De la Comisión de Juicio Político
Rápido rechazo en Diputados a una denuncia contra la Corte
Había sido presentada por un abogado rosarino y se la consideró “improcedente e infundada”. Sigue en análisis una denuncia contra el Procurador General.
El socialista Di Pollina preside la Comisión de Juicio Político que emitió un duro dictamen contra un intento de abrir juicio político a la Corte.
Foto: Guillermo Di Salvatore
Mario Cáffaro
Por considerarla ‘improcedente e infundada’, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aconsejó el rechazo in limine y el pase al archivo de la denuncia presentada por el abogado rosarino Hugo Alberto Scarzi contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y el fiscal de Estado.
En cambio, la Comisión de Juicio Político volverá a reunirse mañana para considerar una nota presentada por funcionarios y ex funcionarios de la Procuración General de la Corte que denuncian al titular, Jorge Barraguirre.
El socialista Eduardo Di Pollina preside la Comisión de Juicio Político a la que convocó para analizar ambos expedientes surgidos a partir de sendas notas ingresadas a la Cámara. Tras un intercambio de opiniones “llegándose a un consenso que, no obstante de encuadrarse constitucionalmente su tratamiento y sus argumentos, se estima no procedente la misma por lo se aconseja su rechazo in límine y se disponga el archivo de las presentes actuaciones, emitiéndose el dictamen correspondiente para su aprobación”, reza el acta y dictamen de la Comisión que llegará al recinto antes de fin de mes. Además de Di Pollina la firman Silvia Simoncini (PJ), Joaquín Blanco (PS), Roy López Molina (Cambiemos), Santiago Mascheroni (UCR), Jorge Henn (UCR), Verónica Benas (Pares) y Cesira Arcando (Cambiemos).
La denuncia de Scarzi implicaba a los seis ministros de la Corte y al Procurador por presunto “mal desempeño de sus funciones”, alegando en sustento de ello la posible violación de artículos de la Constitución en un trámite judicial que lo tuvo como impulsor.
El dictamen elaborado por la Comisión empieza por reafirmar la competencia que tiene el cuerpo para considerar la nota y se remonta al origen histórico del instituto del juicio político contemplado tanto en la Constitución provincial como nacional. “Es así que en el régimen constitucional argentino el propósito del juicio político no es el castigo del funcionario, sino la protección de los intereses públicos contra el peligro u ofensa por el abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo. De tal manera que se lo denomina juicio ‘político‘ porque no es un juicio penal sino de responsabilidad” explica el dictamen.
Luego destaca la cautela que debe guardar el Poder Legislativo para la remoción de un funcionario y advierte sobre la posibilidad que la intromisión en el quehacer del Poder Judicial produce el efecto contrario al perseguido por la Carta Magna y podría violar en principio de la división de los poderes del Estado.
Duros términos
Más adelante el dictamen fundamenta que la causal invocada en la petición, debe rechazarse “por improcedente e infundada”. Agrega que “entender que la falta de adopción de una decisión por parte de los acusados ante las denuncias administrativas impetradas por el solicitante configura la violación del llamado principio del plazo razonable y que ello de por sí constituye mal desempeño de las funciones, resulta una afirmación dogmática, carente de fundamento jurídico y de todo sustento probatorio idóneo que permita colegir la procedencia de la acusación”.
Es más, asegura que la presentación de Scarzi y la documental que define como ‘harto escasa e incompleta teniendo en consideración la gravedad institucional de la acusación que realiza’, “se vinculan con causas penales o investigaciones administrativas, las que a la luz de tales elementos documentales se infiere que aún al día de hoy se hallarían en trámite y que, por otro lado, va de suyo que deben ser abordadas, tramitadas y resueltas por los órganos jurisdiccionales competentes en tal materia”.
Los diputados afirman que “no se advierte incumplimiento de plazos legales ni retardo injustificado por parte de los acusados que permita habilitar con la prudencia que debe imperar en estos casos el mecanismo constitucional del juicio político”. Y remata afirmando que “la remoción de un magistrado por mal desempeño de sus funciones, sólo debe proceder cuando están debidamente acreditados graves actos de inconducta o que afecten seriamente el debido ejercicio de la función”.
Registros civiles en maternidades
Los diputados Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) ingresaron un proyecto de ley para garantizar que todas las niñas y niños de la provincia accedan al documento nacional de identidad y a los beneficios sociales que les correspondan desde el momento mismo del nacimiento. Para ello proponen la creación de registros civiles en todas las maternidades públicas.
“El Documento Nacional de Identidad no es solamente un medio para acreditar la identidad sino que se trata de la puerta de acceso a derechos fundamentales, como la salud, la educación, la justicia, entre otros, por lo cual, no es casual que la falta de DNI esté tan estrechamente vinculada con la exclusión social”, expresó Augsburger al dar detalles de la iniciativa.
Actualmente en la provincia de Santa Fe hay 32 maternidades seguras y solamente 17 cuentan con dependencias registrales.
La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales de la forma republicana de gobierno, y la inamovilidad de sus miembros es la principal garantía de esa independencia”
Promulgada
El Poder Ejecutivo promulgó y publicó en el Boletín Oficial la ley 13.645 que dispone la rebaja de Ingresos Brutos para créditos hipotecarios destinados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de vivienda única familiar.
La ley promulgada en el Boletín Oficial de este lunes entra en vigencia este martes, señala la norma.
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