Para fomentar la agroecología

Propician un recargo impositivo por el uso de fitosanitarios para producir

La iniciativa fue ingresada por el diputado radical Palo Oliver apoyado por pares de tres bloques diferentes. Cuestionan la falta de inspectores del Ministerio de la Producción.

Redacción de El Litoral

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Un proyecto de ley para recargar en un ciento por ciento el Impuesto Inmobiliario a los predios rurales que utilicen productos fitosanitarios para las explotaciones agrícolas, ganaderas y/o forestales fue ingresado a la Cámara de Diputados. “Pretendemos abrir el debate sobre el modelo agroproductivo”, explicó el radical Fabián Palo Oliver, autor de la iniciativa presentada con el respaldo de Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (ambos de Igualdad y Participación). También lo firmó el justicialista Luis Rubeo quien no estuvo en la rueda de prensa.

La iniciativa forma parte del paquete de sistemas de producción agroecológica que comprende además los proyectos de marco regulatorio del sistema de producción agroecológica y otro que exime el 50% de los impuestos a los predios que realicen prácticas de producción sustentables.

“El modelo productivo actual se sigue consolidando y pretendemos abrir el debate legislativo para empezar a cambiarlo”, señaló Palo Oliver. “La sociedad demanda cada vez más alimentos orgánicos y debemos propiciar su producción”, explicó Giustiniani.

“Los productos fitosanitarios son agrotóxicos, porque están diseñados para destruir determinados organismos vivos siendo muchas veces no selectivos al cumplir su función, pudiendo ocasionar efectos no deseados en otros seres vivos incluyendo al ser humano”, explicó Palo Oliver. Enseguida, Del Frade señaló que son mil los productos autorizados “600 de los cuales son más tóxicos que el glifosato”.

Palo Oliver se encargó de aclarar que el proyecto “no tiene para nada un fin recaudatorio, ni engrosar las arcas fiscales” y enseguida explicó que se intenta desalentar el uso de productos fitosanitarios en el ámbito rural y lograr producciones limpias de agrotóxicos a fin de enmendar y mejorar el ambiente “abogando por la cultura de la mejor calidad de vida sin contaminar el aire, el suelo y el agua”.

En los fundamentos del proyecto, se dice que recoge el concepto “el que contamina paga”, nacido dentro de las recomendaciones de la Organización del Comercio y Desarrollo Económico (Ocde) en el año 1972, incorporando el componente ideológico en el Impuesto Inmobiliario, tributo cuya administración tributaria es potestad histórica del Estado provincial, a los fines de evitar la incorporación de un impuesto ambiental al Código Fiscal, que incrementaría innecesariamente la burocracia estatal. Agrega como fortaleza del proyecto el conocimiento que las autoridades tributarias provinciales tienen sobre los casi 150.000 inmuebles rurales de la provincia “que permitirá evitar arbitrariedades en la aplicación del adicional que se propone instaurar en el tributo”.