Un “lilito” en la Casa Rosada

Una ley de Integridad Pública

Será un año de “reformas institucionales” según el flamante secretario de Fortalecimiento Institucional de la Nación. Fernando Sánchez dice que afronta la “intransigencia” de quienes dicen que no cometieron delitos.

missing image file

Habrá “límites más claros para los funcionarios”, según propone Sánchez para su proyecto de reemplazo de la normativa de ética pública.

Foto: Gentileza TN

 

Redacción de El Litoral

[email protected]

Télam

El flamante secretario de Fortalecimiento Institucional de la Nación, Fernando Sánchez, anticipó que avanzará en una nueva ley de ética pública (llamada de Integridad pública) y en fortalecer el Ministerio Público Fiscal, entre otros cambios, y consideró que si 2017 fue el año de reformar “los grandes regímenes como el fiscal y el previsional”, 2018 será “el año de las reformas institucionales”.

El funcionario, que acompaña a Elisa Carrió en la Coalición Cívica desde su fundación, se mostró muy cómodo siendo el único representante de la diputada en la Casa Rosada y consideró -en una entrevista con Télam- que “un gobierno tiene que estar acostumbrado a la crítica honesta y sensata”.

Muy crítico del kirchenrismo, opinó que esa fuerza seguirá en “la intransigencia de un discurso que le sirve para sostenerse con determinado electorado y para seguir sosteniendo que no cometió ningún delito y que no dejó ningún pobre”.

“Necesitamos, además de que los funcionarios se comporten como gente bien nacida, una ley nueva de ética pública -que la vamos a llamar de integridad pública, porque lo otro queda corto- y va a tener herramientas para el conflicto de intereses, con límites más claros para los funcionarios.

Recordó que “el presidente dijo públicamente que en su gobierno no hay lugar para corruptos” y que “es la primera vez que en la Argentina un presidente le pide a sus funcionarios que diseñen e implementen una política de integridad para un Gobierno, haciendo la salvedad de los avances que tuvo en la materia el gobierno de Raúl Alfonsín.

Sánchez explicó que “se necesita un nuevo Ministerio Público que dé fuerza a los fiscales para que puedan perseguir la corrupción y el crimen, en general. Hay que revisar el trabajo de los jueces porque es muy malo. Vamos a trabajar para que haya una nueva ley, como hubo una nueva ley del arrepentido”.

Respecto de la eventual respuesta en el Congreso a sus iniciativas, señaló que “el cristinismo siempre fue intransigente y lo sigue siendo, pero no desde la intransigencia de los valores, sino todo lo contrario. Es la intransigencia de un discurso que le sirve para sostenerse con determinado electorado y para seguir sosteniendo que no cometió ningún delito en la administración y que no dejó ningún pobre.

“Tiene la mitad del Gabinete procesado o detenido pero ‘no cometieron ningún delito’ y además fueron el mejor gobierno de los últimos 100 años y dejaron 30 por ciento de pobreza, una inflación galopante, un déficit fiscal catastrófico y un atraso infraestructural, productivo y social monstruoso. ¡Como no va a ser intransigente, si tiene que mentir todos los días!”.

El funcionario rescató que “hoy la Afip y la UIF trabajan en serio, detectan cosas, hacen el trabajo que la ley les manda a hacer. Antes (los ex titulares durante el kirchnerismo) Ricardo Echegaray y José Sbatella eran el dúo perfecto para el encubrimiento del delito. Lo mismo pasa en la Sigen y la OA. Junto a la Procuración del Tesoro y la Agencia Nacional de Acceso a la Información conformamos la Mesa de Integridad de la Jefatura de Gabinete, que coordina políticas y revisa mecanismos para el seguimiento de todo el gobierno. Proponemos reformas normativas, para que se pueda detectar a tiempo el desvío de recursos y casos de corrupción, casi inmediatamente y que se lo pueda corregir”.

Procurador

El gobierno prevé tener “hacia fin de mes o durante febrero” el nombre del candidato para reemplazar a Alejandra Gils Carbó como procurador general de la Nación, según lo estimó el ministro de Justicia, Germán Garavano. Dijo que el presidente está evaluando los nombres; extraoficialmente se habla de Ricardo Recondo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; los fiscales Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuán, Raúl Pleé, Carlos Rívolo y José María Campagnoli; los juristas Alberto García Lema e Inés Weinberg de Roca; y el senador nacional Rodolfo Urtubey. El cargo está de manera interina a cargo de Eduardo Casal desde el pasado 22 de noviembre.

Conflicto de intereses

Sobre las denuncias por conflictos de intereses de la familia Macri en torno a parques eólicos, el funcionario dijo que al caso “hay que mirarlo como si pudiera existir un conflicto de interés. Solamente lo puede saber la oficina encargada de aplicar el decreto, la Oficina Anticorrupción (OA), y dicho sea de paso, el que hizo operativo el tema y permitió aplicarlo fue el presidente a través de un decreto, porque antes no existía”.

“Estoy seguro de que en la OA ya hay un expediente para averiguar si hay un conflicto de intereses. La OA está llena de expedientes del gobierno actual. En cambio, no debo haber encontrado un solo expediente durante el gobierno de los Kirchner, o de (Eduardo) Duhalde contra funcionarios de su gobierno. A la Sigen la tenían en el tercer subsuelo y a la OA la tenían vaciada. No querían ni que hubiera gente, por las dudas para que no se mueva un expediente”, aseveró.