Crece el drama
La CIDH reclama a América Latina “solidaridad” con el éxodo venezolano
El presidente del organismo, Francisco Eguiguren, les recordó que tienen obligaciones internacionales en materia de migrantes y refugiados.
Ciudadanos venezolanos esperan ingresar a Colombia por el puente internacional Simón Bolívar.
Foto: EFE
Redacción de El Litoral
DPA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este lunes “solidaridad” a los países vecinos de Venezuela ante el gran número de ciudadanos de ese país que huyen de la grave crisis política y económica y les recordó que tienen obligaciones internacionales en materia de migrantes y refugiados.
“Nuestro continente tiene que mostrar en estas horas difíciles solidaridad para acoger a los hermanos y hermanas latinoamericanos en problemas”, instó el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Venezuela, Francisco Eguiguren, al presentar en Washington un informe sobre ese país.
“Estamos muy preocupados, alarmados y consternados por esta situación”, manifestó sobre el éxodo de venezolanos.
La llamada llega después de que el presidente Juan Manuel Santos ordenara la semana pasada reforzar la frontera con Venezuela ante la masiva llegada de venezolanos a Colombia. La CIDH ha pedido permiso al Gobierno colombiano para visitar la zona fronteriza y espera una respuesta a finales de esta semana.
Brasil también afronta una gran llegada de venezolanos de la que el presidente Michel Temer culpó el viernes a Maduro ante la crisis humanitaria que aseguró que él mismo ha provocado. En ese país se han registrado ataques xenófobos contra venezolanos.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, recordó que los países que están recibiendo a quienes huyen de la crisis política y económica en Venezuela tienen “obligaciones” con ellos contraídas en el ámbito internacional y deben protegerlos, ya sea a través de visas humanitarias u otros mecanismos.
Pidió además la elaboración de “medidas de asistencia humanitaria” y de “medidas políticas contra la discriminación y la xenofobia”.
En el informe presentado ayer en Washington, la CIDH expresa preocupación por el desplazamiento de venezolanos “como mecanismo de superviviencia” ante una grave crisis en la que escasean los alimentos y los medicamentos y crecen la violencia y la inseguridad.
“Los países a los que están llegando personas venezolanas se enfrentan a desafíos, entre los que destacan la protección internacional, seguridad física, falta de documentación, violencia sexual y de género, abusos y explotación, así como la falta de acceso a los derechos y servicios básicos”, indica el documento.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y tiene como cometido vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el continente. La realización del informe presentado ayer -el tercero sobre Venezuela en su historia- se acordó en septiembre ante el “serio deterioro” que han sufrido los derechos humanos en el país en los últimos dos años.
Con la denuncia de la “ruptura del orden constitucional” en Venezuela en un informe de 156 páginas, la CIDH incrementa la presión sobre el Gobierno de Maduro en el ámbito internacional. En lo referente a los migrantes, el documento le pide directamente que no impida la salida de quienes que quieren solicitar asilo en otros países.
“En muchas ocasiones, las y los migrantes han encontrado una serie de obstáculos derivados de la falta de canales legales, regulares y seguros para migrar, debiendo recurrir a los canales clandestinos que provee la migración irregular, a través de riesgosas rutas terrestres y marítimas”, indica la CIDH.
Recuerda entre otras cosas los cierres de frontera que Venezuela decretó en agosto de 2015 con Colombia y en diciembre de 2016 con Brasil, levantados en ambos casos meses después.
“Maduro desprecia la democracia”
En el informe presentado en Washington, la CIDH acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de “despreciar” la democracia y de haber generado en Venezuela un “contexto de impunidad” en el que derechos humanos fundamentales sufren un “impacto profundo”.
Desde hace varios años, señala, en Venezuela no existe separación, independencia ni equilibrio de poderes. Tampoco el ejercicio efectivo de derechos políticos a través de elecciones libres y justas. La situación se agravó en 2017 hasta producirse “la alteración del orden constitucional”, en la que la Comisión considera que ha jugado un papel determinante la falta de independencia del Poder Judicial.
El informe denuncia “actos de criminalización, detenciones arbitrarias e incluso, la afectación de derechos a la vida e integridad personal” contra miembros de partidos de la oposición. “En el 2017, esta situación se ha agravado hasta alcanzar niveles nunca antes vistos en Venezuela”, manifesta.
También denuncia “actos de tortura, otros malos tratos y violencia sexual” contra personas detenidas durante las protestas contra el Gobierno de Maduro que tuvieron lugar entre abril y julio del año pasado y que se saldaron con más de un centenar de muertos.
Llama al Gobierno venezolano a “restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin discriminación de toda la población y el control ciudadano hacia la actuación de los distintos poderes del Estado”.
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