Pronunciamiento de fiscales generales y procuradores de las provincias

Drogas: desfederalizar, pero con recursos

• Instan que la Nación convoque a una mesa de diálogo para definir el aporte económico para la tarea.

Redacción de El Litoral

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“Es indispensable que como política de Estado en todo el país, se adopte la ya largamente postergada decisión de aprovechar la fortaleza de los ministerios públicos fiscales de las provincias para la persecución del narcomenudeo” afirma la declaración de Córdoba de los Consejos Federales de Procuradores, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales y de Política Criminal de la Argentina.

El pronunciamiento fue el corolario de las jornadas sobre narcocriminalidad que se realizaron esta última semana en Córdoba y donde estuvo el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Jorge Baclini. Su par cordobés, Alejandro Moyano abrió el encuentro, donde además de las provincias hubo funcionarios de Nación y expertos que hablaron en distintos paneles.

En el documento de cierre, los fiscales admiten ser “conscientes de la gravedad e importancia que reviste la problemática del narcotráfico”, por lo que “consideran que es indispensable pronunciarse, una vez más, sobre el modo en que se lleva a cabo la gestión judicial respecto de los delitos relacionados a las drogas en la República Argentina”.

Es ese marco que “destacan que es indispensable que como política de Estado en todo el país, se adopte la ya largamente postergada decisión de aprovechar la fortaleza de los ministerios públicos fiscales de las provincias para la persecución del narcomenudeo, tomando en cuenta, además, que actualmente estos organismos, que en la mayoría de las provincias actúan aplicando un régimen procesal moderno, ágil y eficaz, ostentan una especial capacidad para abordar las actividades periciales en las causas relativas a la narcocriminalidad, por medio una red de laboratorios forenses distribuidos en todo el territorio nacional”.

Mesa de diálogo

En la declaración “consideran que el marco legal actualmente vigente en materia de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico constituye una base que ha permitido la participación de las provincias, poniendo límite al fenómeno del narcomenudeo que de otro modo queda en situación de impunidad”. No obstante consideran que la ley que regula la materia debe ser objeto de revisión para posibilitar una actuación conjunta de las organizaciones federales y provinciales más adecuada. Esta afirmación se formula en el convencimiento de que es posible que ambos órdenes ejecuten actividades coordinadas y efectivas, como ocurre en experiencias de otros países como los Estados Unidos de Norteamérica, donde se han adoptado modelos de intervención convergente más flexibles que el vigente en nuestro ámbito”.

Los fiscales y procuradores le piden “al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que convoque, con la urgencia que la cuestión demanda, a una mesa de diálogo, en la que participen autoridades de la Justicia y de los Poderes Ejecutivos de las provincias y de Ciudad Autónoma, con el objeto de definir el aporte económico que la ley 26.052 de manera expresa establece que debe asignarse a las provincias adheridas al denominado sistema de desfederalización”.

En el final “entienden que éste último es el factor crucial que al día de la fecha viene impidiendo la generalización de una política de persecución integral contra la narcocriminalidad, con participación de todos los órdenes judiciales que, como quedara dicho, es la única que logrará poner límites a un problema, cuya solución la sociedad demanda que se aborde con decisión y con respuestas contundentes”.