Tribuna política

Una reforma bienvenida, pero para el 2019

Lucila Lehmann (*)

Todo planteo de reforma constitucional es, en verdad, un planteo de reforma política. Una reforma trascendente ya que importa rediseñar la estructura política de un Estado y los derechos en él consagrados.

La profundidad de las reformas dependerá, en última instancia, de los constituyentes que la lleven a cabo. Pero ineludiblemente, el proceso está enmarcado en la política.

Desafortunadamente, la experiencia en reformas constitucionales que tenemos ha sido siempre hacia el mismo lado: buenas intenciones que disfrazan el intento de perpetuación en el poder a través de la reelección.

Ejemplos sobran: si hay un legado directo e indiscutible de la reforma constitucional argentina de 1994 es, sin lugar a dudas, la reelección de Menem y los consecuentes 10 años de menemismo que vivimos los argentinos en la década del 90. Esa reforma contenía una serie de avances en Derecho, pero su motivación fue eminentemente reeleccionaria. Nadie puede negar que, si la cuestión de la reelección hubiera quedado descartada, la reforma no habría sucedido.

Lo dicho más arriba acompañó un proceso de reforma de las constituciones provinciales durante esa década, que tuvieron la misma lógica: incorporar nuevos derechos como relleno del propósito principal de establecer la reelección de mandatos.

Casos como los nuestros no son únicos en el mundo: la reforma constitucional venezolana de 2009 trató exclusivamente el tema de la reelección de todos los cargos ejecutivos con un único propósito: la perpetuación de Chávez en el poder. La lista podría seguir con Bolivia y Ecuador, que aprobaron también reformas con el principal propósito de habilitar reelecciones de sus gobernantes de entonces.

Actualmente, casi como un calco de los 90, nos encontramos con un gobernador que, a poco de terminar su mandato, plantea la reforma constitucional señalando la necesidad de la mejora del Estado, pero que abarca especialmente el capítulo reeleccionario, capítulo que lo incluye abiertamente para competir por otro período de gobierno (o dos). Eso sí, durante una década supo aprovechar bien los defectos del actual sistema como la antidemocrática mayoría legislativa que la Carta Magna local otorga al ganador. A esta altura, todo parece una jugada de manual.

Ahora bien, dejando de lado la burda intención reeleccionista del actual gobernador, lo cierto es que la reforma en Santa Fe es más que necesaria y las cuestiones a abordar han sido objeto de largos debates: balotaje, representación legislativa, autonomía municipal, etc. Nuestra provincia necesita mejores instituciones.

Es por ello que una reforma constitucional en Santa Fe es más que necesaria y es obligación de toda la política santafesina llevarla adelante, considerando siempre el mejor interés de la gente. Y en virtud de ese interés, el momento adecuado, tanto en lo político como en lo económico, es el año 2019. En efecto, siendo que la reforma requiere la elección de representantes constituyentes, los mismos tendrían que elegirse en los comicios generales del año entrante juntamente con los demás cargos electivos. No se puede exigir a la ciudadanía santafesina que solvente una elección diferenciada y concurra a otro acto comicial, más allá de los establecidos por el calendario electoral. Esto es sólo por un capricho reeleccionario, propio de la década del 90.

Debemos avanzar en la reforma constitucional, invariable y únicamente, a partir de 2019.

(*) Diputada nacional