Se suman a fiscales y magistrados

Redacción de El Litoral

La defensora provincial y los defensores regionales del Servicio Público de Defensa Penal formularon un llamado a reconsiderar la modificación de la Ley 13.014 que, junto a los fiscales, permite la remoción de los defensores públicos con la única intervención de la Legislatura. Lo hicieron por considerar que “establece infundadas diferencias con el sistema de remoción de jueces y pone en jaque la misión institucional de la Defensa Pública”.

“Si los Defensores Públicos pueden ser removidos por razones políticas se atenta contra la noble tarea que están llamados a cumplir en un Estado de Derecho”, sostienen el comunicado emitido desde el organismo que encabeza Jaquelina Balangione, quien también solicitó un pronunciamiento al respecto de la Corte Suprema de Justicia.

El planteo se sustenta en que los defensores necesitan “quedar al margen de los vaivenes políticos, puesto que deben enfrentar al propio Estado reclamando condiciones dignas de detención, a los medios de comunicación cuando condenan mediáticamente a su defendido, a grupos sociales mayoritarios que pregonan el uso del sistema penal como única respuesta a los déficits sociales, aun a costa de poner en riesgo su crédito personal, popularidad, relaciones sociales, de amistad, académicas o profesionales”.

“Por imperio legal, los defensores públicos deben tener lealtad a su defendido, sin posibilidad alguna de hacer objeción de conciencia, sin considerar la antipatía o impopularidad que éste pudiere provocar en la opinión pública, sin ceder a presiones o influencias externas y sin discriminación por razones morales, éticas, étnicas, políticas, raciales, religiosas, de género, de nacionalidad, económicas, sociales, culturales, de tipo de delito o de cualquier otra naturaleza”, añade el documento.

Para los firmantes, “el sistema de remoción mediante un Tribunal de enjuiciamiento integrado por legisladores, defensores públicos y Colegio de Abogados que tenía previsto la ley 13.014 es acorde a los estándares internacionales de autonomía de la Defensa Pública y exhortamos a las autoridades correspondientes a volver al mismo”.