LA POLITICA EN FOCO

¿Del fallo al bono?

• Dos años después, la Nación todavía no dijo cómo pagará la deuda por coparticipación a Santa Fe. Pulseadas, amagues, firmas condicionadas y comentarios laterales jalonaron un proceso con final abierto.

Emerio Agretti

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Desde que, minutos antes de asumir, el presidente Macri se encontró con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligaba al Estado nacional a cesar el descuento del 15 % de coparticipación a la provincia de Santa Fe, y a devolver lo retenido durante los años del kirchnerismo, la cuestión pasó a dominar la agenda de la relación del gobernador Miguel Lifschitz con el gobierno central.

Y esto porque el primer efecto del fallo se produjo y se hizo sentir de inmediato, proporcionando un significativo alivio a las cuentas santafesinas, al recibir mes a mes una suma mayor de recursos. En cambio, a dos años del fallo, todavía no ingresó un solo centavo de la deuda acumulada, que a valores históricos se ubica en los 22 mil millones de pesos, pero que computando actualizaciones e intereses estaría por encima del doble de esa suma.

Durante meses, contactos más o menos cordiales, políticos o técnicos, cara a cara o por mensajes a través de los medios de comunicación, apuntaron a definir el monto total de la acreencia y a establecer un mecanismo de pago. Desde la Nación se propició una suerte de abono “en especies”, mediante el financiamiento de obra pública; idea que fue rechazada desde la provincia. El propio gobierno santafesino, a su vez, y en un acto para el que convocó a todas las fuerzas políticas, buscando remedar aquél en el que la gestión de Hermes Binner llevó ante la Corte el reclamo original, ofreció a la Nación un menú de opciones, consistente básicamente en aceptar el pago de un porcentaje en efectivo y la mayor parte de la deuda con bonos y a plazos.

Con todo, los contactos formales y concretos escasearon durante los últimos meses, o directamente dejaron de existir (tanto que se volvió a reclamar ante la Corte por el incumplimiento). Hasta que, casi como un manotazo de ahogado, y ante el dilema de hierro planteado por la necesidad de adherir al Consenso Fiscal impulsado por la Nación, Lifschitz consiguió introducir una cláusula-compromiso, para que antes del 31 de marzo exista una propuesta de pago formal. La incorporación se produjo al filo del acto en el que se anunció el acuerdo general, y fue lo que permitió que la firma del mandatario santafesino figurase en el papel.

Mientras tanto, las rispideces continuaron. El Partido Socialista rechazó formalmente la reforma previsional -que no era parte de la letra del acuerdo, aunque sí de su espíritu- y desde la Legislatura se advirtió que no habrá aval para el Consenso Fiscal hasta que no esté definida la propuesta de pago de la deuda. Fue una toma de postura rígida, y en buena medida consecuente con los términos en que Lifschitz firmó. Lo que no quita que para el Ejecutivo santafesino se haya convertido en motivo de preocupación, invirtiendo los términos de la ecuación: “El pacto fiscal prevé ventajas para la provincia e implica compromisos también. Si no se aprueba, pierde valor ese documento”, expresó Lifschitz a El Litoral.

A falta de propuesta, en tanto, los últimos días del año trajeron un comentario lateral del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sobre la posibilidad de un bono. Sin comunicación formal ni informal -la referencia vino a colación de la discusión sobre el Presupuesto nacional, y a partir de una pregunta del senador Omar Perotti-, y, sin demasiadas precisiones, en la Casa Gris tomaron la noticia como “no mala”. Y quedaron a la espera, sin mayores comentarios. Excepto los del flamante diputado nacional Luis Contigiani que, consecuente con el duro discurso opositor que esgrimió en la campaña -y con su militancia en las filas opositoras a los proyectos de reformas oficiales-, también salió a rechazar la opción del bono. A tres meses vista del día señalado, se espera un verano caliente.