EL DATO ES DE ESTA CIUDAD

149 entrevistas por Cámara Gesell

Aclaran que hasta el 5 de abril, cuando se creó la unidad especial, se registraba un importante atraso. Es una prueba dentro del proceso. La modalidad involucra a personas en situación de vulnerabilidad, en su mayoría niños, niñas y adolescentes.

Redacción de El Litoral

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Viernes a la mañana en Urquiza al 3100, sede de la Asociación Dirigentes de Empresa de la ciudad. Allí se está desarrollando una jornada de “formación integral de medios de pruebas sobre sujetos vulnerables y Cámara Gesell”, destinada a operadores y funcionarios judiciales, del Poder Ejecutivo y profesionales liberales. El ciclo comenzó en septiembre y se extenderá hasta el 1º de diciembre y es una de las prioridades adoptadas por la Unidad Interdisciplinaria de Atención en Medidas de Prueba en Niños, Niñas y Adolescentes (Uiamp), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia y fue creada, a instancias del gobernador Miguel Lifschitz, a principios de año.

Sin embargo, la capacitación es uno de los objetivos de la Unidad. El principal es lograr que se agilice la realización de entrevistas con Cámara Gesell, meta que según se desprende del diagnóstico elaborado por el ministerio se consiguió: entre el 5 de abril y el 30 de septiembre se realizaron 130 procedimientos de esa naturaleza en esta ciudad, cifra que al último viernes había llegado a 149. Hasta ese momento los atrasos para tomar declaraciones testimoniales con esta modalidad oscilaban entre los 30 días y 13 meses.

AVANCES Y CANCELACIONES

Los datos se desprenden del informe elaborado por la Subsecretaría de Asuntos Penales. Su titular Lisandro Martínez Gorostiaga dialogó con El Litoral y confirmó que en enero “nos encontramos con un atraso en la realización de más de 80 Cámaras Gesell y un promedio de tardanza alto, lo cual es un gran problema porque pasan por este procedimiento personas en situación de vulnerabilidad”, en su mayoría (80 ó 90 %) niños, niñas y adolescentes. La modalidad, que constituye un medio de prueba -consignó el funcionario-, también incluye a personas con discapacidad y situaciones que deben abordarse desde una perspectiva de género.

No obstante, el otro dato que surge del relevamiento es que se produce un “alto porcentaje de cancelaciones de audiencias y eso nos preocupa”. Sea porque “el fiscal no notificó o no fue notificado por la oficina de gestión judicial, o porque la oficina no notificó con tiempo a la defensa o porque el imputado no designó un defensor”, se registra más de un 30 por ciento de cancelaciones y eso es “inaceptable” por varias razones. “La primera -explica Martínez Gorostiaga- es que si el objetivo es no revictimizar a la persona en situación de vulnerabilidad, es probable que eso ocurra porque tendrá que volver a asistir a una nueva convocatoria”. A esto se suma una cuestión presupuestaria “porque al momento de cancelar una audiencia ya se dispuso de funcionarios públicos, personal y un espacio físico”. Si bien ese pasivo no está cuantificado por monto, sí está medido que el estándar internacional que mide calidad y eficiencia indica que no se deben suspender más de un 20 % de las audiencias.

“Estamos trabajando con las tres partes: defensa, acusación y jueces (en realidad, la Oficina de Gestión Judicial) para que esto no suceda”, expuso el subsecretario quien planteó, además, dos desafíos para los próximos meses.

El primero es que se empiecen a hacer audiencias de Cámara Gesell fuera de los horarios normales y habituales. “En el entendimiento de que la persona vulnerada es la prioridad, pusimos disposición horaria para que por la tarde se pueda tomar y el desafío es que se puedan hacer los fines de semana”.

El otro objetivo, ya en marcha, es la capacitación que se realizará en 8 jornadas, con más de 40 horas y un nivel alto de inscriptos “para que los propios actores, fiscalía y defensa, tengan presentes la idoneidad de quienes participan. No existe en otro lugar del país una formación de estas características”.