La política en foco

Discusión cerrada, preguntas abiertas

Ivana Fux

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“Esto no es un gesto autoritario (...) No tenemos nada que ver con las propuestas de educación y políticas sociales que lleva adelante el gobierno nacional”. Así, Miguel Lifschitz ratificó la decisión política de resolver unilateralmente y por decreto la política salarial 2018 para agentes públicos y docentes. Pero sobre todo, así se defendió de las severas críticas que comenzaron a dispararse desde el universo sindical, en el mismo momento en el que se confirmó la medida.

“Es un retroceso”, “es triste hasta para la democracia”, “se emula el esquema del Ejecutivo nacional que dispuso anular por decreto la paritaria docente”. Ésas fueron algunas de las interpretaciones que surgieron de los referentes gremiales.

Lifschitz los criticó; dijo en su exposición que “hay dirigentes muy politizados que responden a determinados sectores políticos”, y se quejó de quienes no promovieron en las bases mociones de aceptación de la propuesta de aumento.

Lifschitz fue el primer gobernador socialista en decidir un aumento -no cerrar la paritaria, pero sí cancelar la negociación salarial- a través de un decreto. El antecedente más cercano se encuentra en la gestión de Jorge Obeid, en plena época de convertibilidad. No lo habían hecho Hermes Binner ni Antonio Bonfatti. Ni siquiera el propio Lifschitz en 2017, cuando el conflicto se había extendido más aún en el tiempo.

El año pasado, la paritaria docente consumió más de dos meses de negociación y deparó nueve días de paro; en 2018, habían transcurrido 35 días desde la primera convocatoria, tres reuniones y cinco días de paro. “Hasta la conciliación obligatoria hubiese sido más democrática”, reflexionan algunos dirigentes gremiales. ¿Qué cambió? ¿Por qué en 2017, también atravesado por la complejidad del escenario nacional, se perseveró en la negociación HASTA acordar? ¿Por qué en 2018 se inaugura esta práctica, aun con menos paros planteados? “Lo que cambió -respondió el gobernador cuando El Litoral trasladó la inquietud- es que hubo organizaciones gremiales que aceptaron la propuesta y eso genera una situación de desequilibrio que no se había producido en otras oportunidades. Al haber aprobado la propuesta algunos gremios, tenemos la obligación de aplicar el aumento. Pero al hacerlo (...), se daría la situación de que los asistentes escolares (por ejemplo) cobrarían el 9%, y los docentes a su lado, no. Sería una situación injusta, irritativa y no conveniente”.

Sin embargo, esa situación descripta por el mandatario ya se dio en otras oportunidades. Sucedió también el año pasado, incluso durante su gestión. En 2017, los gremios de la administración central aprobaron la propuesta el 23 de marzo, en tanto que los gremios docentes la rechazaron,y siguieron negociando casi durante un mes más. La oferta recién se aceptó el 21 de abril de ese año. Pese a ello, los estatales cobraron el aumento en tiempo y forma, y los docentes lo hicieron luego, por planilla complementaria.

Cabe, entonces, la insistencia de la pregunta. ¿Qué cambió? ¿Es la necesidad política de despejar la agenda y poder avanzar con otros temas que el gobierno entiende como prioritarios? ¿Es la necesidad de cerrar la discusión para no perforar aún más el techo del 15% impartido desde Nación? El gobernador dio sus respuestas; el resto, hizo sus interpretaciones.

Lifschitz fue el primer gobernador socialista en decidir un aumento -no cerrar la paritaria, pero sí cancelar la negociación salarial- a través de un decreto. El antecedente más cercano se encuentra en la gestión de Jorge Obeid, en plena época de convertibilidad.