Sobre la marcha de la Defensoría

Informe de Lamberto en Diputados

En el último año se iniciaron más de 33.000 expedientes ante el organismo. Al Centro de Asistencia a la Víctima acudieron 1.828 personas.

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Lamberto y colaboradores llevó su informe a la Comisión de Constitucionales de Diputados.

Foto: Defensoría del Pueblo

 

Redacción de El Litoral

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El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, presentó un informe de gestión ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside Rubén Galassi. La exposición se inició con una exposición a modo de resumen de la tarea desplegada en 2017. También anticipó que el 30 de abril le llegará a cada legislador el informe impreso que la ley 10.396 exige.

Lo escucharon los diputados Verónica Benas, Alicia Gutiérrez, Patricia Tepp, Olga Coteluzzi, Silvia Ausburguer, Santiago Mascheroni, Jorge Henn, Alejandro Boscarol, Carlos Del Frade y Raúl Fernández.

El defensor puso de relieve “la capital importancia que significa que los legisladores manifiesten interés por lo que hace un organismo cuya raigambre es legislativa, más allá de su independencia absoluta de acción y opinión, y que compartan sus actividades. Quiero resaltar que la Defensoría no nació hace dos años cuando llegamos nosotros, sino que hay muchos años de trabajo y experiencia acumulada; de la impronta de otros defensores. Hay que ser muy respetuoso y valorar todo lo que se hizo que no ha sido poco y ha colocado a la Defensoría de la provincia de Santa Fe como una de las más prestigiadas de Argentina. Tiene todo un reconocimiento internacional; es un sello”.

El defensor indicó que las cifras preliminares (las definitivas estarán en el informe anual que se elevará a Legislatura antes del 1º de mayo) que dio a conocer no reflejan la cantidad de personas atendidas, sino que el número de ciudadanos que acuden a la institución es mucho mayor, dado que no son pocas las presentaciones masivas que se hacen un mismo trámite.

“Nadie se van sin ser escuchado y atendido. Aun cuando no se le pueda resolver su problema se intenta asesorarlo acerca de lo que debería hacer según sea su problema. Les explicamos que ir a la Defensoría no significa que se le dará la razón sin más. Nosotros damos garantías de gestión pero no de resultado”, explicó.

En concreto, en 2017 se iniciaron en la Defensoría 33.384 expedientes. De ellos, 14.613 corresponden a Rosario; 7.382 a Santa Fe y 8.810 a las delegaciones. Mientras que en el Centro de Asistencia a la Víctima fueron 1.828 y en el Mediación Centro de Mediación y Resolución de Conflictos, 751. No se contemplan consultas sin expedientes o la reiteración de visitas, porque las personas pueden regresan varias veces por un mismo expediente. Tampoco están incluidas las más de 5.000 personas que recurrieron a la Defensoría para justificar el no voto.

Más Varela insiste con su proyecto

Ante la propuesta del gobierno nacional al Congreso de elevar un proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, el diputado provincial Sergio Más Varela (Cambiemos) destacó la iniciativa y recordó su proyecto presentado a fines de 2016 para modificar la Ley de Campañas Electorales de la Provincia de Santa Fe, con el objetivo de regular de forma equitativa y transparente los procesos electorales en la provincia.

Más Varela sostuvo que “la falta de límites dinerarios al aporte de campañas electorales incentiva la corrupción y abre la puerta a la penetración del crimen organizado en la política”.

Entre los puntos sobresalientes del proyecto provincial establece un límite para el gasto de campaña: No podrán superar la suma equivalente al dos por mil (2%) del Salario Mínimo, Vital y Móvil, determinado por el Consejo Nacional del Empleo, por elector habilitado a votar en la elección. Y se regula un tope al aporte privado, fijando montos máximos admitidos.

Según la iniciativ, los partidos políticos podrán recibir donaciones de personas jurídicas, sólo hasta un dos por ciento (2%) del total de gastos permitidos por campaña y de una persona física, un aporte que no supere el monto equivalente al uno por ciento (1%). El proyecto además aumenta los montos de las multas por incumplimientos.

Según Más Varela “Santa Fe tiene la necesidad de trabajar en una ley de financiamiento de los partidos políticos en consonancia con la propuesta del Gobierno Nacional”.