Para que actúen jueces y fiscales provinciales

El gobernador pide la ley de narcomenudeo

Giro en la Casa Gris y muchas dudas en Diputados. El proyecto tiene media sanción del Senado. El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, se opone.

Foto: Archivo El Litoral

Mario Caffaro-Luis Rodrigo

[email protected]

Tal como adelantó El Litoral, el gobernador Miguel Lifschitz impulsó en su discurso a las Cámaras un proyecto de ley en favor de pasar a la órbita provincial las causas del llamado narcomenudeo.

“Voy a enviar una propuesta, una sugerencia en realidad, a Diputados para que se trabaje sobre el proyecto que tiene media sanción del Senado, proponiendo algunas modificaciones, pero pedimos que se avance con esta medida”, adelantó el jefe de la Casa Gris, quien durante su paso como senador por Rosario había rechazado esa iniciativa.

“Creemos que va a ser efectiva. No es una receta mágica, pero va a ser una herramienta más, utilizada con criterio, de manera selectiva. Aquí no buscamos perseguir al consumidor, de ninguna manera, ni perseguir al pequeño distribuidor, a aquel, que de manera individual les vende a sus amigos. Aquí queremos ir sobre aquellas organizaciones delictivas que se dedican al narcomenudeo, ese es el objetivo”, definió.

“Es una herramienta que creemos necesaria porque si miramos el mapa del delito, vamos a ver claramente que allí donde funcionan los lugares de venta de drogas en los barrios, allí, alrededor de cada uno de esos puntos de venta, se genera un círculo de violencia, heridos de armas de fuego, enfrentamientos y homicidios”, expresó el titular del Poder Ejecutivo.

Repercusiones en los pasillos

El tema divide aguas en la justicia. El titular del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, dice estar de acuerdo y firmó un pronunciamiento con sus pares de otras provincias. En cambio, el actual presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, no comparte la postura. Habló a título personal y le dijo a El Litoral que “del problema de la droga se debe hacer cargo el gobierno nacional y los jueces federales. Para eso están. Nosotros no tenemos ni infraestructura ni equipos técnicos para esta investigación”. Recordó un pronunciamientos de la Junta Federal de Cortes sobre la materia. “El narcomenudeo es el inicio de la droga y si ponemos departamentos estancos con lo posterior, no creo que sea beneficioso”.

También puso reparos el jefe de la bancada socialista de Diputados, Rubén Galassi. “Hay que discutir el narcotráfico y ver cómo podemos colaborar las jurisdicciones, ya sea provincial y nacional, para afrontar este flagelo. Lo peor que podemos hacer es negar el problema. Debemos empezar abordar esta problemática a fondo y analizar la viabilidad de un trabajo compartido. Podemos pensarlo de esa manera, de que haya coordinación entre Nación y provincia pero no fragmentando el abordaje, sino trabajando en conjunto”.

El radical Julián Galdeano reconoció que el tema se conversó con el Ejecutivo aunque admitió “que nos sorprendió que haya avanzado sobre la media sanción del Senado. Imaginábamos un mensaje particular del gobernador”, señaló. A su lado, el justicialista Luis Rubeo pidió esperar las sugerencias que enviará el gobernador a Diputados pero admitió que el propio oficialismo tiene disidencias sobre el tema. “Si significa llenar de adictos las cárceles, no me parece correcto”, remató.

Desde la izquierda, Carlos Del Frade consideró que el anuncio sobre la ley de narcomenudeo “tal como lo pide la DEA y el macrismo, limita las bellas palabras sobre inversión social. Las cárceles se llenarán aún más de empobrecidos y crecerá el narcotráfico”, vaticinó.

Aquellas abstenciones

En tanto, la diputada nacional por Santa Fe Alejandra Rodenas, ex jueza de instrucción penal de la Provincia, se sumó al coro de críticas al proyecto con media sanción del Senado, que ahora apoya el gobernador. “Después de haber sido por más de veinte años jueza, estoy en condiciones de decir que, por el momento, no tenemos ni los recursos materiales, ni humanos para abarcar semejante tarea”, resaltó.

Por el mismo espacio político que la diputada, el senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) sostuvo que fue “una sorpresa” el cambio de posición de Lifschitz y recordó que cuando el gobernador era senador por Rosario, no acordaba con esa posibilidad. El presidente provisional del Senado mencionó que el apoyo de la Casa Gris al proyecto de la Cámara Alta, llega cuando “algunos senadores del justicialismo hemos modificado nuestra visión del tema”, a partir de algunos datos sobre las experiencias en otras provincias.

Pirola, al igual que el jefe del bloque justicialista, Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), Alcides Calvo (PJ-Castellanos), Danilo Capitani (PJ-San Jerónimo) y el entonces senador socialista, hoy concejal, Emilio Jatón (PS-La Capital), se abstuvieron en la sesión del Senado de diciembre de 2017 que aprobó, por tercera vez, la adhesión a la Ley Nacional Nº 26.052.

En menos de dos años cambiaron de posición cuatro de los once senadores que componen el bloque de la mayoría en la Cámara alta, respecto de la desfederalización del narcomenudeo.

En Diputados está la última palabra. Hasta el presente, el tema no pudo pasar: tanto fue rechazada la simple adhesión a la Ley Nacional 26.052 que impulsó hace cinco años Eduardo Rosconi (PJ-Caseros) como el proyecto más ambicioso con media sanción que impulsó Lisandro Enrico (UCR-General López), y naufragó en 2014.

Aquel año, hubo un senador que votó en contra: Miguel Lifschitz, quien advirtió que “ha fracasado en el Gran Buenos Aires y donde se ha aplicado; nada asegura que las provincias puedan ser más efectivas que la jurisdicción federal”, dijo

Los números en la justicia

Kioscos de drogas

Santa Fe tiene 137 fiscales en el fuero penal y 50 jueces penales provinciales, aún sin competencia sobre los casos de narcotráfico o narcomenudeo. De ambos se ocupan sólo una decena de jueces y fiscales federales: están a cargo, en toda la bota, tanto de los cargamentos de drogas, las cocinas y bandas organizadas con contactos internacionales, como del último kiosco de la esquina más marginada donde se venden públicamente sustancias prohibidas.