Complejo escenario en Brasil

¿Y si Lula, preso, se presentara a elecciones?

Fernando Duclos - DPA

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El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue arrestado este sábado y ya cumple su condena de 12 años de prisión. Sin embargo, pese a estar encarcelado, todavía mantiene su candidatura para las elecciones del 7 de octubre.

En el caso de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) decida seguir formando parte de la contienda electoral, la situación se tornaría muy compleja y la Justicia brasileña ingresaría en un limbo pocas veces visto que incluso podría terminar por anular los resultados de la votación.

A pesar de haber sido condenado en enero por corrupción, las encuestas nunca dejaron de sonreírle a Lula. En los últimos sondeos, el ex mandatario orillaba el 40% de los apoyos en todos los escenarios, casi el doble de lo que tenía el segundo favorito, el diputado ultraderechista y ex militar Jaír Bolsonaro.

Los próximos sondeos revelarán si la prisión de Lula modificó el escenario y cómo eso afecta al izquierdista PT y al resto de los partidos. Lo cierto es que, por más que se presuma imposible hacer campaña tras las rejas, no existe una ley que lo impida y no son pocos los que creen que el ex líder sindical mantendrá su candidatura hasta las últimas consecuencias.

La “Ley de expediente limpio” fue promulgada en 2010, durante el Gobierno de Lula, y prohíbe que una persona con condena en firme sea candidato a un cargo público. Si bien la ley imposibilitaría, en principio, una candidatura del líder del PT, las diferentes instancias de apelación que existen en la Justicia brasileña podrían jugar a favor del ex presidente.

El 15 de agosto es la fecha límite que los partidos tienen para oficializar sus candidatos ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). Ese órgano colegiado es el único que puede decidir si una candidatura es válida o no.

Si, como se presume, el TSE invalida la candidatura de Lula, a partir de la aplicación del “expediente limpio”, la defensa del político todavía podrá entrar con un recurso al Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la segunda corte del país. En el caso de que el TSJ rechace el pedido, la siguiente instancia sería el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial.

La medida cautelar con la que la defensa podría entrar a ambos tribunales se asienta en que, incluso arrestado, Lula aún no agotó sus recursos de apelación ante el STJ y el STF para probar su inocencia. Es decir, existiría la posibilidad de pedir un efecto suspensivo en la inelegibilidad del ex mandatario hasta que eso finalmente suceda.

En el caso de que alguno de los dos tribunales aceptara suspender la decisión del TSE, y mientras no exista una decisión de última instancia sobre su eventual ineligibilidad, Lula podría hacer campaña (desde la cárcel), participar en la elección y, por supuesto, tener posibilidades de ganar.

Si eso finalmente sucediese, Brasil entraría en una situación casi surreal: para que los votos de Lula se validen, el registro de su candidatura debería ser aceptado. En caso contrario, la elección podría ser anulada, lo que generaría un escándalo inédito y mayúsculo a nivel mundial.

“Hasta 2015, era necesario que más de la mitad de los votos fuesen considerados nulos para anular una elección, pero ahora, si el vencedor por votación mayoritaria tiene sus votos anulados, ya sea por suspensión de registro, pérdida de mandato o anulación de diploma electoral, la elección también es nula”, explicó el profesor de derecho electoral Joao Paulo Oliveira al diario “Estado de Minas”.

El sistema judicial brasileño es tan complejo y posee tantos recovecos, “letras chicas” y posibles interpretaciones que, se estima, en el caso de que Lula decidiese ir hasta lo último con su candidatura, se podrían tomar medidas extraordinarias debido a la importancia del caso y para evitar una crisis de gran envergadura.

Por ejemplo, si el ex presidente decide apelar a la esperada negativa del TSE, las cortes del país podrían apresurar sus procedimientos para tener una respuesta rápida. En el caso de que una candidatura fuese invalidada, los partidos tienen tiempo hasta el 17 de septiembre, 20 días antes de la elección, para cambiar de candidato.

Si Lula saliese de prisión, gracias a algún recurso presentado por su defensa, el procedimiento sería exactamente el mismo, con la única diferencia de que, para la opinión pública, no será lo mismo un candidato libre que arrestado, por más que la condena siga en firme.

Otra opción sería que el propio Lula decidiese bajarse de la candidatura. En ese caso, quienes parecen “picar en punta” para representar al PT en la contienda son Fernando Haddad, ex alcalde de la ciudad de Sao Paulo, y Jacques Wagner, gobernador del estado de Bahía de 2007 a 2014.