

La Ley establece que el Ministerio de Salud “deberá proveer cartelería en cantidad adecuada con la siguiente inscripción: El cobro de Plus Médico es ilegal. Denúncielo”. Además faculta a la Defensoría del Pueblo a realizar inspecciones a fin de controlar el cumplimiento de la ley.

El proyecto aprobado establece que la misma prohibición se aplica a las prestaciones en clínicas, sanatorios e instituciones de diagnóstico. A su vez, reconoce a la Defensoría del Pueblo como la autoridad de aplicación, la cual deberá actuar de oficio y/o a pedido de parte. La norma alcanzaría a los afiliados del IAPOS y a las obras sociales sindicales, estatales y prepagas.

“Todos sabemos que el cobro del plus es una práctica extendida por medio de la cual al paciente se le cobra dos veces por la misma prestación no importando qué obra social tenga ni cuánto pague por mes. Esta práctica indebida no se denuncia y es tolerada por la sencilla razón de que la gente tiene miedo a perder al médico al que le confía nada menos que su salud”, dijo.

Relató Rubeo que la concejala de Reconquista, Soledad Zalazar, “nos hizo saber de numerosas quejas en su ciudad por este cobro indebido que se repite a lo largo y ancho de la provincia y juntos armamos un equipo que investigó a fondo el tema. Durante los meses de elaboración del proyecto consultamos con los representantes de los médicos, quienes nos hicieron saber del problema que ellos tienen con los prestadores de la salud que no le pagan los honorarios en tiempo y en forma. Comprendo su problema y estoy dispuesto a trabajar junto a ellos en solucionarlo, pero ninguna situación de conflicto interno del sistema les da derecho a cobrarles un plus a los pacientes. Tenemos que asumir que por más que esté casi naturalizada, se trata de una práctica ilegal y que por tanto el Estado debe intervenir para evitarla y en su defecto sancionar a quien trasgreda la norma”.

Los trabajadores de la salud tienen su propio colegio que los representa y un sindicato que los defiende, en cambio si no interviene el Estado a los pacientes no los defiende nadie.

“Este proyecto se suma a otras iniciativas que hemos presentado en materia de Defensa del Consumidor y que tienen como objetivo proteger a la parte más débil de esta sociedad de consumo moderna”, señaló.